Escalada de violencia en la Amazonía peruana: denuncian que al menos 15 líderes están amenazados y sin protección

A uno le enviaron por celular una serie fotográfica de hombres padeciendo torturas. Debajo del grupo de imágenes se podía leer este mensaje: “Sigue con lo que estás haciendo y te va a pasar lo mismo”. A otro intentaron balearlo afuera del local de la organización que lidera, pero el plan falló y los sicarios dispararon contra uno de sus trabajadores. Más tarde, la sentencia de muerte le llegó en un papel que dejaron bajo la puerta del mismo local: “Esta ha sido solo una advertencia, luego vendrá para tu cabeza”. El tercero recibe constantemente llamadas anónimas. Le dicen que conocen dónde está, cuál es su ruta y el lugar al que va. Él cuenta cada día de su vida como un nuevo logro pues teme que pueda ser el último.

Las personas que enfrentan estos episodios de violencia son líderes indígenas en diversas comunidades nativas, de Ucayali y Huánuco, sitiadas por invasores de tierras, taladores ilegales y narcotraficantes. Ellos estiman que más de 15 mil hectáreas de bosques han sido depredadas por mafias en los pueblos asháninkas, shipibo conibo, awajún y cacataibos que dirigen. La lucha por frenar este flagelo los ha puesto en la mira de asesinos a sueldo. Tres palabras se repiten una y otra vez en sus testimonios: perseguidos, hostigados y amenazados. Los sucesos descritos al inicio de este artículo ocurrieron en octubre y son las señales más crudas del grave riesgo que corren por defender sus territorios.

A finales de diciembre fueron parte de una delegación, conformada por 13 defensores ambientales amenazados, que llegó a Lima con el apoyo de varias instituciones aliadas del movimiento indígena en la selva central peruana. La visita fue para presentar sus casos en reuniones de alto nivel con el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Eduardo Vega; y con el entonces ministro del Interior, Rubén Vargas. También, con la presidenta del Congreso de la República, Mirtha Vásquez, y con la coordinadora nacional de las Fiscalías Especializadas en Materia Ambiental, Flor de María Vega. La comitiva sesionó además con representantes de los viceministerios de Cultura y Ambiente, y de la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (Devida).

“Cansados de la inoperancia de las autoridades regionales, esperamos que las autoridades a nivel nacional nos escuchen”, dice el mayor de los defensores indígenas amenazados, que por seguridad nos pide proteger su nombre.

Si bien la crisis de seguridad que viven a diario obedece a un incremento de la criminalidad en los pueblos indígenas de la Amazonía peruana, durante este periodo de pandemia, también está relacionada con la falta de mecanismos de protección efectivos de parte del Estado.

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Escalada de violencia

Más allá de la narración de los eventos que casi a diario los atormentan, los integrantes de la delegación expusieron tres temas que constituyen el trasfondo del problema que enfrentan: la presencia creciente del narcotráfico y tala ilegal en sus pueblos, la falta de titulación de sus comunidades y la desprotección y abandono que sienten por parte del Estado. Algunos de los líderes indígenas reunidos indicaron a Mongabay Latam que este último punto es el principal problema dentro del caos que afrontan. Y ello, precisan, a causa de una lenta y deficiente activación del Protocolo para garantizar la protección de personas defensoras de Derechos Humanos.

El líder indígena que fue confundido con un trabajador de su organización, y se salvó de ser acribillado, dijo que presentó la denuncia y pasó por un tedioso interrogatorio policial. Luego, el protocolo fue activado para él y la prefectura le otorgó una constancia de garantías personales. Sin embargo, hasta ahora no se ha efectuado una acción concreta frente al peligro que corre.

“Las garantías son simples papeles donde las autoridades indican que ya saben que estamos amenazados, pero custodia física no existe”, expresa y nos pide mantener en reserva su nombre. Teme que sus agresores puedan identificarlo y buscarlo tras leer sus declaraciones.

Lo mismo piensa el apu que recibe amenazas en su teléfono celular. Él contó su caso ante la policía de Pucallpa, el protocolo también se activó para su defensa y le dieron garantías personales. De acuerdo con su relato a Mongabay Latam, fue aislado en un hotel y ahí tuvo custodia policial por apenas tres días. Después, los agentes que le daban protección lo dejaron y solo se quedó con el documento de garantías personales en las manos. “O sea me quedé con una hoja. Ahora tengo que estar cambiándome de comunidad cada semana porque no hay respuestas claras a pesar de las denuncias”, explica.

Al defensor que atosigan con llamadas para describirle cada uno de sus movimientos, la desesperación lo ha obligado a pedir urgente traslado fuera de su región. Meses atrás recibió un documento de garantías personales y, con ello, protección policial. No obstante, se trataba de una custodia solo para sus horas de trabajo. Una situación que lo tenía mortificado pues las amenazas empezaron cuando un sujeto llegó a su casa para increparle que sabía de sus denuncias contra taladores y cultivadores de coca. Es decir, la protección que más requería este líder indígena y su familia era justamente aquella que no tenían: la de su domicilio.

“Nuestras vidas corren peligro pero el Estado no ha hecho nada para protegernos. No queremos ser una estadística más”, señala el mayor de los apus amenazados. Y se refiere puntualmente a los asesinatos perpetrados el 2020 contra cinco defensores ambientales del país. En abril, por ejemplo, el atentado contra el apu cacataibo Arbildo Meléndez fue el colofón de una cadena de amedrentamientos similares a los que han puesto en vilo a los líderes indígenas que participaron en las reuniones de alto nivel. Meléndez era un duro opositor a los traficantes de tierras que asolaban su comunidad, Unipacuyacu, y promovía con insistencia que el Gobierno Regional de Huánuco otorgue la titulación a este pueblo.

En noviembre del 2019, Arbildo Meléndez pidió garantías personales ante la prefectura de la provincia de Puerto Inca pero no se las dieron. El presidente de la Organización Regional Aidesep Ucayali (ORAU), Berlin Diques, cuenta a Mongabay Latam que intercedió ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que se exija al país el cumplimiento de la protección a Meléndez. La ORAU agrupa a 13 federaciones nativas de Ucayali, entre estas a la Fenacoca, que tiene afiliada la comunidad de Unipacuyacu. A fines de enero, Arbildo Meléndez y otros dirigentes indígenas también informaron sobre las intimidaciones que soportaban al entonces relator especial de las Naciones Unidas para la defensa de los derechos humanos, Michel Forst. El relator entregó una declaración con recomendaciones y propuestas al Estado para la protección de los defensores de derechos humanos. Sin embargo, dos meses después, Meléndez murió baleado, solo y desprotegido, en un bosque de la comunidad nativa Santa Martha.

Este fue el primero de los cinco asesinatos contra defensores ambientales cometidos en Perú en el 2020. Fueron asesinados los ashaninkas Benjamín Ríos (Ucayali) y Gonzalo Pío (Junín), y el cacataibo Santiago Vega Chota (Ucayali). Las investigaciones dan cuenta de que en estos tres crímenes estuvieron involucrados narcotraficantes. A mediados de setiembre, invasores de tierras mataron al defensor ambiental Roberto Pacheco (no indígena), en Madre de Dios. Como Arbildo Meléndez, los otros cuatro defensores estaban amenazados. Y al menos tres de ellos habían solicitado sin éxito garantías para sus vidas. Todos murieron víctimas de sangrientos ataques en el curso de la pandemia.

Berlin Diques estima que unas 15 comunidades nativas de Huánuco y Ucayali, empezando por sus respectivos apus, están bajo amenaza de invasores de tierras y narcotraficantes. Una cifra que calcula que se ha duplicado en relación con el 2019. En el límite de ambas regiones, Diques sitúa a Unipacuyacu, Santa Martha, Sinchi Roca y Yamino como los pueblos en mayor peligro. Los reportes que recibe le indican que en estos sectores, correspondientes a la ORAU, la deforestación y los sembríos de coca se han incrementado más durante los últimos años. “Foráneos se ubican de manera prepotente en las comunidades para talar y hacer chacras. Cuando un comunero interviene empiezan las amenazas verbales y con armas”, señala.

De acuerdo con el presidente de la Federación de Comunidades Nativas de Ucayali y Afluentes (Feconau), Miguel Guimaraes, de los pueblos que representa tres registran mayor perjuicio por la depredación de bosques y el narcotráfico: Santa Clara de Uchunya, en el distrito de Nueva Requena; Flor de Ucayali, en el distrito de Callería; y Alto Tamaya Saweto, en el distrito de Masisea. Estas jurisdicciones pertenecen a la provincia de Coronel Portillo. Guimaraes dice que en Santa Clara de Uchunya la lucha indígena es contra una empresa de palma aceitera que, según calcula, ha deforestado casi siete mil hectáreas de bosques primarios. Los habitantes de esta comunidad no tienen dudas de que esta compañía promueve la invasión y tala en sus tierras, así como las constantes amenazas que reciben.

En Flor de Ucayali el problema no es menor. El apu Guimaraes sostiene que la deforestación en esa comunidad, y las otras 34 donde la Feconau tiene injerencia, llega a dos mil hectáreas. El punto neurálgico en este sector es la cuenca del río Utiquinía, donde los cultivos de coca y la instalación de pozas de maceración casi se han duplicado con respecto al año pasado. “Como esta hay otras cuencas y quebradas también invadidas por narcotraficantes que no reconocen nuestro título de propietarios. Ucayali está próximo a convertirse en el segundo Vraem (valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro, zona que abarca las mayores extensiones de cocales en el Perú)”, apunta Guimaraes.

Los comuneros de Alto Tamaya-Saweto afirman que aquí la actividad de madereros ilegales ha dejado más de 8 mil hectáreas deforestadas. Una situación que en los últimos años se ha agravado con la presencia del narcotráfico. En setiembre del 2014, el líder indígena Edwin Chota y otros tres dirigentes de Alto Tamaya-Saweto fueron asesinados por taladores ilegales y ello devino en una seguidilla de intimidaciones contra sus familias y los indígenas que todavía pugnan por la defensa de esas tierras. El temor empujó a que la hija de uno de los defensores ambientales asesinados con Chota escape del pueblo. Huyó con sus hijos porque sabe que los hombres que mataron a su padre están cerca de la comunidad. Ella fue parte de la delegación de indígenas que estuvo en Lima y detalló su trance actual en las reuniones de alto nivel.

“El Estado siempre nos ha dicho que no tiene recursos. Tenemos que viajar más de 10 horas para hacer las denuncias y poner la logística para que el fiscal pueda llegar a nuestros lugares. Pero todo el esfuerzo que hacemos queda en nada”, lamenta el apu Guimaraes.

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Protocolo insuficiente

El 25 de abril del 2019, el Ministerio de Justicia (Minjus) aprobó la creación del Protocolo para garantizar la protección de personas defensoras de Derechos Humanos. Una primera herramienta planteada como parte de la elaboración del Plan Nacional de Derechos Humanos. Edgardo Rodríguez, director general de Derechos Humanos del Minjus explica que, al inicio, el protocolo generó resistencia en diversos sectores del Estado que no tenían clara cuál era la figura de un defensor, hacia quién debía estar dirigida la protección y mencionaban incluso la posibilidad de que algunos de ellos tengan acusaciones graves. Al haber sido creado por resolución ministerial del Minjus, el protocolo no vincula a otras instituciones sustanciales para enfrentar a quienes atacan a los defensores (Ministerio del Interior o Fiscalía). Se trata, más bien, de un instrumento sectorial y esto, para algunas instituciones, es su principal falencia.

Edgardo Rodríguez detalla que, luego de recibir información sobre alguna amenaza, un equipo de coordinación del Minjus realiza una mesa de trabajo con autoridades y actores vinculados a asociaciones de derechos humanos. El objetivo aquí es determinar si, efectivamente, existe una situación de riesgo y si es preciso activar el protocolo. El plazo para esta evaluación es de 10 días. Entonces, se genera una alerta, el Minjus la traslada a la policía y pide tres cosas: presencia de agentes en la zona, seguridad personal para el afectado si fuera alto el nivel de alerta y, en caso sea necesario, el traslado de la persona amenazada. El funcionario indica que el paso siguiente es buscar información de la Defensoría del Pueblo sobre zonas seguras y coordinar con algunas organizaciones de la sociedad civil que puedan ayudar con fondos para la seguridad y traslado.

“El protocolo es un instrumento de política pública bien intencionado pero que tiene una serie de limitaciones y no ha cumplido con sus objetivos trazados. Si bien, el Minjus logra alertar así a diferentes entidades del Estado, no obliga a actuar al Ministerio del Interior cuando más se necesita de presencia policial para asegurar condiciones de protección”, opina Álvaro Másquez Salvador, especialista legal del área de Litigio Constitucional y Pueblos Indígenas del IDL.

Vladimir Pinto, representante de la ONG Amazon Watch en el Perú, anota que el Minjus no puede vigilar que las garantías se otorguen de manera permanente y, en algunos casos, aquellas no están pensadas en las causas que generan estas amenazas: falta de titulación o existencia de organizaciones criminales.

En una entrevista con Mongabay Latam, la abogada Alicia Abanto, adjunta de la Defensoría del Pueblo para el Medio Ambiente, Servicios Públicos y Pueblos Indígenas, consideró que hay un avance del Estado en el reconocimiento del problema, pero en los territorios donde ocurren las amenazas la protección todavía no es efectiva.

Por esta razón, Másquez sostiene que el protocolo ha sido concebido más para una realidad urbana y que esto es básico para entender por qué hasta ahora no le ha servido a los defensores indígenas. “No hay un presupuesto que permita a las autoridades del Minjus viajar a las comunidades para verificar una situación”, señala.

La Dirección de Derechos Humanos del Minjus informó que el presupuesto anual para las remuneraciones y viajes del equipo de coordinación del protocolo (dos o tres personas) es de S/200 mil. El 2020 solo hubo para viajes antes de la pandemia.

El especialista legal del IDL apunta, además, que algunos de los requisitos para la activación del protocolo, como la recopilación de evidencias que sustenten las agresiones y el consentimiento de las personas involucradas, tampoco son tan sencillos en un contexto rural. Más aún, añade, durante el actual periodo de pandemia en que las comunicaciones con las víctimas dependen de la conectividad que estas tengan para establecer videoconferencias.

El protocolo fue aprobado en abril del 2019 pero empezó a ponerse en práctica cinco meses después. Edgardo Rodríguez explica que el equipo de coordinación debía aprender los mecanismos de evaluación del riesgo y crear herramientas internas para recién empezar a hacer los viajes. “Ya ha comenzado a funcionar (el protocolo) pero la efectividad está condicionada muchas veces a nuestra presencia en la zona”, anota. En efecto, con el brote del Covid-19, y las restricciones de movilización para los funcionarios del Estado, la situación empeoró. De hecho, los cinco asesinatos contra defensores ambientales que ha dejado el 2020 en la Amazonía se produjeron durante la pandemia.

“Nosotros sentíamos que teníamos que llegar a las zonas, pero lo único que podíamos hacer era tratar de activar a la policía local y las garantías”, declara Rodríguez. Sin embargo, por lo menos tres de los cinco defensores que este año perdieron la vida a manos de narcotraficantes e invasores de tierras habían pedido garantías para sus vidas. No lo consiguieron.

Álvaro Másquez indica que la comunidad de Santa Clara de Uchunya, a través de la Feconau, ha logrado que se active el protocolo para su defensa. No obstante, señala que el Minjus ha ordenado la evaluación de riesgo desde setiembre para determinar qué medidas de protección adoptar y hasta ahora este proceso no ha concluido. El especialista legal remarca que el caso de Santa Clara de Uchunya no es común pues no todas las comunidades pueden contactar con las organizaciones indígenas que las representan. Y además, puntualiza, no todos los pueblos saben de la existencia de esta herramienta.

“El reto está en fortalecer la relación entre las autoridades indígenas y las autoridades locales más cercanas (prefecturas, policías y fiscales) para que las medidas de protección sean eficaces”, considera Alicia Abanto.

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Mecanismo de protección como objetivo

Hasta fines del 2020, el Ministerio de Justicia registró 24 pedidos para la activación del protocolo de protección para personas defensoras de derechos humanos. Algunos casos corresponden a las regiones Huánuco, Ucayali, Loreto y Piura. En nueve ya se han generado alertas tempranas, o sea coordinaciones con la policía, Defensoría del Pueblo y organizaciones locales para el resguardo del defensor. Los casos restantes todavía están en la fase de evaluación de riesgo debido a que, en el contexto de la pandemia, la información no ha llegado inmediatamente. En tanto, existen dos casos en que las víctimas solicitaron traslados fuera de sus regiones.

Edgardo Rodríguez reconoce que el protocolo ha pasado por una etapa en que pudo tener mayor despliegue y otra casi de silenciamiento a causa de la pandemia. También, que la policía no tiene un plan de acción definido cuando se activa un procedimiento de alerta. Sin embargo, subrayó que el Ministerio del Interior (Mininter) emitió en junio una directiva para que todos los prefectos y subprefectos otorguen garantías ante cualquier caso de amenaza contra defensores. “Eso es lo que ha estado funcionando como un primer paso, ya las garantías no se niegan”, dice. Y agrega que el mismo Mininter también debería crear una regulación sectorial para la protección permanente de defensores en riesgo.

Aun con todo ello, el funcionario apunta que los crecientes casos de intimidaciones hicieron que el protocolo ya no sea suficiente como herramienta efectiva y fuera necesario ampliar la estrategia. Así, tal como estaba previsto en el Plan Nacional de Derechos Humanos, a inicios de octubre se creó el Registro de situaciones de riesgo para personas defensoras de Derechos Humanos, un instrumento de carácter preventivo que servirá para elaborar el mapeo completo de amenazas y atentados, según se ha previsto. Edgardo Rodríguez dice que el objetivo hacia el 2021 es estructurar el Mecanismo articulado del Estado peruano para la protección de personas defensoras de Derechos Humanos. Esta herramienta está proyectada para incluir, con roles definidos, a ministerios claves en la protección de los defensores (Justicia, Interior, etc.) y otros sectores dispuestos a que esto sea concebido como decreto supremo.

“Si este mecanismo sale como lo tenemos pensado, es decir, con funciones de los distintos sectores, entonces contaremos con una herramienta reforzada y el protocolo dejará de tener vigencia efectiva”, explica.

Por lo pronto, a estos planes de reformulación del protocolo se sumará un proyecto de ley, del congresista Alberto de Belaunde, sobre defensores ambientales y derechos humanos. La presidenta del Congreso, Mirtha Vásquez, también se comprometió a que la bancada del Frente Amplio presente un proyecto de ley que incluirá un plan de atención a los defensores ambientales y reparación para las víctimas. Estos fueron algunos de los acuerdos alcanzados durante las reuniones en las que participó la delegación de líderes indígenas amenazados. El Mininter, por su parte, garantizó una intervención más efectiva en las zonas de riesgo, con inteligencia policial orientada a la desactivación de organizaciones criminales. Las comunidades nativas amenazadas aguardan en angustia.

El artículo original fue publicado por Enrique Vera en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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