El día de ayer despertamos con una gratificante noticia para todas las mujeres y sus derechos reproductivos. Y es que tras una continua discusión sobre la falta de acceso gratuito a métodos anticonceptivos, el Tribunal Constitucional aprobó un decreto oficial que le exige al Estado distribuir el medicamento Levonorgestrel, también conocido como la píldora del día siguiente, de forma gratuita y en todos los establecimientos de salud pública. Esta resolución se da tras la demanda interpuesta por una ciudadana contra el Ministerio de Salud, en la que señalaba que sus derechos reproductivos fueron vulnerados por el Estado.
El Ministerio de Salud deberá entregar gratuitamente la píldora del día siguiente
Luego del proceso legal que inició la ciudadana Violeta Cristina Gómez Hinostroza, demandando al Estado peruano por haber vulnerado sus derechos reproductivos y su derecho a recibir información, a la igualdad y a no ser discriminada; el Tribunal Constitucional ha aprobado un decreto que hace imperativo que las mujeres tengan a su alcance toda la información y los métodos anticonceptivos que el Estado les pueda suministrar.
Asimismo, este órgano supremo recalca la importancia de dar a conocer los derechos reproductivos de las mujeres. Desde reconocer que las personas pueden decidir si tienen hijos, hasta la elección de la persona con la que desea tener hijos, o elegir el método anticonceptivo que usarán.
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¿Cuándo se dejó de entregar gratuitamente la píldora del día siguiente?
En 2009, el Tribunal Constitucional peruano detuvo la distribución gratuita de las píldoras del día siguiente, estableciendo que el inicio de la vida humana se producía con el ingreso del espermatozoide al óvulo. Es decir, la fusión de la célula materna y paterna -fecundación- señalaba como el instante en el que se origina el huevo o cigoto humano.
Luego de esa polémica decisión, llamaba la atención que la píldora no se distribuía gratuitamente, pero sí se comercializa en boticas y farmacias, generando así una forma de discriminación indirecta, al prohibir la distribución gratuita de este anticonceptivo oral de emergencia.
Esto provocaba que las personas de escasos recursos no puedan acceder a la píldora del día siguiente, violando derechos reproductivos, ya que las mujeres no contaban con mecanismos para no tener un hijo no deseado.
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