"Diera la impresión, sin embargo, que a través de las últimas disposiciones emitidas por el Ejecutivo lo que se pretende es mantener el statu quo o, lo que es peor, promover que todo el mundo se convierta o mantenga en la informalidad", señala el abogado.
"Diera la impresión, sin embargo, que a través de las últimas disposiciones emitidas por el Ejecutivo lo que se pretende es mantener el statu quo o, lo que es peor, promover que todo el mundo se convierta o mantenga en la informalidad", señala el abogado.
David Kuroiwa

La cuarentena y el aislamiento social obligatorio han generado que presenciemos un incremento inusitado, particularmente en el sector informal, del uso de plataformas de compras a distancia en distintos mercados. Si bien, antes del COVID-19, ya algunos peruanos habíamos experimentado con los medios antes mencionados (el clásico delivery o las apps), tanto las empresas como los consumidores nos habíamos acostumbrado a realizar dichas actividades a la antigua usanza, es decir, de manera presencial.

El COVID-19, sin embargo, ha cambiado abruptamente nuestras costumbres, dado que ahora buscamos priorizar nuestra seguridad y salud. Si bien hay una tarea pendiente en permitir que cada vez más personas puedan acceder a estas herramientas, este tipo de plataformas han surgido como una alternativa razonable ante este clima de incertidumbre sanitaria.

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Lamentablemente, este proceso de adaptación, que afecta a muchos consumidores y proveedores, es una experiencia que algunas autoridades han enfrentado (sin mucho éxito) desde antes de la aparición del COVID-19 en nuestro país. Así, salvo honrosas excepciones, no ha sido extraño encontrarse con disposiciones o criterios anacrónicos por parte de las autoridades respecto a la regulación de este tipo de herramientas, los cuales, lejos de permitir una adecuada integración, han generado una mayor desconfianza en la población. Este manejo inadecuado por parte de las autoridades, particularmente en este contexto extraordinario, puede tener un efecto contraproducente a aquel que se desea: que los consumidores busquen alternativas físicas para efectuar sus consumos o que el sector informal no adopte medidas sanitarias adecuadas. Creemos, sin embargo, que no todo está perdido.

Creemos que este es el momento oportuno para adecuar la legislación y los criterios de las autoridades a la realidad que enfrentamos, de manera que se pueda atenuar el impacto de la pandemia y promover la reactivación económica. ¿Cuál debería ser el norte de estas medidas? Analizando las experiencias pasadas, es recomendable enfocar los esfuerzos en hacer las normas más prácticas y de fácil cumplimiento para el actual sector informal, ello, desde luego, sin afectar los derechos ni la salud de los consumidores.

Por un lado, se debería eliminar disposiciones anacrónicas que no generan beneficio alguno al consumidor y que generan costos al proveedor. Un ejemplo de muchos, el sancionar a un proveedor por colocar el precio en moneda nacional con caracteres más pequeños de aquellos que se utilizaron para anunciar el precio en moneda extranjera, ello pese a que los dos son fácilmente visibles por el consumidor. Un formalismo que no beneficia al consumidor y genera costos innecesarios al proveedor (impidiendo un uso adecuado del espacio publicitario).

Por otro lado, es necesario corregir a nivel normativo criterios formalistas y rígidos que se están dando en materia de protección al consumidor, algo que ya se ha hecho anteriormente a través del Decreto Legislativo 1308 que modificó el Código de Consumo. Por ejemplo, podrían establecerse reglas claras respecto a los proveedores del transporte de bienes y servicios a pedido del usuario, donde podría ser cuestionable responsabilizar a la empresa de transporte por algún defecto que tenga el producto que únicamente se han limitado a recoger.

Diera la impresión, sin embargo, que a través de las últimas disposiciones emitidas por el Ejecutivo lo que se pretende es mantener el statu quo o, lo que es peor, promover que todo el mundo se convierta o mantenga en la informalidad. Así, se han impuesto requisitos, exigencias y barreras tan altas que sólo permiten que un puñado de empresas puedan cumplirlas. De esta manera, más que permitirse la integración de un mayor número de empresas al comercio electrónico, lo que está generándose es que realizar este tipo de actividades se convierta en un privilegio de algunos pocos.

Es necesario que las políticas se adecúen a la realidad del país. Estas medidas no deben ser costosas, complicadas o de difícil implementación. En la actualidad un gran número de personas y empresas informales ya se encuentra prestando servicios, por lo que se debe procurar generar incentivos para que ellos den un paso hacia la formalidad y, de esta manera, se proteja a un mayor número de consumidores.

Como hemos indicado, este es el momento adecuado para que se adopten las medidas necesarias en materia de protección al consumidor, dado que dicha regulación incidirá directamente en las decisiones que adopten los consumidores y empresas en este contexto tan complicado. Así, lo que debe buscarse es que estas medidas generen un ambiente de predictibilidad y confianza, de manera que se incentive el empleo de estas herramientas tanto de las empresas como particularmente de la población. Mientras más tiempo transcurra siendo ajenos a la realidad del comercio del país, particularmente en el sector informal y de la pequeña o mediana empresa, más difícil será poder recuperar dicho sector. Es ahora o nunca.

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