Perú: nuevas pistas clandestinas y un conflicto territorial rodean a la comunidad Kakataibo de Santa Martha

Una alerta en redes sociales volvió a poner sobre la mesa el problema que enfrentan las comunidades nativas del pueblos indígena Kakataibo en la Amazonía peruana: el narcotráfico.

Esta vez, se informaba sobre la construcción de una pista de aterrizaje clandestina en la comunidad nativa de Santa Martha, ubicada en el distrito de Codo del Pozuzo, en la provincia de Puerto Inca, en Huánuco.

Sin embargo, este no es el único problema que enfrenta la comunidad de Santa Martha. En el mes de junio, el Gobierno Regional de Huánuco emitió una resolución que establecía la creación del Caserío Alianza Santa Martha, un centro poblado que, según la Federación Nativa de Comunidades Kakataibo (Fenacoka), se encuentra dentro del territorio titulado de la comunidad.

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La presencia del narcotráfico

Más de una vez, los líderes indígenas kakataibo han denunciado la presencia de pistas de aterrizajes clandestinas relacionadas con el narcotráfico en los bosques de las comunidades nativas ubicadas en esta zona de Huánuco, en la frontera con Ucayali.

En marzo de 2021, representantes de Fenacoka confirmaron a Mongabay Latam que por lo menos existían cuatro pistas de aterrizaje clandestinas en las comunidades del pueblo Kakataibo ubicadas en la región Huánuco: una en Puerto Nuevo, otra en Unipacuyacu y dos más en Santa Martha.

«Nos preocupa mucho los aeropuertos que están construyendo en la comunidad. Por eso, hemos acudido a Fenacoka para que nos apoye», dice Walter Pastor, jefe de la comunidad Santa Martha.

Según la Plataforma de Monitoreo de Bosques (Geobosques), Santa Martha es la comunidad nativa de Huánuco que mayor cantidad de bosque ha perdido en la última década. La cifra supera las 5000 hectáreas en la última década, de acuerdo con información de Geobosques.

En diciembre de 2020, un reportaje de Mongabay Latam dio cuenta de más de 2000 alertas de deforestación que habían sido rastreadas dentro de la comunidad, entre enero y octubre de ese año, a través de la plataforma de monitoreo satelital Global Forest Watch (GFW). Y alrededor de la comunidad la cantidad de alertas registradas en GFW se duplicaban, alcanzando las 5040 durante el mismo periodo de tiempo.

Hugo Guerra García, representante del Consejo Consultivo de la Organización Regional Aidesep Ucayali (ORAU), señala que hay varios comuneros amenazados por el narcotráfico.

Guerra García agrega que incluso hay comuneros que han tenido que dejar su territorio debido al riesgo que significaban las amenazas provenientes del narcotráfico. El representante de ORAU considera, además,  que es indispensable la intervención de la Dirección Antidrogas de la Policía Nacional del Perú (Dirandro).

Vladimir Pinto, representante de Amazon Watch en Perú, organización que trabaja con las comunidades nativas Kakataibo, explica que «la Policía tiene la información de este caso», por tanto, espera que tome las acciones necesarias para atender el problema. No obstante comenta que hasta el momento no se tiene información de las acciones que podría realizar la Dirandro o cualquier institución del Estado.

Mongabay Latam solicitó al Ministerio del Interior información sobre las acciones que se están tomando en esta caso, pero hasta el cierre de esta edición no recibimos respuesta.

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Un territorio amenazado

El 7 de junio, el Gobierno Regional de Huánuco emitió una resolución de reconocimiento del nuevo Caserío Alianza Santa Martha.

El problema, según ha denunciado WalterPastor, presidente de Santa Martha, es que este caserío se encuentra dentro del territorio titulado de la comunidad nativa.

Santa Martha es una comunidad titulada desde el año 1986, y tiene dos anexos, Campo Verde y Nueva Alianza. Sin embargo, la comunidad «no ha sido  georreferenciada», indica Eustaquio Robles, director de la Oficina Regional de Gestión en Conflictos Sociales del Gobierno Regional de Huánuco.

Robles señala que el problema por la jurisdicción de las tierras entre invasores y comunidades indigenas data de varios años atrás, «cuando los comuneros empezaron a vender sus tierras y personas que no vivían en la comunidad aprovecharon la coyuntura para invadir», asegura el funcionario regional.

«Han talado árboles tanto quienes compraron como quienes invadieron. Ahora son zonas ganaderas y de sembríos agrícolas», señala Robles, y agrega que ni los comuneros ni los posesionarios se ponen de acuerdo para definir el trazo de los límites. «La ley dice que si no están de acuerdo ambas partes, no se puede  georreferenciar el territorio», se justifica Robles sobre el conflicto que ahora existe en Santa Martha.

El 13 de julio, un mes después de que se emitiera la resolución, ORAU publicó un pronunciamiento en el que denunciaba como un atropello la categorización del nuevo caserío.

«Hemos denunciado que la comunidad nativa de Santa Martha y sus dos anexos pertenecen al pueblo Kakataibo, pero esta siendo permanentemente invadida por colonos que consiguen títulos individuales que también deben ser declarados ilegales», indica el pronunciamiento.

En el documento también se indica que como consecuencia de este problema territorial se ha incrementado la violencia, la deforestación y la presencia de cultivos ilegales de hoja de coca, e incluso las pistas de aterrizaje clandestinas.  «El Gobierno Regional de Huánuco deberá responder frente a este atropello ilegal», se lee en el documento.

«Hay un contexto complicado que va de la mano con una intención de no reconocer a las comunidades. En Santa Martha, de pronto, uno de sus anexos aparece como caserío, esto es ilegal porque las comunidades tienen reconocimiento de carácter constitucional», explica Pinto de Amazon Watch.

Pinto también menciona que en Puerto Inca, la provincia amazónica de Huánuco donde se encuentran las comunidades nativas, existen varios problemas territoriales. «Hay comunidades a las que les quitaron el reconocimiento y otras que llevan décadas esperando su titulación. El problema es visible», comenta.

En cuanto a las medidas que podría tomar Santa Martha para reclamar por los derechos sobre su territorio, Pinto explica que se puede optar por una vía administrativa para pedir la nulidad de la resolución o por la vía penal para lograr la reversión del territorio. «Todo dependerá de cómo se tomo la decisión para la creación del caserío», precisa.

Fenacoka también se pronunció al respecto y, a través de un comunicado, aseguró que activará todos los mecanismos legales disponibles para defender y anular la creación del caserío que invade sus bosques ancestrales.

El artículo original fue publicado por Yvette Sierra Praeli en Mongabay Latam.  Puedes revisarlo aquí. 

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