Perú: aumenta deforestación por minería ilegal en cuatro comunidades indígenas en Madre de Dios

La deforestación por minería ilegal de oro en Madre de Dios avanza en los territorios indígenas. Un análisis de imágenes satelitales realizado por el Proyecto de Monitoreo de la Amazonía Andina (MAAP) indica que en los últimos dos años —entre marzo de  2019 y marzo de 2022— la deforestación aumentó entre 50 % y 448 % en cuatro comunidades indígenas: Puerto Luz, Tres Islas, Barranco Chico y Boca Inambari.

Otras dos zonas analizadas —Chaspa, en la zona de amortiguamiento del Parque Nacional Bahuaja Sonene, así como una concesión forestal en Pariamanu, cerca la comunidad Boca Pariamanu— muestran que en el mismo periodo se duplicó la cantidad de espacio deforestado.

El análisis realizado por MAAP toma como referencia la Operación Mercurio, megaoperativo realizado por el gobierno peruano en febrero de 2019 en la localidad denominada La Pampa, sector ubicado en la zona de amortiguamiento de la Reserva Nacional Tambopata y ocupado por la minería ilegal. Por tanto, se compara lo ocurrido con la minería ilegal en el período comprendido entre enero de 2017 y febrero de 2019, antes de la Operación Mercurio, con lo que ha sucedido desde marzo de 2019 hasta marzo de 2022.

Según el análisis de MAAP, las cuatros comunidades nativas perdieron un total de 1853 hectáreas en estos dos años. “En los periodos de pandemia y post Operación Mercurio, se ha dado un incremento importante de la minería ilegal dentro de las comunidades nativas”, señala Sidney Novoa, director SIG y Tecnologías para la conservación de Conservación Amazónica – ACCA.

El reporte, además, muestra qué sucedió en La Pampa a partir del mencionado megaoperativo donde, según MAAP, la deforestación por minería ilegal presenta cifras más bajas que las registradas antes de marzo de 2019. Una situación similar ocurre en Alto Malinowski, Apaylón, Mangote y Camanti, ubicadas en las zonas de amortiguamiento de la Reserva Nacional Tambopata y la Reserva Comunal Amarakaeri.

En esta ocasión, MAAP también utilizó imágenes de alta resolución que —según indica Novoa— han permitido establecer patrones de cómo se realiza la actividad minera ilegal en cada uno de estos lugares.

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Comunidades indígenas cercadas por minería ilegal

El reporte de MAAP indica que la comunidad nativa Barranco Chico perdió 1098 hectáreas de sus bosques en los últimos dos años, cifra que representa un incremento de la deforestación del 216 % con relación a los datos registrados antes de la Operación Mercurio. Se trata de la comunidad nativa con mayor cantidad de hectáreas pérdidas en los últimos dos años como consecuencia de la presencia de la minería ilegal en su territorio.

“Cuando se tomó la decisión de interdicción en La Pampa se centró la mirada en esa zona y no en toda la región de Madre de Dios. ¿Cuál fue la reacción de estos mineros ilegales? Escapar y buscar nuevas zonas para continuar con esa actividad. Y las zonas nuevas son las reservas comunales y las comunidades nativas”, dice Julio Cusuriche, presidente de la Federación Nativa del Río Madre de Dios (Fenamad).

La deforestación en las otras tres comunidades nativas analizadas por MAAP también muestran el avance de la minería ilegal dentro de territorios indígenas. La comunidad nativa Tres Islas tuvo una perdida de 503 hectáreas en los últimos dos años; mientras que en Puerto Luz fueron 136 hectáreas, en el mismo periodo de tiempo, y en la comunidad Boca Inambari la deforestación alcanzó 116 hectáreas entre marzo del 2019 y marzo del 2022.

“Es la primera vez que hacemos un reporte con datos estadísticos en cada una de estas comunidades. No son las únicas donde hay minería ilegal, existen otras más que también estamos analizando”, comenta Novoa, de ACCA.

Una investigación publicada  en octubre de 2021 por Mongabay Latam, sobre la presencia de actividades ilegales en cinco regiones de Perú, reveló que hasta el año 2020 el territorio de, por lo menos, 17 comunidades nativas de Madre de Dios estaban bajo el impacto de la minería ilegal. Las cifras publicadas en el especial Comunidades en resistencia: acorraladas por la ilegalidad y la violencia en la Amazonía peruana indicaron que 47 095 hectáreas dentro de comunidades nativas de la región habían sido deforestadas por la presencia de la minería ilegal.

El fiscal Carlos Chirre, del Quinto Despacho de la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental (FEMA) de Madre de Dios, señala que desde diciembre de 2021 se han realizado cuatro operativos en los territorios indígenas de Barranco Chico, Puerto Luz y San José de Karene. Esta última es una comunidad nativa que tiene, por lo menos, la tercera parte de su territorio bajo el impacto de la minería ilegal, según el análisis que hizo Mongabay Latam en octubre de 2021.

“Hay unidades inscritas en Reinfo (Registro de Mineros Informales en proceso de Formalización) que están muy cerca a estas comunidades nativas. Y, de acuerdo a la información de la unidad satelital [del Ministerio Público] se observaba que estaban ingresando a esas áreas para hacer actividad minera”, comenta Chirre.

El fiscal también menciona que con los operativos realizados en Barranco Chico, Puerto Luz y San José de Karene —comunidades que forman parte del área de amortiguamiento de la Reserva Comunal Amarakaeri— se busca controlar el denominado efecto globo. “Recordemos que con la Operación Mercurio, para la recuperación de La Pampa, se produjo el efecto globo, es decir, que muchos ilegales se desplazaron a otras zonas y empezaron a invadir esos lugares —como la Reserva Comunal Amarakaeri— para hacer minería ilegal».

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Los patrones de la deforestación por minería ilegal

Imágenes satelitales de alta resolución captadas por el sistema Skysat de Planet, entre enero y marzo de 2022, permitieron a los analistas de MAAP identificar cómo se realiza la actividad ilegal en tres de los lugares evaluados: la comunidad nativa Barranco Chico; una concesión forestal ubicada en Pariamanu, cercana a la comunidad nativa Boca Pariamanu, y el sector de Mangote en la zona de amortiguamiento de la Reserva Nacional Tambopata.

“Hay dos patrones claros”, explica Novoa, de ACCA. “En Barranco Chico se observa una actividad semimecanizada con cargadores frontales, es decir, maquinaria pesada. No se trata de minería de dragas o de motobombas, sino que se cuenta con recursos económicos fuertes para poder mover toda esa maquinaria”.

Novoa compara esta forma de realizar la actividad ilegal con lo que sucede en lugares como Huaypetue, donde la minería  se realiza a gran escala. “Por eso Barranco Chico tiene de lejos un incremento de deforestación muy por encima de cualquier otra comunidad”, agrega Novoa.

El otro patrón que se observa en las imágenes satelitales, menciona Novoa, corresponde a las zonas de amortiguamiento de la Reserva Nacional Tambopata y a Pariamanu, donde los ilegales utilizan balsas y motobombas para la extracción del oro. “Es una actividad que va minando poco a poco los bosques y requiere mucho más esfuerzo para poder atacar todos estos pequeños espacios”.

Novoa también menciona que “el sector más preocupante en estos momentos es Mangote, en la zona de amortiguamiento de la Reserva Nacional Tambopata, que está prácticamente al costado de la carretera Interoceánica. Y donde todos los meses observan (a través del análisis de MAAP) que continúan las actividades ilegales”.

El abogado César Ipenza, especializado en temas ambientales, señala que lo que se está viendo en Madre de Dios es un desplazamiento de la minería ilegal a otras zonas como el límite con la región Cusco, donde se encuentran las comunidades Barranco Chico, Puerto Luz y la localidad de Chaspa, lugares dentro de la zona de amortiguamiento de Amarakaeri.

Este desplazamiento también está llegando a otros lugares como Puerto Inca en la región Huánuco y el Cenepa en la región Amazonas, agrega Ipenza. “Vemos lo que ha pasado recientemente en el Cenepa, donde los dirigentes anunciaron que los mineros ilegales que encontraron en su territorio llegaron de Madre de Dios”, comenta Ipenza.

El domingo 22 de abril, integrantes del comité de defensa indígena de la Organización de Desarrollo de las Comunidades Fronterizas del Cenepa (Odecofroc) interceptaron maquinaria que se encontraban en la playa Isanta, en la cuenca del Cenepa y detuvieron a siete mineros ilegales que luego fueron entregados a la Policía.

Ipenza también indica que actualmente existe una propuesta para cambiar la legislación sobre Minería de oro artesanal y de pequeña escala (MAPE). “Este proyecto de ley no resuelve el problema sino que facilita el desarrollo de la actividad informal. Por ejemplo, se pretende que en la minería artesanal se permita el uso de maquinaria pesada, algo que va completamente en contra de esta forma de hacer minería”.

Para el abogado Ipenza, el Congreso de la República también tiene un rol que favorece la informalidad en la minería. En ese sentido menciona la aprobación de la norma que permitió la extensión del plazo para la incorporación de los mineros informales al proceso de formalización minera (Reinfo), una propuesta que surgió hace casi una década y cuyo cierre de inscripción ha sido postergado en, por lo menos, tres oportunidades. “Con esto se da mayor facilidad para deforestar y destruir bosques”, concluye.

* Imagen principal: minería ilegal en la comunidad nativa Tres Islas. Foto: FEMA Madre de Dios.

El artículo original fue publicado por Yvette Sierra Praeli en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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