Tráfico de tiburones: autoridades ecuatorianas identifican a empresa sospechosa de millonaria exportación de aletas

En abril del 2020, la aduana de Hong Kong realizó una de las incautaciones más grandes de aletas de tiburón de la historia: 26 toneladas provenientes de Ecuador. En total, se calcula que esa cantidad corresponde a unos 38 500 tiburones que se encuentran amenazados de extinción.

Han transcurrido 16 meses desde este hallazgo que indignó al mundo entero y que fue condenado por las autoridades ecuatorianas, y aún no hay sanciones penales en contra de los responsables. Expertos y organizaciones ambientales temen que este caso de contrabando de especies silvestres -el cuarto mayor negocio ilegal del planeta superado apenas por el tráfico de drogas, personas y productos falsificados- quede en la impunidad.

En junio pasado el Ministerio de la Producción dio a conocer que había sancionado administrativamente al exportador del cargamento con una multa de 3870 dólares, un monto que apenas alcanza el 0,3% del valor de la carga que fue estimado en 1,1 millones de dólares. Sin embargo, hoy se sabe que el exportador es solo una pieza de un complejo rompecabezas en el que están involucrados otros actores.

Mongabay Latam accedió a información recabada por el Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica (MAAE) durante el 2020, mientras investigaba el caso, y que luego fue puesta a disposición de la Fiscalía. La información da cuenta de un revelador suceso: la empresa ecuatoriana FishChoez & Villegas S.A solicitó a las autoridades ambientales un permiso para exportar una carga que, según el documento del MAAE y las autoridades en función dentro del Ministerio en ese momento, sería idéntica a la que fue decomisada en Hong Kong.

¿Cuáles son las pistas detrás de este contrabando?

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La empresa en la mira

Los dos contenedores salieron de Ecuador y llegaron a Hong Kong en enero de 2020. Permanecieron en una bodega hasta el 30 de abril de ese año cuando oficiales de aduanas descubrieron el real contenido en el primer cargamento. El segundo fue descubierto cuatro días después, pero ambos llamaron la atención de los inspectores por la misma razón: el manifiesto de carga elaborado por el exportador decía “pescado seco” en español y no en inglés como es lo usual.

Al abrir los sacos, lo que encontraron, principalmente, fueron miles de aletas secas de tiburones zorro (Alopias superciliosus) y sedoso (Carcharhinus falciformis), dos especies Vulnerables según la Lista roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) y que, por estar protegidos por la Convención para el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES), requieren para su exportación de un permiso emitido por la autoridad CITES del país de origen, en este caso de Ecuador.

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Inmediatamente la noticia dio vuelta al mundo y se activaron las vías diplomáticas entre China y Ecuador para investigar el caso y dar con los responsables.

El Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica (MAAE), por su parte, inició en mayo de 2020 una indagatoria para recabar información, proveniente principalmente del Servicio Nacional de Aduanas de Ecuador (SENAE) y del Ministerio de la Producción, e intentar reconstruir los hechos que llevaron a la exportación de esas aletas.

Tres meses después, en agosto del 2020, el MAAE emitió una ayuda memoria exponiendo el paso a paso de todas las diligencias que hasta entonces había realizado más la información que había logrado reunir. Dicho documento fue compartido con la Comisión de Biodiversidad de la Asamblea Nacional de Ecuador que también estaba investigando el caso pese a los “muchos escollos” que, según el ex asambleísta, Juan Cárdenas, encontraron “sobre todo al principio”, dice. Había “una especie de inercia por dejar las cosas como estaban”, aseguró. Mongabay Latam tuvo acceso a esa ayuda memoria que en sus páginas incluye un dato revelador: las autoridades ambientales de Ecuador recibieron el 1 de julio del 2020 una solicitud para la exportación de una carga que coincidía con la decomisada en Hong Kong.

En la solicitud de exportación, el abogado de la empresa FishChoez & Villegas S.A, Humboldt Cañizares Garcés, le pedía a la Autoridad Administrativa de CITES, que es parte del MAAE, que le autorice la exportación de tres contenedores de “pescado seco e incluso aletas de tiburón”, se lee en la ayuda memoria. Lo que llamó la atención de los funcionarios en ese momento, según el documento, es que la solicitud era extemporánea, es decir, que los contenedores para los cuales la empresa pretendía obtener permisos ya habían sido exportados hacía varios meses.

El abogado ambiental, Andrés Delgado, asegura que la tramitación del permiso CITES debe hacerse necesariamente antes de la exportación. Según explica el peruano César Ipenza, abogado experto, ese requisito tiene lógica: para que una especie clasificada en CITES pueda ser exportada, el país de origen -en este caso Ecuador- debe realizar un estudio llamado Dictamen de Extracción No Perjudicial. Dicho estudio permite saber cuál es el estado de la población de la especie en el país y cuánto es posible extraer sin ponerla en riesgo. A partir de esos resultados, “el Estado asigna una cuota de exportación”, dice Ipenza. Para asegurarse de que esa cuota no sea traspasada, la autoridad debe saber qué y cuánto se pretende comercializar, antes de que la transacción se realice.

Pero, además, junto con la solicitud extemporánea, la ayuda memoria del MAAE precisa que la empresa adjuntó documentos que permitieron identificar que el permiso que ésta pretendía conseguir era para la carga que había sido decomisada en abril en Hong Kong. “Son esos mismos”, le confirmó a Mongabay Latam Andrés Delgado, quien para ese entonces era el Coordinador Jurídico del Ministerio del Ambiente y estuvo a cargo de derivar toda la información recabada por el Ministerio a la Fiscalía. “Como que ya se dieron cuenta de que hicieron mal las cosas y que les iban a encontrar, y quisieron arreglar todo”, dijo Delgado. Para el abogado Ipenza, que la empresa haya pedido un permiso CITES de manera extemporánea “evidencia que lo que se pretende es blanquear (el recurso comercializado de manera ilegal), darle una apariencia de legalidad”.

La empresa había adjuntado las guías de movilización de la Subsecretaría de Recursos Pesqueros, las que permiten transportar el recurso marino dentro del país, y dos guías de carga o DRAFT, documentos utilizados para la exportación. Según precisa Delgado, fueron dichas guías de carga las que permitieron confirmar que se trataba del mismo cargamento decomisado en Hong Kong. En ellas, se indica parte de la información que ya estaba en manos de las autoridades: “los contenedores coincidían”, aseguró una fuente de la autoridad administrativa de CITES que pidió reserva. En un primer contenedor viajaron 415 sacos de pescado seco equivalentes a 15 129 kilos y, en un segundo, 326 sacos también de pescado seco por un total de 12 574 kilos. El exportador fue Joel Eduardo Ramírez Espinoza, a quien la Subsecretaría de Recursos Pesqueros ya había abierto un expediente sancionatorio en su contra por exportar la carga de procedencia ilegal.

Delgado confiesa que, cuando se percató de lo que habían descubierto, no entendió por qué la empresa se había delatado. “No logré entender cuando revisé eso. Fue literal alertar a las autoridades de que quién pudo haber cometido el ilícito eran ellos”, dice. El abogado Marcelo Mata, quien en ese momento ocupaba el cargo de Ministro de Ambiente, también le confirmó a Mongabay Latam el hallazgo. Sin embargo, recordó que es la justicia la facultada para declarar culpables y que lo que hizo el MAAE fue referirse a los hechos: “la empresa solicitó un permiso CITES para una exportación extemporánea que correspondía a los contenedores identificados como aquellos que llegaron a Hong Kong”.

El 1 de agosto, como se indica en la ayuda memoria del MAAE, la Autoridad Administrativa de CITES rechazó la solicitud de FishChoez & Villegas S.A indicando que no procedía la autorización debido a que había sido presentada de forma extemporánea. La respuesta fue copiada a la Coordinación General Jurídica (CGJ) del MAAE “a fin de que sea considerada como elemento para presentar a Fiscalía”, señala el documento, y “para que se inicien las acciones pertinentes por considerarse a la exportación declarada por el usuario como actividad ilegal especificada en la legislación ambiental”.

Humboldt Cañizares, por su parte, aseguró en una comunicación telefónica con Mongabay Latam que ya no es el abogado de la empresa y que solo se encargó de tramitar la solicitud de exportación extemporánea que luego fue rechazada. En cuanto a Washington Olmedo Choez Villegas, representante legal de la empresa FishChoez & Villegas S.A, aseguró no tener conocimiento sobre estos hechos y no conocer ni al abogado Cañizares ni al exportador Ramírez.

Según el ex ministro Mata, la razón por la que aún no se conocen resultados en materia penal, a pesar de que ya fue sancionado administrativamente el exportador y que se entregaron pruebas que vinculan a Fish&Choez y Villegas S. A con la carga ilegal, es que “el derecho administrativo funciona rápido, muy rápido y las noticias fluyen de ahí. El derecho penal, en cambio, va a otra velocidad”. Sin embargo, aseguró que la fiscalía está investigando aunque “no puedo decir a qué rapidez”, precisó.

Pero, en opinión de Delgado, “con esos elementos ya podría la Fiscalía Provincial de Guayas —que es la que lleva el caso— formular cargos en contra de la persona jurídica. Me sorprende la lentitud con la que ha avanzado”.

La Fiscalía, por su parte, no se refirió al caso señalando que este se encuentra en investigación previa “por lo cual es de carácter reservado”.

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La sanción del Ministerio de la Producción

La ley actual de pesca, que entró en vigor en abril de 2020, castiga la pesca ilegal con multas de hasta 700 000 dólares. Joel Eduardo Ramírez Espinoza, el exportador de la carga decomisada en Hong Kong, fue sancionado, sin embargo, de acuerdo a la ley de pesca del 2008 con una multa de 3870 dólares.

En opinión del abogado ambiental ecuatoriano, Ricardo Crespo, ello probablemente se deba a que se consideró que el delito fue cometido cuando se envió la carga y no cuando se descubrieron las aletas en la aduana.

De todos modos, advierte que “esto va a servir como precedente para exigir que el derecho ambiental administrativo no puede aplicar multas irrisorias. El caso de las aletas es escandaloso”, dice Crespo. “Es una burla”, añade Oswaldo Rosero, especialista en Ecuador en control y vigilancia marítima, y agrega que “el efecto de tener una multa de esa naturaleza es que estamos casi, casi hablando de legalizar la impunidad”.

Mongabay Latam envió preguntas al Ministerio de la Producción para saber por qué aplicó una multa que corresponde al 0.3% de la valorización de la mercancía. Sin embargo, hasta la publicación de este reportaje el ministerio no entregó respuesta.

Pero, además, Rosero, quien ha asesorado a varios países de Latinoamérica en la gestión de recursos y áreas marinas protegidas, que durante casi 10 años fue Oficial de Operaciones Marinas de la organización ambiental estadounidense WildAid y profesor de Análisis de Operaciones Marinas en la Academia de Guerra Naval de Ecuador, señala que “más allá de la empresa, el factor común en todas estas investigaciones es que nunca se descubre la red, porque esto no es obra de una sola persona o de una empresa”. En otras palabras, “lo que estamos haciendo es cortarle las uñas al pulpo, pero el pulpo sigue con sus tentáculos completos”, señala.

En Ecuador, la captura dirigida hacia los tiburones está prohibida y solo se pueden aprovechar aquellos animales que son pescados incidentalmente, es decir, que caen por accidente en las redes o en los anzuelos que han sido lanzados al mar con el objetivo de capturar otras especies. Pero eso no es todo, solo el 30% del total de la pesca de una embarcación puede ser incidental. Sin embargo, expertos coinciden en que ese porcentaje no se respeta y que bajo la excusa de la pesca incidental, miles de tiburones continúan siendo capturados para alimentar un mercado global que mueve alrededor de 1000 millones de USD anuales, según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).

De hecho, el abogado Humboldt Cañizares, al que el representante legal de FishChoez & Villegas S.A dice ahora no conocer, le dijo a Mongabay Latam que las aletas que la empresa envió a Hong Kong “eran de pesca incidental”.

Según el ex ministro de Ambiente, Marcelo Mata, 80 toneladas de aletas de tiburón fueron exportadas legalmente hacia Perú durante el 2020. “A mi 80 toneladas, en sentido común, me suena a mucho o me suena a no incidental, porque estamos hablando de las aletas nada más”, precisa.

Desde el momento en que los tiburones llegan a puerto hasta que son exportados, distintas son las etapas en la cadena de comercialización en las que se pueden cometer actos de corrupción que al final permiten que los animales sean aprovechados, asegura Delgado. El primero de ellos ocurre al momento del desembarque, allí “el observador pesquero tiene que certificar que efectivamente la embarcación no cuenta con más allá del porcentaje permitido (de pesca incidental)”, explica. Sin embargo, “del 100 % a veces el 80 % es tiburón”, señala, y aún así algunos observadores pesqueros dicen “okey, no hay ningún problema”. Luego, según explica Rosero, el funcionario genera una guía comercial que indica que el cargamento cumple con la cuota exigida por la ley para la pesca incidental. A partir de ese momento, agrega, “cada paso que da (esa pesca) es un paso ilegal”.

Cuando los tiburones llegan a aduanas para ser exportados, entra en juego otro eslabón o “punto negro” de la cadena de comercialización y que esta asociado al funcionario que tiene a su cargo comprobar que lo que se está exportando corresponde efectivamente a lo declarado. Cuando se trata de especies que requieren permisos CITES, como es el caso de las 26 toneladas de aletas enviadas a Hong Kong, debes tener estos documentos en regla, pero si no los tienes, explica Delgado, algunos empresarios transan con malos funcionarios de aduanas y “con su ok se envía la carga”. “Todo se trabaja en base a un manoseo de la parte documental”, dice Rosero.

Es así como el contrabando de tiburones, ya sea de sus aletas como de sus troncos completos, se lleva a cabo incluso con especies que tienen prohibición absoluta de ser comercializadas como es el caso del tiburón martillo, explican los expertos. Cuatro especies de estos tiburones tienen desde el 2020 protección completa en Ecuador, es decir, que no pueden ser comercializadas de ninguna manera, ni siquiera al interior del territorio nacional. Sin embargo, a inicios de este mes, la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental (FEMA) de Perú, decomisó 416 tiburones martillo provenientes del país vecino. Todos eran juveniles, es decir, que ni siquiera alcanzaron a reproducirse una vez.

Cecilia Medina, quien fue la asesora de la saliente comisión de biodiversidad de la Asamblea Nacional, que estuvo vigente hasta mayo pasado cuando asumió el nuevo gobierno, asegura que durante la investigación que realizó dicha comisión por el caso de las 26 toneladas de aletas, se logró establecer “el panorama general” de la red que opera en el tráfico de tiburones. “Pero mientras no se judicialice, mientras no haya una sentencia, mientras no te diga esto la administración de justicia, lastimosamente queda solo en un acto político que tiene la Asamblea Nacional”, señala.

Como conclusión a la investigación, la que según el ex comisión propuso “prohibir la comercialización de la pesca incidental de ejemplares, partes o derivados de toda clase de rayas, tiburones y especies protegidas, amenazadas y en peligro de extinción”, por un plazo de un año, con la posibilidad de poder ampliar la disposición a un año más.

Aunque la propuesta quedó lista para ser llevada al pleno de la Asamblea, ahora esta deberá ser reevaluada por la nueva comisión de biodiversidad. Los ex asambleístas temen que la iniciativa quede en nada. Mongabay Latam intentó conversar con Washington Varela, actual presidente de la comisión de Biodiversidad de la Asamblea, sin embargo, hasta el cierre de esta publicación no respondió a nuestra solicitud.

“La justicia que se tarda es la justicia que se niega”, opina Oswaldo Rosero, y “todo traficante o infractor siempre va a procurar alargar los tiempos para que se baje la presión mediática sobre cualquier tema. Cuando eso pasa, los implicados tienen posibilidad de conversar con las autoridades judiciales”, señala.

El artículo original fue publicado por Michelle Carrere . Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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