La lideresa Kichwa que defiende su territorio de taladores ilegales y narcotraficantes en la Amazonía de Perú

“Podrán matar uno, dos, tres de nosotros, pero otros vendrán a defender el bosque, no nos van a exterminar”, dice Marisol García Apagüeño, lideresa kichwa del Bajo Huallaga en San Martin, Amazonía de Perú. Es la única dirigente mujer de la Federación de Pueblos Indígenas Kechua Chazuta Amazonas (Fepikecha) y aunque se siente orgullosa de ocupar ese cargo, sostiene que es no nada fácil, y se vuelve más complicado y peligroso cuando eres la voz de 14 comunidades amenazadas por el tráfico de madera, el narcotráfico y la falta de titulación.

La lideresa indígena tiene el cargo de secretaria de actas en la Fepikecha desde el 2018, cuando fue elegida para representar a las comunidades indígenas kichwas del Bajo Huallaga. Desde su comunidad en Chazuta ha impulsado una campaña para hacer públicos los problemas de los pueblos indígenas y denunciar sobre todo las actividades ilegales. Cuenta que usa todos sus conocimientos, entre ellos sus estudios de diseño gráfico y computación, para lograr este objetivo.

Ella logró también crear la radio comunitaria Voces de la Selva – Fepikecha y apoyó el lanzamiento de una página de Facebook de la federación. Eso, sin embargo, le ha traído también advertencias y amenazas indirectas de las mafias instaladas en la zona.

“Sigo tocando puertas, me he presentado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para contar del peligro que estamos viviendo, también nos hemos reunido con organizaciones de derechos humanos, porque mis hermanos están amenazados, han secuestrado a defensores indígenas y yo sé lo que es vivir con miedo, que no puedas salir ni de tu casa porque te pueden matar”, dice la dirigente kichwa.

Marisol García recuerda muy bien su infancia en Chazuta, hace 30 años, cuando el Huallaga era conocido como una zona de alta producción de cultivos ilícitos de hoja de coca y de pasta básica de cocaína. Sin embargo, este panorama cambió con el despliegue de numerosas campañas de erradicación lideradas desde el Estado en la década de 1990 y 2000 como señala el estudio titulado El Modelo de Desarrollo Alternativo de la Región San Martín publicado por la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC). A partir del 2005, dice la lidereresa indígena, los habitantes de la zona empezaron a recuperar la tranquilidad y a vivir convencidos de que esa pesadilla se había terminado. Pero el enemigo otra vez acecha a las comunidades indígenas.

“Por eso si puedo hablar, lo haré, porque los problemas solo han crecido con la pandemia y no nos escuchan, las autoridades no hacen nada”, asegura Marisol García Apagüeño.

Pobladores de la zona, con los que pudimos hablar para este reportaje, confirman que las amenazas han vuelto y que al narcotráfico se suma el crecimiento de otras actividades ilegales como la tala de árboles en territorio kichwa.

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Sin títulos de propiedad

El territorio para los pueblos indígenas es parte de la herencia de sus antepasados, ocupantes originarios que domesticaron plantas y se adaptaron a las condiciones ambientales. Marisol García heredó de sus abuelos ese territorio, así como la técnica para trabajar la cerámica y hacer cántaros que conservan el agua fría. Heredó también el conocimiento de las plantas, del cultivo de cacao, el uso de plantas medicinales. Aunque los kichwas han ocupado el Bajo Huallaga por miles de años, de las comunidades asociadas a Fepikecha ninguna comunidad de las 14 tienen títulos de propiedad sobre sus tierras y tres de ellas no están reconocidas como indígenas, a pesar de haber iniciado el proceso de reconocimiento. Este —aseguran los dirigentes de la federación— sigue en manos de la Dirección Regional de Agricultura del Gobierno Regional de San Martín (GORE San Martín).

“Somos más antiguos que la Constitución política —señala la lideresa kichwa—, hemos llegado a esta tierra antes que cualquier legislación incluso, por eso tenemos derecho”.

William Ríos, director de la Dirección de Titulación, Reversión de Tierras y Catastro Rural del GORE San Martín, confirma que hay un peligro de invasiones y de actividades ilegales que corren las comunidades al no tener título de propiedad. “Estamos haciendo lo posible por titular, aunque los costos son altos. Por cada comunidad se estima un gasto de 33 mil soles para realizar el proceso, pero estamos tratando de avanzar dentro de nuestras posibilidades”, indica.

La situación de las comunidades se agrava cada día, sobre todo cuando denuncian que el tráfico de madera ha ido en aumento en plena pandemia por el COVID-19, y advierten que el narcotráfico ha reaparecido para amenazar de nuevo la vida de estos pueblos.

“¿Cómo es posible que nos digan que no somos indígenas?”, dice molesta García Apagüeño. Fue el alcalde Geyner Silva Macedo del distrito de Huimbayoc, en San Martín, quien afirmó en diciembre del 2020 que comunidades kichwas que no hablaban el idioma nativo no merecían ser reconocidas, y desconoció la existencia de pueblos nativos en la zona. Esa negación no es casual, señala Luis Hallazi, abogado especialista del Instituto del Bien Común (IBC).

En el caso de San Martín, Hallazi indica que no se ha avanzado mucho en la titulación de tierras de comunidades indígenas. El especialista del IBC dice que el problema está en la superposición de algunos de los territorios indígenas con áreas protegidas, como es el caso del Área de Conservación Regional Cordillera Escalera. En total son 8 comunidades de Fepikecha, en el área del Bajo Huallaga, superpuestas con esta ACR, según informa el presidente de la federación Wilger Apagüeño Cenepo.

“Sin título de propiedad no podemos reclamar nada, porque cuando vamos al Gobierno Regional nos preguntan por documentos que no tenemos”, dice Marisol García.

William Ríos afirma que en el caso de la superposición con el ACR Cordillera Escalera quien tiene la última palabra es la Autoridad Regional Ambiental. Añade que ellos han empezado un proceso de mejora de su sistema para titular a las comunidades y van a revisar el caso de Fepikecha. El especialista Luis Hallazi insiste en que el Gobierno Nacional ha impulsado áreas de conservación regionales y privadas sin respetar los límites de los territorios indígenas.

Para Hallazi existe una relación directa entre las actividades ilegales y la falta de titulación, pues sin un documento legal que avale la propiedad de sus territorios, no solo no pueden reclamarle al Estado por invasiones, sino que se les niega sus propios derechos. Explica que, en San Martín y en la Amazonía en general, grupos de colonos suelen asentarse en los territorios de las comunidades, deforestan, venden madera y empiezan a sembrar coca. Cuando están instalados, ya es difícil sacarlos de las tierras, y los peligros se vuelven latentes.

Marisol García afirma que este el caso de dos de las comunidades que más apoyo le han solicitado, Santa Rosillo de Yanayacu y Anak Kurutuyacu, cuyos problemas por deforestación y la invasión de terrenos para cultivos ilícitos de coca se han agravado en los últimos cuatro años. “Es tan grave que no pueden salir, se encuentran como secuestrados por las mafias, los siguen, están al tanto de todos sus movimientos”, afirma.

Para la lideresa kichwa, si las comunidades tuvieran un título de propiedad podrían presionar para desalojar a los invasores. “Pero nos discriminan constantemente, nos piden explicaciones de que somos realmente indígenas, nos cuestionan si somos originarios”, asegura en alusión a las palabras del alcalde Geyner Silva Macedo. Añade que ya no saben qué hacer ante el aumento del tráfico de madera y el narcotráfico en el contexto de la pandemia.

Los comuneros de Santa Rosillo de Yanayacu cuentan que las invasiones en su territorio comenzaron con concesiones privadas otorgadas en los que consideran bosques ancestrales. En zonas cercanas a estos linderos aparecieron taladores de madera que empezaron a destruir bosque primario. Otra forma de invasión que sufren las comunidades es con la llegada de colonos, afirma Luis Hallazi. Son ellos quienes invaden, lotizan y convierten el bosque en áreas de cultivo, que luego usan para actividades ilegales. Algunos comunidades de Fepikecha, por otro lado, también han optado por alquilar sus tierras a terceros para tener un ingreso y estos han terminado talando sus árboles. “Personas extrañas llegan —comentan los dirigentes de Fepikecha—, se empiezan a asentar y como el cultivo que más dinero da es la coca, empiezan a producir”.

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Cercados por taladores ilegales y narcotraficantes

La abogada consultora del Instituto de Defensa Legal (IDL), Cristina del Rosario Gavancho, confirma lo que Marisol García narra sobre la deforestación y la tala ilegal. Señala que las comunidades kichwas han denunciado este problema en reiteradas ocasiones. En el 2019 fue la comunidad Anak Kurutuyacu quien presentó su denuncia ante la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental de Alto Amazonas, y el 2020 lo hizo Santa Rosillo de Yanayacu, señalando la presencia de madereros en su territorio. Las rondas tomaron fotos y videos de árboles caídos, bosques deforestados en el que consideran su territorio ancestral.

“Tiene años el caso, pero de las últimas denuncias hechas a la Fiscalía ambiental, hasta ahora no se hacen las inspecciones porque han dicho que es una zona peligrosa donde hay presencia de narcotráfico”, indica Gavancho.

Los traficantes de madera han ingresado al territorio de comunidades alejadas de las ciudades y con toda su maquinaria sacan especies maderables como caoba, ishpingo, cedro, entre otras, afirma Marisol García. El presidente de Fepikecha, Wilger Apagüeño Cenepo, afirma que las comunidades resisten y han hecho operativos para expulsar a los madereros y proteger sus territorios. Sin embargo, estas acciones han generado conflicto y la amenaza a la vida de los líderes.

La información que ha llegado a Mongabay Latam desde las comunidades de Santa Rosillo de Yanayacu es que sus bosques están siendo arrasados por los traficantes de madera. Las mafias, aseguran pobladores de la zona, tienen amenazada a la población al punto que no pueden movilizarse ni realizar sus actividades con normalidad. “Tenemos miedo por nuestra vida, porque nos pueden desaparecer, ya sabemos que nos vigilan y saben que hemos denunciado sus acciones ilegales, pero las autoridades no nos escuchan. ¿Qué más podemos hacer?”, narra un comunero que por seguridad pide mantener en reserva su nombre.

“Muchas veces hemos hecho diferentes intervenciones con la ronda que tenemos allí, hemos identificado árboles taladores, hemos hecho denuncias a los medios y a la fiscalía en materia ambiental. Nos han dicho que al Estado le pertenece ese terreno, nosotros no somos los propietarios”, declara el comunero.

En el 2018, el Apu de la comunidad de Santa Rosillo fue secuestrado por madereros durante unas seis horas por haber dado a conocer el problema de la tala ilegal, según informan los propios comuneros, quienes han realizado patrullaje en la zona, llamado a medios de comunicación e identificado los puntos donde se está perdiendo la biodiversidad.

Marisol García ha dado a conocer el problema del tráfico de madera en la capital del Perú y ante el Congreso de la República, así como en la radio local que dirige. Cuenta que pasajeros en lanchas y transportistas le han hecho saber que “ya la tenían en la lista” y que mejor “no se meta en problemas”. Estas amenazas no tienen forma de probarlas, no conoce el rostro de los madereros, pero sabe que en otras comunidades de Ucayali estas mafias han asesinado, torturado y descuartizado a defensores ambientales.

“Yo estoy dando la cara, porque sé que mis comuneros en las zonas más alejadas de las ciudades no pueden”, dice.

El director de la Dirección de Medio Ambiente de la Policía, el General PNP José Ludeña Condori, ha dicho con respecto a los peligros de la tala y la deforestación en San Martín que las actividades ilegales siguen creciendo en distintas partes de la Amazonía peruana. Según indica, la pandemia ha acentuado los problemas, y las unidades policiales carecen de medios para dar el soporte adecuado o realizar operativos.

“El otro gran problema es el narcotráfico, que empieza a estar en auge ante la inacción y que sabemos que ya están asentados. Lo peor es que manejan armas. Contra ellos, no tenemos forma de defendernos”, aseguran los líderes indígenas de la Fepikecha.

En agosto del 2020, los comuneros de Santa Rosillo identificaron cultivos ilícitos en su territorio y, a inicios de este año, confirmaron el hallazgo de una pista de aterrizaje clandestina acondicionada por narcotraficantes en sus terrenos. Pobladores de la zona señalan que son al menos 10 hectáreas de cultivos ilegales y que el problema se está extendiendo ahora a otras comunidades vecinas, donde los narcotraficantes aprovechando las necesidades, la falta de alimentos y medicamentos llegan a acuerdos incluso con algunas comunidades indígenas.

Mongabay Latam solicitó una entrevista a la Dirección Antidrogas PNP pero hasta el cierre de esta publicación no respondieron a nuestro pedido. Por su parte, la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (DEVIDA) informó que conocen que existe una problemática asociada a cultivos de hojas de coca y están llevando a cabo proyectos de fortalecimiento de capacidades dirigenciales en la zona y promoción de cultivos de cacao, con opciones económicas para las comunidades.

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Asegurar el bienestar de los pueblos

Mar Pérez, especialista de la coordinadora Nacional de Derechos Humanos, afirma que se requieren acciones urgentes para proteger la vida de los defensores y que el papel del Gobierno es clave. “En este momento quienes están en mayor riesgo son los indígenas amazónicos y ambientalistas que viven en esta zona del país, sin duda la responsabilidad directa es de los taladores, el narcotráfico, pero no podemos dejar de lado la responsabilidad del Estado, hay una negligencia y responsabilidad en lo que está pasando”, le dijo la experta a Mongabay Latam.

Pérez asegura que el Gobierno peruano ha impulsado una política en la que se ha terminado entregando tierras indígenas a colonos y ellos son los que se están vinculando con una serie de economías ilegales. Al respecto, Marisol García asegura que su federación promueve la titulación colectiva. “Los colonos han promovido la titulación individual y cuando se hacen estas solicitudes o de empresas, el Gobierno regional de San Martín actúa rápido, pero a nosotros nos tienen abandonados”.

El pedido del presidente de la federación de Fepikecha, Wilger Apagüeño Cenepo, es que aceleren los procesos de titulación para los pueblos kichwas y no se les niegue sus derechos ancestrales. “No es posible que una empresa tenga mejores posibilidades para acceder a tierras que nosotros que cuidamos y preservamos el bosque”, puntualiza.

Marisol García considera que se necesita generar alternativas económicas para los pueblos kichwa, evitando de esta forma que cedan a las presiones para el cultivo de coca. Junto a su madre ha creado un emprendimiento de cacao orgánico y conoce a otras mujeres que en Chazuta hacen artesanía. “Lo que necesitamos es impulso, porque durante la pandemia se acabaron nuestras ferias, no tenemos donde vender, la vida se vuelve más precaria, la pobreza nos está golpeando”, afirma.

Desde su radio comunitaria, con el fondo musical de una cumbia, Marisol García sigue informando sobre los logros y penurias del pueblo kichwa. Sus palabras son directas, no se calla, no tiene miedo. La ayuda, está convencida, llegará desde algún lado y las comunidades se podrán salvar de las amenazas, aún hay tiempo, dice.

El artículo original fue publicado por Gloria Alvitres en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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