Las deudas ambientales de Perú en 2021: narcotráfico y comunidades invadidas, aumento de la deforestación y violencia contra líderes indígenas

Luego de que durante el 2020 la pandemia del COVID-19 obligara a la población a acatar largas cuarentenas que significaron tiempos de inmovilización, el 2021 permitió ver en terreno el impacto de los delitos ambientales en los distintos ecosistemas.

«Ese retorno nos ha permitido ver qué pasó y descubrir aquellos problemas que surgieron en el momento de encierro cuando no era posible ir al campo por las restricciones», comenta Sandra Ríos, investigadora del Instituto del Bien Común (IBC).

El avance violento del narcotráfico en la Amazonía y el incremento significativo en las cifras de deforestación, que fueron las más altas de los últimos 20 años, han sido algunos de los resultados adversos que siguieron a un año de restricciones en el que las acciones de fiscalización también estuvieron, en gran medida, paralizadas.

“Todo se detuvo menos las actividades ilegales”, han dicho más de una vez los líderes indígenas de los territorios más amenazados de la selva peruana, quienes durante el período más crítico de la pandemia fueron asesinados, amenazados y perseguidos dentro de sus mismos territorios.

A los diez crímenes de defensores ambientales ocurridos en 2020, siete de ellos contra líderes indígenas, se suman este año cinco asesinatos más que enlutan a los pueblos kakataibo y asháninka de las regiones de Ucayali, Huánuco, Junín y Pasco. En la mayoría de estos casos, las agresiones han sido asociadas con el narcotráfico.

Frente a este escenario, el avance en temas ambientales del nuevo gobierno aún no es notorio. Sin embargo, la nueva presidenta del Consejo de Ministros, Mirtha Vásquez, dejó entrever en su primer discurso en el Congreso de la República que algunos puntos clave sí están en la agenda de su gestión, entre ellos, la seguridad jurídica para los territorios indígenas, el acceso a la consulta previa, la protección para defensores ambientales y la adaptación al cambio climático.

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Estas son las deudas ambientales de Perú en el 2021.

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Lo trágico: el avance del narcotráfico y los asesinatos a defensores ambientales

La incursión de un grupo armado en la comunidad nativa Flor de Ucayali, en la provincia de Coronel Portillo de la región Ucayali, puso nuevamente sobre la mesa uno de los mayores problemas que enfrentan los pueblos indígenas en la Amazonía peruana en estos días: el avance del narcotráfico.

En el 2020, Perú ocupó el noveno lugar a nivel mundial por el número de defensores ambientales asesinados, con seis personas asesinadas, según el reporte anual de Global Witness. De acuerdo a los reportes de la Defensoría del Pueblo de Perú y de otras instituciones, la cifra se eleva a 10 en el 2020, siete de ellos defensores de pueblos indígenas. En lo que va del 2021 ya suman cinco asesinatos de líderes y comuneros indígenas, mientras que muchos otros permanecen bajo amenaza.

«Los crímenes de varios líderes indígenas y la presencia indiscriminada del narcotráfico, principalmente en la región Ucayali, ha sido lo más preocupante este año», precisa Berlin Diques, presidente de la Organización Regional Aidesep Ucayali (ORAU), que reúne a comunidades nativas de las regiones de Ucayali, Huánuco y Pasco, la zona amazónica con mayor presión del narcotráfico.

En febrero de 2021, Herasmo García Grau, de la comunidad Sinchi Roca, y Yenes Ríos Bonsano, de la comunidad Puerto Nuevo, ambos del pueblo kakataibo, en la frontera entre Ucayali y Huánuco, fueron asesinados presuntamente por personas dedicadas al cultivo ilícito de hoja de coca.

Cinco meses después, en julio de 2021, ocurrió el asesinato de un líder indígena. La víctima fue Mario Marcos López Huanca de la comunidad asháninka Shirarine, en la región Pasco, quien recibió un disparo en la cabeza mientras recorría su comunidad. López Huanca también era presidente de Ecosira, el organismo indígena Ejecutor de Contrato de Administración de la Reserva Comunal El Sira.

El último crimen ocurrió el 30 de noviembre también en la región Pasco, cuando Lucio Pascal Yumanga, de la comunidad La Paz de Pucharine, fue hallado con un disparo en el tórax luego de varios días de haber salido a cazar.

«Por la gravedad y la situación de riesgo lo mas dramático en 2021 ha sido el avance del narcotráfico, sobre todo en el territorio kakataibo», señala Vladimir Pinto, representante de Amazon Watch en Perú. Pinto se refiere también a lo ocurrido en Flor de Ucayali, donde «existe temor porque la situación se ha agudizado».

Para Vanessa Cueto, directora de Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR), un tema pendiente es la ratificación por parte del Congreso de la República del Acuerdo de Escazú —tratado que promueve el acceso a la justicia ambiental, la transparencia en la información y la protección de defensores ambientales—, compromiso firmado por el gobierno peruano en el 2018.

Sin embargo, el pedido de ratificación de este tratado internacional fue archivado por el Congreso del gobierno anterior y en lo que va de esta nueva gestión aún no ha entrado a debate.

«Las actividades ilegales y el crimen organizado atentan contra los derechos de las personas y la viabilidad del desarrollo nacional. Irrumpen en la política, en los planes de vida y tenemos personas asesinadas por narcotráfico, minería ilegal, tráfico ilegal de madera», señala Mariano Castro, viceministro de Gestión Ambiental del Ministerio del Ambiente.

Para Castro, si bien la aprobación del Mecanismo intersectorial para la protección de las personas defensoras de derechos humanos es algo positivo, se requiere una mayor sinergia entre los diversos sectores del Estado y a nivel regional.

Por ello es clave la aprobación del protocolo de actuación para las medidas de protección —señala Diques— que establecerá las estrategias de financiamiento para implementar el mecanismo y el desarrollo del plan de actividades para la ejecución de las medidas de protección.

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Lo preocupante: el aumento de la deforestación

El último informe de Geobosques sobre la deforestación en Perú reportó la pérdida de 203 272 hectáreas durante el año 2020. La cifra más alta de las dos últimas décadas en el país.

De acuerdo con las cifras de Global Forest Watch, publicadas por la Universidad de Maryland, el Perú se ubica además en el quinto lugar entre los países que más bosques primarios perdieron en 2020.

Si bien se trata del reporte anual del año anterior, los especialistas consultados por Mongabay Latam coinciden en que existe un incremento de los delitos ambientales que afectan a los bosques y temen que este 2021 las cifras sean similares.

«El 2020 ha sido nefasto y lo que va de este año no es distinto. Me temo que tendremos las mismas cifras», señala César Ipenza, abogado especializado en temas ambientales. «Hemos tenido un récord de deforestación y se incrementó la minería, el narcotráfico y la tala ilegal«.

En mayo de 2021, Mongabay Latam publicó un reportaje que daba cuenta de la deforestación causada por la minería ilegal en Pariamanu, en Madre de Dios. En la región Loreto reportamos la pérdida de 374 hectáreas en Cotuhe, un área de conservación cercana al Parque Nacional Yaguas, así como la invasión de un bosque de protección permanente en la cuenca del Napo por parte de la Asociación Evangélica de la Misión Israelita del Nuevo Pacto Universal.

A esto suma el rápido avance de la deforestación de cuatro colonias menonitas en las regiones de Ucayali y Huánuco que desde su llegada a Perú han devastado por lo menos 3400 hectáreas, según reportes del Proyecto de Monitoreo de la Amazonía Andina.

Beatriz Huertas, antropóloga especializada en pueblos indígenas, confirma que la tala ilegal y la deforestación han continuado en la Amazonía. «En las reuniones con organizaciones indígenas se habla del aumento del tráfico de tierras en la frontera con Brasil, de las autoridades corruptas y del narcotráfico como un problema que se esta intensificando», precisa. Huertas añade que «se utilizan áreas de la frontera para cultivo, procesamiento y transporte de la droga», lo que ha sido reportado también por el Gobierno Regional de Ucayali (GORE Ucayali).

En agosto de 2021, el GORE Ucayali informó sobre el avance de la deforestación. Según los informes de la autoridad regional, se detectaron hasta 54 pistas de aterrizaje clandestinas dentro de sus bosques, 15 de ellas en territorios indígenas.

«Ha habido aumento sustancial de todos los delitos [en el 2021], pero en menor cantidad que 2020 porque regresaron las actividades de investigación y de fiscalización», señala Julio Guzmán, Procurador Público del Ministerio del Ambiente.

Otro tema al que se debe poner atención es la construcción de carreteras y su relación con la creciente pérdida de bosques. Mongabay Latam publicó durante el 2021 varios reportajes sobre las propuestas y avances en la construcción de cuestionadas vías. La carretera Iquitos Saramiriza y Bellavista-El Estrecho, en Loreto, y la Pucallpa – Cruzeiro do Sul y Bolognesi – Breu, en la región Ucayali son lagunas de ellas.

Muchas de estas propuestas, además, son impulsadas desde el Congreso de la República. Nueve proyectos de ley para declarar de interés nacional la construcción de igual número de carreteras en la Amazonía han sido presentados en el Congreso de la República. De ellas, según Cueto de DAR, uno ha sido aprobado, cuatro cuentan con dictamen, y cuatro están en Comisión para ser discutidas, de los cuales dos fueron observados por el Ejecutivo. «Sin planificación la presencia de carreteras es un riesgo latente para la Amazonía», aclara la experta.

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Lo crítico: tierras indígenas por titular

El reclamo de los pueblos indígenas amazónicos para que se concrete la titulación de sus territorios es un tema pendiente por muchos años.

Por eso, en octubre de este año, las comunidades nativas de Huánuco, Ucayali y Junín, incluidas dentro del denominado Lote 2 del Proyecto de Catastro, Titulación y Registro de Tierras Rurales en el Perú, Tercera Etapa (PTRT3), realizaron plantones frente a diferentes instituciones del Estado para reclamar por la paralización de este proyecto y exigir que se continúe con el proceso de titulación.

Tras una negociación, los líderes indígenas lograron el compromiso del gobierno de continuar con la titulación de las 48 comunidades programadas en esta etapa del proyecto. Sin embargo, este debate evidenció la gran brecha que aún existe para que las comunidades logren la titulación de todos sus territorios.

Mongabay Latam realizó una investigación sobre la situación legal de las tierras indígenas en cinco regiones de Perú y estableció que 1247 comunidades nativas están afectadas por la minería ilegal, los cultivos ilícitos de hoja de coca o la deforestación. Los resultados revelaron también que aproximadamente la mitad de las 2000 comunidades que existen en las regiones amazónicas de Loreto, Ucayali, Madre De Dios, San Martín y Pasco aguardan por la titulación de sus tierras. Lo más preocupante fue que prácticamente la tercera parte de ellas no han sido reconocidas como comunidad indígena.

«Todos los reclamos que he podido advertir como mayor presencia del Estado o la no vulneración de sus derechos, todos están acompañados del pedido de titulación. Ese es un tema central», agrega el procurador Guzmán.

El líder indígena Cline Chauca, coordinador de la Asociación Regional de Pueblos Indígenas de la Selva Central (ARPI), señala que para los pueblos indígenas «es esencial la seguridad territorial, el reconocimiento de sus territorios, la titulación y la inscripción en registros públicos».

Chauca menciona que uno de los casos más emblemáticos y que gráfica el problema de titulación para los pueblos indígenas es el de la comunidad nativa Unipacuyacu, en la región Huánuco. Se trata de una comunidad que se estableció hace 42 años. En 1995, hace 26 años, obtuvo su reconocimiento y desde entonces espera la titulación de su territorio. Mientras tanto, sus pobladores tienen que lidiar con la escalada de asesinatos a defensores indígenas que ha cobrado la vida de uno de sus dirigentes, sin contar las amenazas que enfrentan con mayor frecuencia desde abril del 2020.

La falta de georreferenciación y de inscripción en registros públicos son las últimas barreras que deben sortear las comunidades nativas para culminar un proceso completo que asegure la tenencia de su territorio. Sin embargo, los casos de invasiones y presencia de actividades ilegales incluso en comunidades tituladas pero que no están georrefenciadas ni inscritas en Sunarp (Superintendencia Nacional de Registros Públicos) suelen ser frecuentes.

Uno de ellos es la comunidad de Caimito, en Masisea, Ucayali, que durante el proceso de georreferenciación constató que su territorio había sido deforestado por la colonia menonita asentada en este distrito. Una investigación de Mongabay Latam reveló un proceso ilegal detrás de la entrega de estos predios que demuestra cómo los pueblos indígenas ven recortados sus derechos territoriales a causa de la corrupción de algunos funcionarios de los gobiernos regionales.

«El otorgamiento de derechos en seguridad jurídica se ha demorado, en parte por el contexto de la pandemia, pero también por la evidencia de que el PTRT3 no ha cumplido con las expectativas», dice Silvana Baldovino, directora del Programa de Biodiversidad y Pueblos Indígenas de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA). Además —señala Baldovino— está el problema de la «eterna lucha de asignación de recursos para este tema».

La titulación de los territorios indígenas ha cobrado relevancia en Perú el último año debido a los compromisos adquiridos por el gobierno para reducir la deforestación frente al cambio climático y la relación de estas decisiones con la seguridad de los bosques.

«Han salido una serie de informes y reportes de que los pueblos indígenas son los que mejor protegen la biodiversidad y los ecosistemas y muestran adaptabilidad más fuerte frente al cambio climático», agrega Baldovino. «Sin seguridad juridica y sin derechos se generan los problemas».

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Lo esperanzador: los avances en justicia ambiental

Durante la campaña electoral los temas ambientales no estuvieron en la agenda de los candidatos y con el nuevo mandato «falta una priorización de la agenda ambiental por parte del gobierno, solo hay esfuerzos sectoriales», señala Cueto de DAR.

Mariano Castro, viceministro de Gestión Ambiental del Ministerio del Ambiente, desde su visión por haber formado parte de ambos gobiernos, hace un balance de los avances logrados en los dos periodos.

Para Castro ha sido importante la aprobación de la Política Nacional del Ambiente al 2030, un documento que se gestó en el periodo anterior y que contribuye a establecer las bases de la gestión pública y la atención a las necesidades prioritarias en el sector ambiente. «Se trata de una visión común en materia ambiental y climática, una visión integral de país aprobada por todos los sectores y con consulta pública».

Castro también considera que se están logrando avances en justicia ambiental, pues además de establecerse el mecanismo para defensores de derechos humanos y ambientales, se aprobó el protocolo del sector ambiente para defensores ambientales y los avances vinculados con acciones específicas en Madre de Dios y Ucayali.

El Procurador Julio Guzmán también destaca avances en justicia ambiental. Para Guzmán el retorno a las actividades en el 2021 —luego de un año de inmovilización por pandemia— ha significado la reactivación de las investigaciones y una mayor participación de la fiscalías ambientales para enfrentar los delitos. «Hay más control, están avanzando las investigaciones y algunas han concluido para llegar al momento de las acusaciones como en el caso del Yacu kallpa».

De acuerdo con Guzmán, en este caso emblemático de tala ilegal las 52 carpetas fiscales «tienen requerimiento acusatorio y todas cuentan con teorías de que hubo delitos penales».

El procurador también menciona los avances en las investigaciones sobre organizaciones criminales relacionadas con corrupción de funcionarios como en Los Hostiles de la Amazonía, un caso de tráfico de madera a gran escala que involucra hasta al gobernador regional de Madre de Dios. «Deberíamos contar con mecanismos que eviten que funcionarios cuestionados formen parte de los gobiernos regionales, pues tienen autonomía en temas como otorgamiento de derecho sobre recursos naturales».

Julia Urrunaga, directora de Programas Perú de la Agencia de Investigación Ambiental, señala que las investigaciones de los delitos relacionados con la minería ilegal y el tráfico de madera bajo la ley de crimen organizado están dando resultados, pues «permite a los fiscales, investigadores y jueces usar recursos estratégicos, contundentes y útiles para destapar la corrupción».

No es que se están descubriendo cosas que recién están pasando —aclara Urrunaga— sino que recién se esta analizando con seriedad. «Los Hostiles de la Amazonía no es el único caso, hemos tenido otros. Las investigaciones no son aisladas y que se van extendiendo a diferentes regiones. Creo que estas investigaciones son una señal de que estamos avanzando en el camino correcto».

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Lo de siempre: leyes controvertidas

En contraposición a estos avances están los cuestionados proyectos de ley que se discuten en el Congreso de la República. Uno de los casos más recientes es la aprobación del predictamen de la Comisión de Energía y Minas que nuevamente amplia los plazos, hasta el 2024, para la formalización minera a través del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo).

«Llevamos 19 años con este proceso de formalización. Es demasiado y es nefasto. Los gobiernos han emitido normas para que los mineros se adapten y no es posible que esto no se concrete. Mientras tanto los mineros siguen amparados en este proceso de formalización», señala el abogado especializado en temas ambientales César Ipenza.

Ipenza también cuestiona el predictamen que se pretendió aprobar en la Comisión de Justicia que tenía como «intención flexibilizar el código penal», a través de los cambios propuestos para los delitos de tráfico de vida silvestre y que al mismo tiempo rechazaba la inclusión de esta infracción en la Ley de crimen organizado.

Urrunaga también se refiere a las modificaciones que se han pretendido hacer con relación a los delitos contra la vida silvestre. «En el último minuto se presentó un predictamen que alteraba todo el sentido de lo propuesto y terminaría como un grave retroceso no solo para este delito sino para los que ya están incorporados en la Ley de crimen organizado, porque puede implicar retrocesos también para la lucha contra la tala ilegal», precisa.

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Lo bueno: la creación de áreas protegidas y reservas indígenas para pueblos en aislamiento

Tras procesos que duraron, en promedio, dos décadas, en el 2021 se logró la creación de dos reservas para pueblos indígenas en aislamiento y contacto inicial (Piaci). En abril se concretó la creación de la Reserva Indígena Yavarí Tapiche, después de casi veinte años, y que incluso contempló demandas por parte de las organizaciones indígenas para que el gobierno cumpla su función.

En julio, la Reserva Indígena Kakataibo Norte y Sur también obtuvo la decisión final para su establecimiento. En este caso habían pasado más de 20 años desde que se presentó la propuesta de su creación.

«Ha sido positivo, pero a la vez difícil y ha significado un gran esfuerzo de entre dos y tres décadas. El reconocimiento formal es importante pero no suficiente», señala la antropóloga Beatriz Huertas, especializada en pueblos indígenas. «Ahora corresponde avanzar en los mecanismos que aseguren la protección de esos territorio».

Baldovino, de SPDA, agrega que se necesita avanzar con temas «más fuertes» como la intangibilidad de estos territorios. «Esta propuesta se aprobó en la comisión de pueblos indígenas del Congreso, pero no se logró que pasara a pleno».

En el 2021 también se creó la Reserva Marina Dorsal de Nasca, aunque en medio de la controversia que causó su categorización debido a que se autorizó la pesca industrial dentro de la zona de aprovechamiento directo de la reserva.

Para la directora de Prodelphinus, Joanna Alfaro, la creación de la «Dorsal de Nasca ha sido positivo, pero no completa».

El 2021 también significó la creación de otras áreas protegidas, principalmente regionales. Así, hasta agosto de este año, Perú sumó seis nuevas Áreas de Conservación Regional (ACR) en cuatro departamentos del país: Cajamarca, Cusco, Húanuco y Ucayali.

En marzo se estableció el ACR Chuyapi Urusayhua, en la región Cusco, y en mayo las ACR Páramos y Bosques Montanos de Jaén y Tabaconas y Bosques Secos del Marañón, ambas en Cajamarca.

Mientras que el 24 de julio, el Ministerio del Ambiente emitió los decretos supremos para la creación de tres nuevas áreas de conservación regional. Las ACR Codo del Pozuzo, en Huánuco; Q’eros-Kosñipata, en Cusco; y Alto Tamaya-Abujao en Ucayali.

En total fueron 62 392 kilómetros cuadrados del océano y más de 300 mil hectáreas terrestres las que se sumaron a la conservación en el 2021.

El artículo original fue publicado por Yvette Sierra Praeli en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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