Territorio ocupado: 1647 territorios indígenas y 52 áreas protegidas afectadas por superposición con lotes petroleros en la Amazonía

Si se observa en un mapa la Amazonía de Colombia, Perú, Ecuador y Bolivia y sobre este se marcan todos los territorios indígenas, es posible tener una idea de la importancia de la conservación de estos espacios para el futuro del Planeta. Si luego sobre el mismo mapa se colocan todos los lotes petroleros activos en esos cuatro países, llama la atención cómo estos bloques se superponen con comunidades nativas, reservas indígenas y tierras de pueblos en aislamiento, sobre todo por la cantidad de lotes petroleros que ocupan parte o a veces la totalidad de estos territorios. Y si además se mira de cerca cada uno de esos puntos de coincidencia, es posible detectar cómo en muchos de ellos se han registrado, en los últimos años, numerosos conflictos sociales y ambientales.

Para entender mejor este problema, la alianza periodística ManchadosXelPetróleo, con la información reunida por la Red Amazónica de Información Socioambiental Georreferenciada (RAISG), hizo un análisis geoespacial en la Amazonía de los cuatro países para analizar la magnitud de esta superposición y cómo afecta a las tierras indígenas pero también a las áreas naturales protegidas.

Uno de los hallazgos más importantes es que 1647 territorios indígenas son afectados por la superposición de lotes petroleros y 52 en el caso de áreas protegidas, entre las nacionales, departamentales y municipales, en Bolivia, Ecuador y Perú. En el caso de Colombia, si bien no tiene áreas protegidas que se superponen con lotes petroleros, sí se ven afectadas 70 reservas forestales en la Amazonía.

Basta ver el mapa completo para visualizar cómo la actividad hidrocarburífera se ha extendido en estos territorios  sustentada en dos palabras que justifican estas operaciones: interés nacional.

Petróleo en territorios indígenas

Si se navega por el mapa de Colombia es posible observar que 106 resguardos indígenas —territorios ocupados por pueblos originarios— son afectados por la presencia de bloques petroleros, la mayoría de estos casos en las regiones de Caquetá, Vichada y Putumayo. Y que por lo menos 84 de esos resguardos tienen el 100 % de su territorio cubierto por lotes petroleros.

“En los próximos años, creo yo, la extracción de petróleo y carbón será más agresiva que nunca para aprovechar el tiempo que todavía queda hasta que se tome la decisión de la transición total a estas otras energías”, dice Marco Velásquez, profesor de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Pontificia Universidad Javeriana, de Colombia.

Velásquez, abogado especializado en derechos humanos, explica que las actividades petroleras en Colombia se iniciaron en el nororiente del país y que, en la década de 1980, se da un proceso de exploración en otras zonas, incluyendo la Amazonia y la Orinoquía, que es el punto de encuentro entre el Amazonas y los llanos del río Orinoco, en la frontera con Venezuela. “La Amazonia es probablemente la última zona donde se están empezando a desarrollar estas actividades”.

Para el investigador, la Amazonia de Colombia no solo posee una gran cantidad de recursos naturales que todavía no han sido encontrados, sino que numerosas comunidades indígenas ocupan grandes extensiones de este territorio, donde la búsqueda de lugares para exploración y explotación de petróleo podría disparar procesos que atenten contra la supervivencia de estos pueblos.

El escenario en la Amazonía de Perú es distinto, pues la actividad petrolera está asociada a por lo menos 474 derrames de crudo, entre los años 2000 y 2019, según el informe La sombra del petróleo de Oxfam y la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos. El análisis nos permitió observar con claridad la relación entre estas emergencias ambientales y el problema de la superposición:  1001 comunidades nativas son afectadas por la presencia de lotes petroleros, de ellas, 769 tienen un traslape del 100 %. A esta cifra hay que sumar tres reservas indígenas destinadas a pueblos en aislamiento y contacto inicial, aunque dos de ellas están todavía en proceso de ser declaradas.

Silvana Baldovino, directora del Programa de Biodiversidad y Pueblos Indígenas de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA), explica que las superposiciones de lotes de hidrocarburos afecta a las comunidades indígenas en varios niveles. Por un lado, dice la experta, está la afectación cultural porque para los pueblos indígenas el territorio es vida. Por otro, añade, están los niveles de contaminación y los problemas con el agua. Y por último está el problema de los derrames.

Para la experta, “no hay mucho nivel de negociación en el momento del otorgamiento del derecho porque no hay una restricción legal”. A lo que se refiere Baldovino es a que básicamente las comunidades indígenas en general solo tienen la propiedad del suelo, mientras que el subsuelo, donde se encuentran los hidrocarburos, le pertenece al Estado peruano.

Asimismo, en el caso de los pueblos en aislamiento, Baldovino señala que “uno de los principales reclamos, el más fuerte para mí, es que la ley de pueblos indígenas en aislamiento voluntario dice que las reservas son intangibles siempre y cuando no se encuentre en ellas algo que sea de interés nacional”, comenta Baldovino. “Entonces tienen una intangibilidad relativa”.

La superposición en el caso de Ecuador es aún más perturbadora, considerando que la superficie de este país es más pequeña. El análisis muestra que de 643 comunidades indígenas ubicadas en la Amazonía, 480 tienen bloques de hidrocarburos en sus territorios y, de ellas, 402 se superponen en un 100 %.

Sofía Jarrín, asesora de incidencia de Amazon Watch en Ecuador, se refiere a la intensificación de las actividades petroleras de los últimos años. “El presidente Guillermo Lasso declaró apenas asumió el gobierno que iba a duplicar la explotación petrolera y pasar de los 490 mil barriles a un millón de barriles”, comenta. Y una de las zonas de expansión, precisa la experta, corresponde a la Ronda Sur Oriente, que abarca las provincias amazónicas de Pastaza y Morona. Según el análisis realizado para este especial, son 26 los lotes de hidrocarburos ubicadas en la provincia de Pastaza y 181 en la provincia de Morona Santiago.

“Varios de estos bloques comprometen el territorio de sarayaku, el territorio zápara y shiwiar entre otras nacionalidades que realmente se verían altamente amenazadas. La nación zápara es una población que prácticamente está en extinción porque quedan apenas como 560 personas que son guardianas de su cultura”, comenta Jarrín.

En Bolivia, el análisis de Mongabay Latam determinó que existe un traslape de bloques petroleros con 57 territorios de pueblos originarios. La mayoría de esta superposición se registra en los departamentos de Santa Cruz (23) y Beni (20).

Jorge Campanini, investigador del Centro Documental de Información de Bolivia (Cedib), menciona cómo la consulta previa, que debería jugar un rol clave en el planeamiento y otorgamiento de concesiones petroleras, no es libre ni informada en Bolivia. “No ha existido, en términos de industrias extractivas, una consulta previa verdadera libre e informada, de buena fe. Las consultas siempre han sido maniobrables y beneficiosas sobre todo para las operadoras tanto mineras como de petróleo”.

El especialista de Cedib explica que en 2021, el Gobierno boliviano, a través de la empresa estatal YPFB, presentó un nuevo plan en el que se establecen los criterios y lugares en los que se debe priorizar la exploración y explotación de hidrocarburos. “Han definido siete a ocho núcleos donde han empezado exploraciones y gestiones administrativas. Obviamente en estos lugares figura la superposición sobre áreas naturales protegidas y territorios indígenas”.

Áreas naturales protegidas en la mira

Esperanza Martínez, especialista de la organización ambiental Acción Ecológica, explica que antes de la creación de las áreas naturales protegidas en Ecuador, toda la Amazonía era territorio indígena. Sin embargo, a partir de 1970, se empiezan a proteger algunas ecosistemas representativos y en la práctica “lo que pasó es que se dejó en custodia del Estado los territorios que estaban conservados, pero esos mismos estados priorizaron la actividad económica, es decir, el mismo estado era el encargado de dar la licencia en estas zonas”, precisa Martínez.

El mapa de superposiciones muestra que 23 áreas naturales protegidas de Ecuador son afectadas por el traslape con bloques petroleros, entre ellos el emblemático Parque Nacional Yasuní. Martínez explica que el caso del Yasuní es el más conocido por tres razones: porque existe una campaña de visibilidad fuerte sobre su biodiversidad, por la presencia de pueblos aislados o en contacto inicial y porque era la frontera límite de las actividades petroleras en Ecuador.

Las categorías de protección de las áreas afectadas en Ecuador incluyen bosques protectores, parques nacionales, reservas biológicas, reservas de producción de fauna y reservas ecológicas.

“En Ecuador había una prohibición a las actividades petroleras en áreas naturales protegidas que fue flexibilizándose al punto de declararlas permitidas”, dice Martínez. Con la Constitución del 2008, agrega, se vuelve a intentar un régimen de más protección pero se incluye una excepción y “esta excepción terminó convirtiéndose en la regla”, comenta.

El artículo 407 señala que “se prohíbe la actividad extractiva de recursos no renovables en las áreas protegidas y en zonas declaradas como intangibles, incluida la explotación forestal. Excepcionalmente dichos recursos se podrán explotar a petición fundamentada de la Presidencia de la República y previa declaratoria de interés nacional por parte de la Asamblea Nacional, que, de estimarlo conveniente, podrá convocar a consulta popular”.

Las mismas dos palabras que se repiten en las leyes peruanas: interés nacional. “Cada vez que se quiere crear un parque nacional o un área protegida la mayor oposición viene del sector hidrocarburos, porque estas zonas están identificadas con potencial para el aprovechamiento de este recurso”, señala Baldovino de la SPDA. “Gran parte de la Amazonía ya está identificada con potencial, e incluso, si no está otorgado también hay resistencia a que se establezca alguna área protegida por la expectativa de que podría haber [petróleo]”, agrega.

En Perú son ocho las áreas naturales protegidas sobre las que existe superposición de bloques petroleros, entre ellas áreas de conservación regional, bosques de protección y reservas comunales. En el Área de Conservación Regional Imiría, en Ucayali, los espacios destinados a la actividad petrolera ocupan todo el territorio, mientras que el Área de Conservación Regional Cordillera Escalera, en San Martín, tiene hasta un 98 por ciento de tierras superpuestas por este tipo de lotes. A su vez, dos parques nacionales colindan con lotes petroleros: el Yanachaga-Chemillén y el Cordillera Azul.

Campanini del Cedib menciona que el Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado Aguaragüe en Bolivia fue “el laboratorio de la implementación de las medidas que permiten o facilitan el ingreso de las petroleras en áreas nacionales protegidas y territorios indígenas”.

El experto de Cedib explica que el Aguaragüe fue en las décadas del veinte y treinta un lugar de explotación petrolera, una actividad que se extendió hasta los setenta y que dejó pasivos ambientales que ocasionaron protestas de los pueblos indígenas que viven en esta área protegida y que exigían el cierre de los pozos. Sin embargo, a fines de la década del ochenta “se iniciaron exploraciones, ya no de búsqueda de petróleo, sino de gas. No cerraron los pozos petroleros antiguos y abrieron pozos exploratorios de gas”.

Esta política de explotación se repite hoy en otras áreas protegidas del país. Según el análisis para Bolivia son 21 áreas naturales protegidas -entre nacionales, departamentales y municipales- con algún grado de superposición petrolera, de ellas, el Monumento Natural Espejillos tiene el total de su territorio cubierto de lotes de hidrocarburos, mientras que en el Área Natural de Conservación y Manejo Integrado Eva Mosetenes la superposición alcanza el 99 % y en el Área Protegida Municipal Cabeceras del río Maniqui llega al 98 %

En Colombia, si bien no se registran bloques petroleros que se superponen con áreas naturales protegidas, hay un caso detectado en el análisis que llama la atención: hay presencia de lotes de hidrocarburos en 70 reservas forestales. ¿Por qué es importante? Según la ley colombiana, estos espacios están destinados al desarrollo de la economía forestal y protección de los suelos, agua y vida silvestre.

José Gregorio Díaz Mirabal, coordinador general de la Coordinadora de la Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA), señala que las políticas extractivistas de los países permiten que se entreguen concesiones en estos espacios territoriales. “Desde el inicio de la pandemia se incrementaron y en territorios indígenas no se ha respetado la consulta previa. Sin embargo, está claro que las organizaciones indígenas han venido denunciando permanentemente la pérdida del territorio, la contaminación, los problemas de salud y las crisis de agua y de alimentos cuando hay derrames petroleros, además de la deforestación, pérdida de biodiversidad y degradación de los ecosistemas”.

El artículo original fue publicado por Yvette Sierra Praeli en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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