Unipacuyacu: casi treinta años en espera de la titulación, mientras invasores y narcotraficantes devastan su territorio

“¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿No valemos nada? ¿Nuestra vida no vale nada? ¿Los indígenas no valen nada? En ese caso, ¿por qué no nos destruyen? ¿Acaso no somos verdaderos peruanos?”, pregunta un poblador indígena kakataibo frente a otros miembros de la comunidad nativa Unipacuyacu, al recordar que llevan luchando casi tres décadas por la titulación de su territorio. Él mismo se responde: “Nosotros somos verdaderos peruanos, defendemos nuestra tierra. Pero todo esto nos duele mucho”.

Es de mañana y los comuneros de Unipacuyacu —en el distrito Codo de Pozuzo, provincia de Puerto Inca, en la región Huánuco— se reúnen para hablar sobre los problemas que vive la comunidad, integrada mayormente por pobladores indígenas kakataibos, a los que se sumaron asháninkas, shipibos y yaneshas. En el ambiente se siente la calidez y humedad de la selva, pero también hay preocupación y miedo, pues en abril del año pasado su apu (jefe) Arbildo Meléndez fue asesinado tras denunciar invasiones en su territorio y el creciente narcotráfico en la zona.

A pesar de la muerte del jefe de la comunidad y las amenazas, los cultivos ilícitos de hoja de coca y la tala ilegal han continuado. Los uni, como llaman ellos a los originarios del lugar, temen denunciar o hablar con la prensa. Los mismos comuneros advierten: “es muy probable que las organizaciones criminales los estén vigilando”.

“Acá nos matan. Este es el segundo Vraem (Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro), es tierra roja. Los sicarios nos matan. También nos pueden confundir con ladrones cuando bajamos a la playa a buscar animales. No podemos ni ir más de 100 metros porque nos dicen que es tierra privada”, cuenta una de las personas con más años en la comunidad; es uno de los fundadores del pueblo, pero desconoce que Unipacuyacu es la comunidad nativa que lleva más tiempo esperando por su titulación en Huánuco.

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Sin seguridad jurídica, se mutila el territorio

“Nuestras tierras tienen miles de años, pero este pueblito (Unipacuyacu) lo iniciamos hace 42 años. En 1992 [ante la necesidad de ser reconocidos como una comunidad nativa] recién demarcamos un territorio de 23 mil hectáreas y en 1995 nos dieron la resolución de reconocimiento”, recuerda un anciano de la comunidad.

Según el Instituto del Bien Común (IBC), que apoya a la comunidad en su solicitud de titulación, los kakataibos que conformaron Unipacuyacu lo hicieron ante la necesidad de vivienda, pues ya no había más espacio en la comunidad nativa de Santa Martha. Fue así como varios hijos de pobladores indígenas de Santa Martha decidieron volver a las tierras que originalmente ocuparon los nativos kakataibos: entre las cuencas de los ríos Aguaytía, San Alejandro y Sungaroyacu. Ellos se asentaron en 1979 y años después iniciaron los trámites para su reconocimiento.

“Si bien el reconocimiento como comunidad nativa es de hace 26 años, en realidad la lucha por su titulación viene de antes. Su primer libro de actas es de los años ochenta. Entonces estamos hablando de más de tres décadas de espera. Las muertes, la invasión de sus tierras y las otras amenazas producto de la ilegalidad son responsabilidad del gobierno peruano en todos sus niveles, desde el local hasta el nacional”, indica Carmen Loyola, especialista socioambiental del IBC.

Es precisamente la falta de seguridad jurídica —indica Loyola— que ha permitido la mutilación del territorio de Unipacuyacu, los asesinatos y amedrentamientos a defensores indígenas, el crecimiento del narcotráfico, la tala y minería ilegales.

Un equipo de Mongabay Latam registró en imágenes la deforestación en la comunidad y una presunta pista clandestina de aterrizaje, que —según fuentes consultadas— se utiliza para el transporte de droga.

“En el caso de los pueblos indígenas, la seguridad jurídica es mucho más importante porque lo que hace es garantizar su entorno de vida y asegurarles los recursos para que puedan vivir en paz y tranquilidad. Sin esa seguridad jurídica, la tierra puede ser vendida o utilizada sin que las comunidades sean avisadas”, explica Álvaro Másquez Salvador, del área de Litigio Constitucional y Pueblos Indígenas del Instituto de Defensa Legal (IDL).

Unipacuyacu solicita la titulación de 22 745 hectáreas, pero, según el análisis realizado por Mongabay Latam, unas 1 159 hectáreas han sido ocupadas por cultivos ilegales de coca, 4 829 por la minería ilegal y 5 367 han sido deforestadas: una devastación total de 11 356 hectáreas.

“Más de 11 mil hectáreas están ocupadas por nuevos caseríos y centros poblados, todos ellos avalados por los alcaldes de la zona. Tenemos información que muchos pobladores del distrito de Codo de Pozuzo vendieron tierras de Unipacuyacu a gente de fuera, algo que debería ser imposible porque este territorio no tiene título de propiedad”, comenta Loyola.

Los pobladores indígenas de Unipacuyacu cuentan que sus tierras no solo fueron invadidas por foráneos, sino que, como lo muestra el mapa elaborado por Mongabay Latam, por lo menos la mitad de su territorio ha sido deforestado, y en varias de estas hectáreas ahora se desarrolla el cultivo ilícito de hoja de coca y la minería ilegal.

“Estamos contaminados porque en toda esa zona la gente que trabaja en actividades ilícitas bota químicos y contamina el agua. El otro problema es la deforestación de nuestro territorio; deforestan bosques para la siembra de pasto y coca en grandes extensiones”, denuncia uno de los habitantes de la comunidad, cuyo nombre se reserva por su seguridad.

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Sin fecha de titulación

Este mes se cumplen 42 años desde que los kakataibos se asentaron en Unipacuyacu y lejos de ver el crecimiento del pueblo, sus miembros sienten que el espacio se reduce cada vez más para las 53 familias —251 personas según datos del IBC— que viven en la comunidad. Muchas han abandonado sus casas y terrenos por el constante peligro de muerte y no ver progreso en la comunidad, apenas tienen una escuelita primaria y no cuenta con puesto de salud. Los que quedan, en algunos casos, comparten la misma casa con sus hijos e hijas ya casados y las familias de estos porque no tienen terrenos o materiales para armar las viviendas.

“Nos contamina el aire, el agua, la tierra. No podemos ir ni al monte a buscar nuestro remedio ni soga ni madera para nuestras casas y canoas porque prácticamente no hay, toda la madera buena ya la han tumbado”, cuenta un comunero.

Los pobladores indígenas de Unipacuyacu afirman que durante la pandemia, desde marzo del 2020 y lo que va del 2021, los problemas que los aquejan se agudizaron, sobre todo en materia de comunicaciones, educación, salud y economía, porque “la comunidad está en un sitio muy aislado”.

“Cuando elaboran la coca hacen mezclas con sustancias contaminantes y lo botan en nuestro río, eso nos causa enfermedades. Nuestros niños tienen problemas estomacales y ni siquiera tenemos una posta. Hace poco mi nieto se enfermó y no teníamos dónde ni cómo llevarlo”, narra en lengua kakataibo una madre y abuela de la comunidad. Durante la pandemia cada uno de los jefes de la comunidad y varios comuneros han sido amenazados: “Estos colonos que nos invaden nos amenazan y nos dicen que somos muy poquitos y que nos van a terminar. No podemos entrar al bosque, ni a pescar, porque ponen trampas; hasta nuestras chacras las cierran”, cuenta.

Hasta el momento no hay fechas claras sobre el proceso de titulación de Unipacuyacu. En el 2018, tras la elaboración de un informe sobre la titulación de las comunidades campesinas y nativas a nivel nacional, la Defensoría del Pueblo expresó su preocupación por la falta de atención a las comunidades nativas Unipacuyacu, Nueva Austria y Nueva Alianza de Honoria, las tres en la provincia de Puerto Inca. En ese momento recomendó impulsar la titulación de sus tierras comunales, la suspensión de la entrega de derechos por predios rurales individuales que puedan propiciar controversias durante las acciones en favor de la titulación y la revisión de los derechos entregados previamente. Asimismo, recomendó a la Contraloría General de la República del Perú realizar acciones para disminuir la demora en la atención de las solicitudes de las comunidades.

“El diagnóstico socioambiental de Unipacuyacu está listo desde fines del año pasado. Tenemos claro que en esta comunidad hay un historial de conflictos sociales por la invasión de su territorio. Una de las versiones es que anteriores jefes (de la comunidad) han permitido el ingreso de esas personas que manifiestan haber comprado terrenos, pero deben saber que las comunidades nativas no pueden vender sus territorios porque esas tierras están destinadas a pueblos indígenas u originarios”, comenta Aldo López Rodríguez, director de Comunidades de la Dirección Regional de Agricultura de Huánuco.

El funcionario asegura que en enero pasado se tenía planeado iniciar la georreferenciación del territorio de Unipacuyacu, pero hubo retrasos en la actualización del convenio entre el gobierno peruano y el Banco Interamericano de Desarrollo, y con ello en las transferencias de dinero para continuar con el proyecto de Catastro, Titulación y registro de tierras rurales en el Perú Tercera Etapa (PTRT3).

“El gobierno regional —aclara López— no cuenta con presupuesto para poder financiar estos trabajos. Una vez que se haga la transferencia, la empresa a cargo podrá continuar con el trabajo de campo, que consiste en establecer los linderos de la comunidad en acuerdo con el diagnóstico físico y legal”.

Sin embargo, el mismo gobierno regional y los municipios locales y provinciales son señalados por las comunidades como los responsables de todo el retraso y el favorecimiento y creación de caseríos dentro de predios indígenas.

“No podemos hablar por anteriores gestiones, pero respecto a esta gestión (que inició en el 2019) existe el compromiso de realizar lo más pronto la titulación de las comunidades, entre ellas Unipacuyacu. Sin embargo, la pandemia y el cambio de autoridades también ha retrasado el proyecto”, precisa López y comenta que luego de la delimitación del terreno solo quedaría la inscripción en Registros Públicos y la emisión del título de propiedad de Unipacuyacu.

“Nos dicen para qué queremos tanto territorio sino lo trabajamos, pero nosotros como indígenas solo queremos vivir rodeados de un ambiente sano y reservar nuestros recursos naturales. Nuestras casas, nuestra pesca, nuestra medicina, nuestro alimento están acá, en nuestra tierra”, afirma un poblador indígena kakataibo.

Mientras continúen luchando por su titulación, los residentes de Unipacuyacu seguirán soportando los problemas ligados a la tala, minería ilegal y al narcotráfico: “Muchos de nuestros líderes ya no están por esta lucha, pero eso nos da el valor para seguir luchando, para ver algún día a nuestra tierra titulada. Para nuestros hijos, para que nuestra comunidad pueda marchar”.

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El asesinato de su líder no frena las amenazas

Las amenazas que detallan especialistas y pobladores indígenas de Unipacuyacu las tenía muy claras Arbildo Meléndez Grandes, apu de la comunidad que entre 2017 y 2020 denunció la situación de su pueblo y lideró la lucha por su titulación.

Meléndez, quien junto con su familia ya había recibido amenazas de muerte, fue asesinado el 12 de abril del 2020. Fue el primer líder indígena y defensor ambiental asesinado en Perú durante la pandemia por el Covid-19.

“En el Perú se han reportado, por lo menos, 14 asesinatos de defensores indígenas y ambientales desde que empezó la pandemia; 11 de ellos en contexto de economías ilegales; tres por la violencia policial. De los asesinados por organizaciones criminales dedicadas a económicas ilegales, cuatro fueron del pueblo Kakataibo (Arbildo Meléndez, Santiago Vega, Yenes Ríos y Herasmo García), eso lo hace el más afectado de la Amazonía peruana”, advierte Másquez.

El especialista de IDL señala que “la pandemia ha incrementado la vulnerabilidad y la violencia contra líderes indígenas y, en general, contra los pueblos de la Amazonía, pues redujo más la presencia policial, los servicios públicos, los programas de gobierno, la presencia del Estado peruano. Esta ausencia, en grandes extensiones del territorio, está siendo aprovechada sobre todo por economías ilegales, como el narcotráfico, la tala y la minería ilegales”.

El apu Arbildo Meléndez se enfrentaba a esos problemas y defendía su territorio ancestral, por eso había sido amenazado por personas dedicadas al narcotráfico y la tala ilegal. Esto se le informó a Michael Forst, relator especial de las Naciones Unidas sobre la situación de los defensores y defensoras de derechos humanos, durante su visita al Perú, entre el 21 de enero y el 3 febrero del 2020.

En aquella ocasión, Forst recomendó al Estado peruano medidas que aseguren el reconocimiento legal de las tierras ancestrales de los pueblos indígenas, mediante el otorgamiento y registro de los títulos de propiedad. Pero poco o nada se hizo para reducir el riesgo que enfrentaban los líderes indígenas como Arbildo Meléndez. Unos días después del asesinato, el colono Redy Ibarra Córdova confesó el crimen, fue detenido y liberado casi inmediatamente.

En ese momento la fiscal a cargo del caso, Verónica Julca, de la Fiscalía Penal Corporativa de Puerto Inca, quien inicialmente había solicitado nueve meses de prisión preventiva, dijo a Mongabay Latam que Ibarra fue liberado porque no habían suficientes pruebas para considerar que se trataba de un homicidio calificado en grado de alevosía. Para el juzgado se trataba de un homicidio culposo, cuya pena varía entre cuatro y seis años de prisión, y por ello dictó comparecencia restringida.

Hace unas semanas se emitió una orden de captura contra el asesino confeso porque incumplió con los requerimientos de su libertad condicional y ahora se encuentra en calidad de prófugo. La viuda y los cuatro hijos —de entre cinco y 13 años— de Arbildo Meléndez viven escondiéndose por temor a las represalias.

“El señor ya tiene una orden de captura porque incumplió con los plazos que le dieron para firmar mientras se encontraba en libertad. Las investigaciones están lentas por la situación que vive el país y los nombramientos de autoridades. Solo estamos esperando que las cosas se estabilicen para que el proceso continúe”, cuenta en una entrevista la viuda de Meléndez, Zulema Guevara. Desde la muerte de su esposo ha recibido cuatro amenazas más.

“Fue terrible para mi pasar esas situaciones —comenta Guevara—, por eso pedí que la carpeta fiscal sea trasladada a Pucallpa y tuve que dejar mi casa y mi chacra en Unipacuyacu. Ahora vivimos escondiéndonos para proteger a mis hijos, porque sé que las personas que ordenaron la muerte de mi esposo siguen operando”.

Días después del asesinato del apu de Unipacuyacu, la Defensoría del Pueblo solicitó al Ministerio de Justicia la activación del procedimiento de Alerta Temprana del Protocolo, en favor de Zulema Guevara y sus hijos. Ellos, incluso, habían sido víctimas de un atentado antes del crimen del líder indígena de Unipacuyacu. Sin embargo, según cuenta Guevara, la protección que reciben es casi nula.

“El año pasado el fiscal Jorge Agredo realizaba los monitoreos de mi situación y mis traslados eran con policías, pero después el juez ordenó que solo hagan sus rondas por mi casa. Ellos no hacen las rondas, solo vienen a pedir que les firme la verificación y en la última vez les dije que no volvería a firmar si no cumplen con su trabajo. Es lo único que pido”, narra Guevara y la voz se le quiebra, pues desde que murió su esposo es ella la que sostiene económicamente a su familia.

“Los líderes indígenas morían y nadie decía nada. Asesinaron a Edwin Chota y no hay nadie encarcelado, lo mismo con Arbildo Meléndez. En este momento hay muchos líderes que están siendo amenazados, pero no quieren hablar ni denunciar porque tienen mucho miedo por su vida y la de su familia, y es comprensible. Yo, así como Arbildo, sé las consecuencias de salir a denunciar los actos ilícitos en nuestros territorios, pero seguiré luchando, aunque me cueste la vida”, afirma el presidente de la Federación Nativa de Comunidades Kakataibo (Fenacoka), Herlín Odicio, a quien en julio de este año le aprobaron la activación del procedimiento de alerta temprana que establece patrullajes policiales, así como una asistencia legal, a través de la Dirección General de Defensa Pública y Acceso a la Justicia del Ministerio de Justicia.

“Para mí es lo mismo de siempre, tengo que viajar y lo hago solo. Se supone que hacen patrullaje por mi oficina, pero apenas los veo. Siento que mi voz de protesta y la de mis hermanos indígenas no les interesa nada, porque nada se ha hablado por parte del gobierno sobre el narcotráfico y las invasiones de tierra en la selva peruana”, lamenta Odicio.

Carmen Loyola recuerda que el crimen de Arbildo Meléndez no fue el único en Unipacuyacu: “En el 2010 fue asesinado el agente municipal y su hijo de cuatro años; tiempo después, el testigo de ese crimen desapareció y luego Justo Gonzáles, abuelo político de Arbildo, fue ahogado en el río”.

Según los comuneros, los amedrentamientos continúan. Además, dirigentes indígenas y otras fuentes locales consultadas —que piden mantener sus nombres en reserva— coinciden en que luego del asesinato de Meléndez la deforestación, los cultivos ilegales de hoja de coca y las pozas de maceración se extendieron e incluso se abrieron tres pistas de aterrizaje clandestinas.

“Son varios los líderes asesinados casi como animales, y solo por proteger sus territorios. Somos varias mujeres de comunidades indígenas que hemos quedado en estado de abandono. Nosotras nos dedicábamos a nuestras comunidades y ahora hemos huido porque es en nuestras comunidades donde está la amenaza, ahí está el riesgo. Lo único que pido al Estado es que nos ayuden, hay tantos ministerios, tantos programas, y nosotras y nuestros hijos estamos abandonados”, dice Zulema Guevara.

Según fuentes consultadas para este reportaje, en este momento ocho comuneros y líderes kakataibo se encuentran amenazados de muerte por parte de grupos relacionados con el narcotráfico, incluso algunos se han visto obligados a abandonar sus comunidades.

“Por todo lo que viene ocurriendo, los indígenas del pueblo Kakataibo son los que tienen mayor riesgo en toda la Amazonía peruana de ser asesinados en sus propias tierras por cualquier organización vinculada al narcotráfico o la tala ilegal”, advierte Másquez.

Después del asesinato de Arbildo Meléndez, parecía que las amenazas “se habían calmado un poco, pero porque estábamos desorganizados. Ahora que estamos saliendo a conversar con las autoridades tenemos miedo por nuestra vida y la de nuestra familia. El temor te causa confusión, te debilita”, señala uno de los pobladores de Unipacuyacu.

Imagen principal: Los comuneros sospechan de la presencia de una pista de aterrizaje cerca de su comunidad, debido al sobrevuelo constante de avionetas. Un equipo de Mongabay Latam registró con un drone esta pista clandestina, que estaría en proceso de construcción y ubicada a un kilómetro y medio de Unipacuyacu,. Foto: Christian Ugarte.

El artículo original fue publicado por Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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