¿Qué hacemos con los municipios?, porJosé Carlos Saavedra

(José Carlos Saavedra, socio y economista principal de Apoyo Consultoría) Una indudable particularidad de la organización del Estado Peruano es la enorme cantidad de municipios, organismos autónomos que se encargan de los servicios públicos que están más cerca de la población, como la limpieza y seguridad. Son más de 1.800 municipios y cada uno gobierna, en promedio, a solo 17 mil personas. Ese tamaño promedio es menor que en Chile y México (49 mil) y que en Colombia (42 mil).

Pero además resaltan las enormes diferencias de tamaño y de recursos entre municipalidades, a pesar de tener las mismas responsabilidades. San Juan de Lurigancho tiene más de un millón de habitantes, mientras que cerca de 1.000 municipios tienen menos de 5.000 habitantes.

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¿Qué efectos tiene esta atomización sobre la calidad de los servicios públicos? Como todo, hay ventajas y desventajas. En teoría, la principal ventaja es que acerca el Gobierno al ciudadano. Así como es preferible tener menos alumnos por profesor, tener una menor población por municipalidad debería permitir que esta responda mejor a las necesidades específicas de la gente, y que el proceso de consulta y rendición de cuentas sea más efectivo. Eso debería llevar a tener mejores servicios públicos.

Sin embargo, con la gran cantidad de municipios también surgen dos desventajas. La primera es la falta de escala para proveer buenos servicios con viabilidad financiera. La segunda es la dificultad de fiscalizar innumerables contratos y equipos, con el fin de evitar actos de corrupción, o decisiones arbitrarias que conviertan los trámites municipales en serias trabas para la sociedad.

Seguramente en algunos casos el balance de ventajas y desventajas es positivo, pero la evidencia de los últimos años sugiere que en muchos otros no lo es. Los municipios son una fuente importante de barreras burocráticas y tienen problemas de ejecución de obras públicas que afectan la calidad de los servicios que brindan. Según un estudio realizado por el Consejo Privado de Competitividad, en 9 de las 25 regiones la disponibilidad de agua es menor a 15 horas diarias, y en 19 regiones, menos del 30% de los hogares recibe agua con el nivel adecuado de cloro. Asimismo, la corrupción parece haberse extendido de manera alarmante. En un artículo reciente en este Diario, Roberto Abusada mencionó que en el 2017 “la Procuraduría Especializada en Delitos de Corrupción contaba a 462 alcaldes distritales involucrados en procesos de corrupción y a más de la mitad de todos los alcaldes provinciales en la misma situación”. 

Por este motivo, vale la pena preguntarnos cuál podría ser la mejor solución. ¿Establecer una escala mínima para los gobiernos municipales? ¿Reducir las competencias de los municipios y empoderar a los gobiernos provinciales? ¿Incentivar la agrupación de municipalidades para la contratación de servicios que atiendan distritos colindantes? El problema es complejo, pero tenemos que pensar en algo para mejorar la calidad de los servicios públicos más elementales para la población.