Según los menonitas, la construcción del puente demoró un año y fue concluida en octubre de 2021. Foto: Iván Paredes Tamayo.
Según los menonitas, la construcción del puente demoró un año y fue concluida en octubre de 2021. Foto: Iván Paredes Tamayo.
Mongabay Latam

Todo empezó en octubre de 2020. Una colonia menonita en Bolivia inició una gran depredación de bosque en suelo boliviano. Varios tractores iban derribando árboles para lograr un camino recto con la meta de llegar a las orillas del río Parapetí, en plena tierra chaqueña del departamento de Santa Cruz. El objetivo de la vía era llegar a un puente de acero que se construyó silenciosamente durante un año, sin permiso de ninguna autoridad y sin el obligatorio estudio de impacto ambiental. Esta obra, realizada por una colonia menonita, tiene el apoyo de pocos indígenas guaraníes pero ha sumados nuevas preocupaciones a los ambientalistas: aumento de la deforestación, la caza de animales silvestres, el cambio de uso de suelos y la afectación de 7000 hectáreas al interior de los Bañados de Izozog, que junto al río Parapetí, es un humedal catalogado .

La revista  de Bolivia llegó en enero de este año a la comunidad Cuarirenda y descubrió que el puente ya se había levantado encima del río Parapetí. El medio boliviano comprobó que la inversión fue hecha por los menonitas.

Mongabay Latam llegó a la zona después de la revelación. Allí habita una comunidad indígena guaraní y es en ese lugar donde los menonitas construyeron, con sus propias manos, el puente de 150 metros de largo y 150 toneladas de peso con el objetivo de sacar sus productos agrícolas hacia el área urbana. Este pueblo, que alberga a 2000 habitantes de la comunidad indígena y está a 290 kilómetros de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, sufre por el olvido y la desatención estatal. En este lugar la colonia menonita compró 14 400 hectáreas de tierra en 2018 a un empresario boliviano, en un área privada cerca del Parque Nacional Kaa Iya.

Cuarirenda es parte de un Territorio Comunitario de Origen (TCO), que en Bolivia son los espacios en los cuales los pueblos y comunidades indígenas han tenido tradicionalmente acceso con su organización económica, social y cultural; sin embargo, este reconocimiento no significa que tengan una gestión autónoma ni propia de los recursos naturales, ya que están sujetos a leyes nacionales.

Jhonny García Melgar es el capitán comunal de esa población indígena. Está en su sexto año consecutivo como autoridad en su comunidad. Camina pausado y habla en guaraní con sus vecinos. La construcción del puente lo tiene preocupado, ya que fue la propia comunidad de Cuarirenda —en una asamblea— la que decidió autorizar la obra. Pero no hay nada escrito, menos documentado. “Ese fue un error”, reconoce al admitir que no se cumplieron las normas básicas ambientales de Bolivia.

Un indígena guaraní mira el río Parapetí encima del puente. El comunero de Cuarirenda quiere que la construcción sea legalizada. Foto: Iván Paredes Tamayo.
Un indígena guaraní mira el río Parapetí encima del puente. El comunero de Cuarirenda quiere que la construcción sea legalizada. Foto: Iván Paredes Tamayo.

Sin embargo, García trata de explicar los beneficios que otorga el puente a Cuarirenda. Habla sobre todo del acceso a la salud. “Al frente de la banda (al otro lado del río Parapetí) hay una posta de salud y muchas veces no podemos llevar a nuestros enfermos por el río, sobre todo en época de lluvias”, dice. El capitán del pueblo asegura que fue toda la comunidad la que aprobó la construcción; pero, al consultarle sobre los impactos ambientales, esquiva el diálogo.

Bajo el puente, que está a 15 kilómetros en un camino recto desde Cuarirenda, el capitán guaraní insiste en que la obra “es una necesidad” para el pueblo y que los menonitas pidieron permiso para iniciar la edificación. “No es solo un beneficio para los menonitas, sino también para la comunidad (de Cuarirenda). La gente de acá trabaja y sin el puente no se puede transitar. Este puente lo necesitamos más que nunca y pedimos que las autoridades se sienten para poder legalizarlo”, relata García a Mongabay Latam.

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Riesgos para un sitio Ramsar y un área protegida

Para los expertos, uno de los problemas del puente es que une las dos orillas del río Parapetí, que era el límite natural que defendía al Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado (AMNI) Kaa Iya Gran Chaco de invasiones de agricultores o ganaderos. En época de lluvias el río muestra sus aguas caudalosas y en sequías sus arenas deleznables que hacían difícil el tránsito.

Pero no solo se trata del puente. De las 14 400 hectáreas que compraron los menonitas en Cuarirenda, 7000 son parte de los Bañados de Izozog, un sitio RAMSAR. Estos humedales son de prioridad internacional y son de alta importancia en Bolivia, ya que alimentan a otros cuerpos de agua como la laguna Concepción —en la Chiquitania de Santa Cruz—, que paradójicamente, .

Los indígenas guaraníes dicen que el puente de acero es una necesidad en la zona. Foto: Iván Paredes Tamayo.
Los indígenas guaraníes dicen que el puente de acero es una necesidad en la zona. Foto: Iván Paredes Tamayo.

La Fundación para la Conservación del Bosque Chiquitano (FCBC) ya había alertado en 2020 de algunos desvíos en el río Parapetí para el beneficio de zonas agrícolas. Según han dicho, esas acciones podrían llevar a la desaparición de los bañados y se verían afectadas las aves migratorias que utilizan la laguna de Concepción como un paradero de descanso. Además, este espejo de agua es la principal fuente de abastecimiento de la fauna silvestre, especialmente durante los periodos de sequía.

Rosa Leny Cuéllar, directora técnica de la FCBC y coordinadora del consorcio de Ecorregiones Conectadas Conservadas Sostenibles (ECCOS), explica que la construcción del puente en Cuarirenda y las afectaciones en la laguna Concepción tienen en común el daño a los humedales de la región por la incursión de las colonias menonitas con fines de expansión agrícola.

El artículo original fue publicado por en Mongabay Latam

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