El pasado 2 de diciembre, tres dirigentes del Gobierno Territorial Autónomo de la Nación Wampís, un abogado awajún y 15 jóvenes integrantes de la escuela de liderazgo indígena Sharian fueron retenidos en Puerto Minas, en Tiwintza (Ecuador), por madereros ilegales de este país. Los peruanos habían partido de Amazonas y llevaban casi doce horas de navegación por el río Santiago cuando su paso quedó interrumpido en suelo ecuatoriano. De Puerto Minas la delegación iba a entrar hacia la cuenca del río Morona para luego acceder a la comunidad de Sánchez Cerro, en Loreto, selva del Perú.
Puerto Minas es utilizado normalmente como un atajo para cruzar del río Santiago al Morona. Así lo explica a Mongabay Latam el abogado awajún Gil Inoach, uno de los integrantes del grupo de indígenas que fue inmovilizado. La embarcación con los peruanos a bordo encalló aproximadamente a las 5 p.m. en la frontera. De inmediato, unos 50 hombres provistos de palos rodearon el bote y les exigieron permanecer ahí. Inoach señala que empezaron a entender lo que ocurría cuando los hombres que amenazaban con atacarlos reclamaron por cuatro cargamentos de madera que estaban retenidos en una comunidad wampís.
“Intentamos regresar pero ellos ya tenían amarrada nuestra embarcación. Eran muchos y se nos hacía imposible lidiar con todos. Estaban dispuestos a agredirnos si pretendíamos arrancar de nuevo el bote”, relata el abogado awajún.
A medio kilómetro de Puerto Minas están los puestos de vigilancia peruanos Castro y Cahuide, los más cercanos a este lado de la frontera con Ecuador. Inoach dice que por más que trataron de comunicarse con personal de esas bases militares no obtuvieron respuesta. Los indígenas peruanos podían bajar de la embarcación y desplazarse en las cercanías, pero siempre vigilados por los madereros ecuatorianos. El pedido recurrente que estos les hacían era llamar a la Autoridad Regional Ambiental (ARA) de Amazonas para que disponga la liberación de la madera que había sido confiscada. Para ello, cuenta el awajún, los militares ecuatorianos les facilitaban equipos de comunicación en todo momento.
“Ustedes tienen que regresar, nos decían. Pero de los militares peruanos no recibimos ayuda”, lamenta.
Este episodio está asociado al boom de la tala de topa o balsa en Ecuador para la exportación, como lo denunciamos en un artículo publicado en setiembre de 2020. Este tuvo un incremento acelerado en los primeros meses de la pandemia de Covid-19 en ese país y terminó ingresando silenciosamente a los territorios de los pueblos wampis y awajún de la Amazonía durante el periodo más crudo de la emergencia sanitaria en el Perú. La ausencia del Estado y la descomunal demanda de madera balsa por parte de los madereros ecuatorianos, hizo que estos empujen un negocio informal que fue rechazado por líderes de comunidades indígenas que demandan un precio justo y la formalización de esta actividad.
¿Qué conflictos ha generado esta venta ilegal de balsa?
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Comercio ilegal
El decomiso de madera que alegaban los ecuatorianos había ocurrido un día antes (1 de diciembre) en la comunidad wampís de Alianza Progreso, en Condorcanqui, Amazonas. Eran cuatro embarcaciones cargadas con madera balsa, o topa, que un grupo de wampís detuvo debido al ingreso recurrente de los ecuatorianos para llevarse este árbol de sus comunidades. Según calculan dos de los indígenas peruanos que fueron retenidos en Ecuador, los wampís habían retenido entre 10 y 15 toneladas de topa. Pero esta situación derivó de una cadena de eventos acontecidos a lo largo de la segunda mitad del 2020 en territorios wampís y awajún.
Miguel Ángel Vera Goicochea, quien fue gerente de la Autoridad Regional Ambiental (ARA) de Amazonas hasta diciembre del 2020, indica a Mongabay Latam que el ingreso de los madereros ecuatorianos para llevarse los troncos de topa o balsa comenzó en julio, uno de los meses con más contagios de Covid-19 en el Perú. El secretario técnico del Gobierno Territorial Autónomo de la Nación Wampís, Shapiom Noningo, dice que la emergencia no afectó en gran medida a las familias de su etnia y tampoco propició una crisis económica que los haya llevado a ofertar sus árboles de topa. De hecho, señala que, aun sin el brote de la pandemia en la Amazonía peruana, el comercio de este árbol se hubiera producido por la alta demanda que vieron los wampís en los ecuatorianos. Para el dirigente indígena, los madereros buscaron operar en el Perú porque la topa de su país ya se había terminado. Sobre este punto, Xavier Solis, asesor jurídico de la Fundación Alejandro Labaka, que trabaja con comunidades indígenas del Ecuador, declaró en setiembre pasado a Mongabay Latam: “Hay un fenómeno que no es oculto, y es que la madera, como la balsa, se está terminando en los territorios comunitarios (ecuatorianos)”.
Las primeras incursiones de los madereros ecuatorianos en Perú fueron, principalmente, en tres comunidades wampís de la cuenca alta del río Santiago: Soledad, Candungos y Papayacu. Al principio, las autoridades no tenían conocimiento de esto. Pero cuando los extranjeros ingresaron río abajo, y empezaron los primeros desencuentros con los indígenas, la dinámica de la actividad ilegal quedó expuesta.
“No existía un plan de manejo para esto”, señala el exgerente de la ARA de Amazonas. Gil Inoach precisa que los madereros ecuatorianos incluso venían instalando sus aserraderos en cada una de las comunidades para convertir los troncos de topa en tablas de 1.20 o 1.30 metros de largo por las que pagan entre US$3 y US$5. El abogado awajún tiene información de que el precio por metro y medio de topa en Ecuador bordea los 30 dólares. Desde ese país, la madera balsa es exportada, mayormente, a China. Cifras de la Asociación Ecuatoriana de Industriales de la Madera (AIMA) indican que, hasta mediados del 2020, las exportaciones de balsa superaban los $225.78 millones, como lo indica una publicación del diario ecuatoriano El Universo. El mercado asiático representa el 78 % de esas exportaciones. Luego están Europa y Estados Unidos.
La topa o balsa crece en los bajiales o bosques inundables y mide, en promedio, 10 metros. Tiene una rápida regeneración natural y en cuatro años puede ser de nuevo explotada. Shapiom Noningo calcula que la extracción de esta madera se ha extendido a lo largo de unas 20 comunidades wampís y awajún del Santiago, y que ello va dejando hasta ahora una deforestación no menor a 50 hectáreas. “Veíamos botes con 14 o 15 toneladas de madera saliendo día y noche al Ecuador. Y todo eso a vista y paciencia de los soldados del puesto de vigilancia Cahuide. La fiscalía tampoco hacía nada”, dice Noningo. Mongabay Latam buscó obtener la versión de la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental de Bagua, entre otras cosas, para conocer si ha realizado incautaciones de topa y en qué cantidades, pero no obtuvo respuesta.
De acuerdo con Noningo, los pueblos wampís donde se ha registrado una mayor tala de topa son Papayacu, Candungos, Alianza Progreso y Villa Gonzalo con sus nueve anexos. Dentro del territorio awajún, la explotación de madera balsa ha sido más fuerte hasta ahora en las comunidades de Yutupis, Belén y San Juan.
“Valgan verdades, algunas comunidades aceptaban más rápido la compra de sus topas, otras lo pensaban más. Los comerciantes ecuatorianos se fueron aprovechando rápido de los acuerdos que hacían”, señala el exgerente Miguel Vera. Los indígenas que se oponen a este negocio informal, en el que aseguran que quienes salen perdiendo son las comunidades, cuestionan la falta de presencia de personal fiscal y de la policía de Condorcanqui para frenar la ilegalidad. El exgerente de la ARA señala que si bien la oficina cuenta con una chalupa para llegar a los pueblos del Santiago, se necesitan unos 100 galones de combustible y realizar ese gasto a veces es imposible. “Nosotros sabemos que el abandono no es de ahora sino histórico y crónico”, sentencia Noningo.
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Divergencias sociales
La depredación desmesurada de topa y la incursión de los madereros ecuatorianos en comunidades indígenas de Condorcanqui, Amazonas, ha generado dos conflictos internos en la cuenca del río Santiago. Uno es el que tiene enfrentadas a las comunidades wampís, que quieren seguir vendiendo la madera balsa, contra los dirigentes del gobierno territorial wampís que buscan la formalización de este comercio. Y el otro es el enfrentamiento entre estos mismos dirigentes wampís con los apus de los pueblos awajún del bajo Santiago, quienes desean seguir trabajando con los ecuatorianos. Así lo describe Shapiom Noningo, aunque él estima que la mayoría de comuneros está en contra de que la tala ilegal continúe.
Las divergencias entre los indígenas de la cuenca del Santiago arreciaron conforme las incursiones de los madereros ilegales se intensificaban. El presidente del Gobierno Territorial Autónomo de la Nación Wampís, Wrays Pérez, denunció que los madereros ingresaban sin ningún permiso de extracción ni guías de comercialización. También, que aprovechaban la escasez de oportunidades económicas en los pueblos para pagar precios irrisorios por la madera balsa. Pérez acusó además que esta actividad está generando una cadena de explotación informal de madera topa, la destrucción de su medio ambiente y que varios líderes wampís enfrenten amenazas y agresiones por parte de los madereros.
El perjuicio medioambiental que la tala indiscriminada de topa está causando en esta parte de la Amazonía, explica Shapiom Noningo, es la destrucción de no menos de 50 especies distintas por cada árbol extraído. Se refiere, entre otras, a plantas medicinales, hojas, hierbas, arbustos o bejucos que crecen en torno a la balsa y que son parte del equilibrio ecológico de la Amazonía. Pero también, afecta a aves cuyo hábitat está conformado por la topa y que van desapareciendo de las comunidades donde las pérdidas de este árbol son mayores. “La topa está dentro del bosque y es parte de su densidad. Talarla de manera indiscriminada afecta la biodiversidad amazónica. Se hacen trochas grandes, se corta vegetación en toda un área”, declara. Los indígenas que están a favor de la comercialización de la madera balsa aducen, principalmente, que están aprovechando los árboles de sus chacras o de las riberas de los ríos.
A inicios de octubre, dirigentes del Gobierno Territorial Autónomo de la Nación Wampís decidieron, en una reunión extraordinaria, dar plazo hasta el 22 de noviembre para que los ilegales ecuatorianos paralicen la tala de topa en suelo indígena peruano. En la misma asamblea anunciaron la movilización de sus fuerzas colectivas para la captura de cargamentos y la quema de maquinaria utilizada en la extracción de madera. En cumplimiento de estos acuerdos, el 24 de noviembre un grupo de habitantes de la comunidad nativa Soledad detuvo siete embarcaciones llenas de topa que se dirigían al Ecuador. Veinte madereros de ese país también quedaron retenidos. Sin embargo, dos días después, debido a la demora de las autoridades en llegar, los wampís optaron por dejarlos ir.
El exgerente Miguel Vera indica a Mongabay Latam que el 28 de noviembre los representantes de la ARA consiguieron llegar a las comunidades de Soledad y Alianza Progreso. En ambos sitios sesionaron con los líderes wampís y acordaron detener la tala de topa hasta que termine un proceso de formalización para su venta que fue fijado hacia el último mes del 2020. Ello con el fin de aprovechar la madera balsa de forma sostenible, es decir, con un plan de manejo que implique su cultivo en áreas determinadas y el cuidado de los bosques. Según detalla el líder wampís Shapiom Noningo, otros puntos importantes que se buscan con la formalización son el pago de un precio justo por la topa, que la gente asuma un uso cuidadoso de las especies y, sobre todo, una reforestación sostenida. Los wampís concertaron también en dar una nueva tregua —hasta el 30 de noviembre— para la salida de los madereros ecuatorianos.
“Sin embargo, el 1 de diciembre los extranjeros ingresaron otra vez y al día siguiente, en Alianza Progreso, los wampís hicieron una nueva incautación de madera”, cuenta el exgerente de la ARA Amazonas.
Esos cargamentos confiscados en Alianza Progreso eran los que estaban esperando en Puerto Minas los ecuatorianos que retuvieron a los dirigentes wampís, al abogado awajún y a los 15 jóvenes aspirantes a líderes indígenas. Los comuneros del Santiago saben que en Puerto Minas se almacena la topa que sale del Perú. Desde ahí la madera es trasladada a diversas ciudades del Ecuador en volquetes o furgonetas. El abogado Gil Inoach dice que para las 5 p.m. del 2 de diciembre, hora en que los indígenas peruanos fueron retenidos, las embarcaciones de topa ya habían sido liberadas. Los ilegales habían argumentado que, debido a la lentitud de la corriente del río Santiago, no pudieron salir a tiempo del Perú. Esta noticia recién fue confirmada por los ecuatorianos de Puerto Minas a las 8 p.m.
“A esa hora nos dejaron ir. Tomamos el bote y recorrimos un kilómetro por el Santiago, río abajo. No pudimos avanzar más y nos hospedamos en un campamento que el Sernanp tiene en la ruta”, recuerda Inoach.
Luego de este incidente, la Autoridad Regional Ambiental de Amazonas informó a los madereros ecuatorianos sobre el acuerdo suscrito con las comunidades nativas para el desarrollo del proceso de formalización. En consecuencia, comenta el exgerente Vera Goicochea, los ecuatorianos fueron conminados a limitar sus ingresos hasta que concluya el proceso. “Con eso pudimos parar las incursiones un tiempo, pero a la fecha el ARA no ha implementado el acuerdo de apoyar la formalización”, sostiene Shapiom Noningo. Y agrega que pese a las restricciones y al fuerte rebrote del Covid-19, los ilegales han vuelto a ingresar a los pueblos de la cuenca del río Santiago y siguen sacando madera. “El problema ha recrudecido, todavía subsiste”, remarca el líder wampís.
Formalización detenida
El director ejecutivo de Gestión de Bosques y Fauna Silvestre de la ARA Amazonas, Juan Cusco, explica a Mongabay Latam que la Fiscalía Provincial Especializada en Materia Ambiental de Bagua los exhortó a no emitir permisos o cualquier tipo de concesión para el comercio de topa en las comunidades nativas del Santiago. El Ministerio Público cursó esta directiva al Gobierno Regional de Amazonas el 3 de diciembre, es decir, al día siguiente de la retención de los peruanos en Puerto Minas. Según precisó la fiscalía, no existen garantías de paz desde las retenciones de topa a los ecuatorianos en la comunidad de Soledad, ni hay autoridades de control en el acceso al Perú por el río Santiago.
En Condorcanqui, el ingeniero responsable de la Dirección de Bosques de Amazonas es Henry Fernández. Él estaba a cargo de los inventarios de topa en las comunidades hasta que llegó la exhortación de la fiscalía. Dice a Mongabay Latam que nadie había hecho caso a la madera balsa en el Perú hasta que los ecuatorianos comenzaron a ingresar a las comunidades indígenas para adquirirla. Fernández no considera que este sea un tema de deforestación pues indica que la topa crece en las chacras de los indígenas ubicadas al costado del río, en sus purmas. “No se está atentando contra un bosque primario”, puntualiza. Por el contrario, cree que si se establece un comercio de forma legal, las comunidades tendrán un negocio muy rentable.
“La topa peruana es la mejor, es topa blanca. Un palo de topa mide entre 10 o 12 metros, a veces llega a 15. La topa florea desde octubre hasta enero. Mi idea es que en en esos meses no debe ser cortada para que emita sus semillas y haya reproducción siempre. Con el registro de plantación y la certificación podemos ayudar a que las comunidades logren exportar esta madera a Estados Unidos, China o España”, refiere.
Henry Fernández indica que la fiscalía no tiene entre sus competencias detener este tipo de procesos de formalización. Precisa que, a la fecha, la comunidad de Ideal ha conseguido la formalización para la venta de topa y que al menos otras 12 están realizando los trámites. Entre estas, Fortaleza, Yutupis, Belén, Guayabal, Canampa, Santa Rosa, Alianza Progreso y Candungos. Mientras tanto, los indígenas de la zona admiten que las incursiones de los ecuatorianos continúan y el comercio de madera balsa se mantiene de manera informal. “La solución al problema es que las comunidades puedan exportar”, remarca el ingeniero Fernández.
Yutupis es una de las comunidades de la etnia awajún donde los madereros ecuatorianos han seguido operando durante el último mes. Su líder, el apu José Yaun Petsa, está abocado a la formalización de este lugar para el comercio de topa, aunque subraya que en los pueblos indígenas solo basta la autorización del líder. Este apu awajún no ve en la tala de madera balsa un atentado contra el medio ambiente sino la única oportunidad de vender un producto propio al que, afirma, no se le da ninguna importancia en el Perú.
En un intento por zanjar toda la problemática en torno a la madera balsa, el lunes 25 de enero tuvieron una reunión virtual la Autoridad Regional Ambiental (ARA) de Amazonas, la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental de Bagua, líderes de las comunidades indígenas del río Santiago, Defensoría del Pueblo y representantes de las entidades involucradas en el sector forestal como Serfor, OEFA y Osinfor. Sin embargo, el ingeniero Henry Fernández, del ARA, informó que no llegaron a ningún acuerdo. La discusión está enfrascada en si se debe permitir la tala y el comercio de topa y bajo qué condiciones. Las posiciones son distintas. Por lo pronto, dice Fernández, el Gobierno Regional de Amazonas emitirá un documento donde indicará que es un ente autónomo en sus decisiones y que seguirá con el proceso de formalización. Hasta hoy la entrada de taladores ecuatorianos a las comunidades wampís y awajún no ha parado.
El artículo original fue publicado por Enrique Vera en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.
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