Arbizu y sus falacias, por María Cecilia Villegas Otero

En un artículo del 15 de mayo, el ex procurador un sistema de justicia todavía entregado a los designios de la organización criminal que tomó el Estado durante el gobierno de Fujimori fue renuente a la investigación de estos casos”. Cabría recordarle que ese gobierno terminó hace 14 años y que le siguieron tres regímenes democráticos. ¿Puede sostenerse que el Poder Judicial sigue aún entregado a Fujimori? 

Por años, la izquierda ha aseverado –sin evidencia– que se implementó una política pública donde se “esterilizó forzosamente a 300 mil mujeres”. Este artículo aclarará –con evidencia– la verdad sobre el Programa de Salud Reproductiva y Planificación Familiar (PSRPF), implementado entre 1996 y el 2000.

Este fue diseñado para reducir las altas tasas de mortalidad materno-infantil en los segmentos más pobres, sobre todo del interior, pues sus indicadores de salud eran entre tres y cinco veces peores que en Lima: si en Lima la mortalidad materna era de 185 por 100.000 nacidos vivos, en Ayacucho era de 1.039. Si en Lima morían 26 niños por cada 1.000 nacidos vivos, en Huancavelica morían 106 y si la tasa de fertilidad en Lima era de 2,6, en Huancavelica era de 6,5 hijos por mujer. Solo uno de cada cinco nacimientos ocurría en un hospital. En 1993, hubo 1.670 muertes maternas, esto es una cada cinco horas.

El PSRPF permitió que las mujeres más pobres accediesen a servicios de salud reproductiva gratuita, lo que benefició a 850.000 familias al año entre 1996 y 2000. Y no solo ofrecía AQV (ligaduras) sino que proveía de todos los métodos anticonceptivos disponibles. En 1997, solo el 13% eligió una AQV; el 33,6%, Depo-Provera; el 20%, píldora; 16%, DIU y 12%, condones. ¡El 87% de los beneficiarios eligió una opción distinta a la AQV! Como resultado, se redujo la mortalidad materna en 30%. 

Por otro lado, las investigaciones de Rocío Villanueva Flores para la Defensoría del Pueblo (DP) sobre el PSRPF confirman en su Informe 69 que, de 773 quejas, solo 35 fueron por esterilizaciones sin consentimiento (y diez declaradas infundadas). ¿Sabía que durante el gobierno de Toledo se realizaron 26 esterilizaciones sin consentimiento? La DP ha documentado aproximadamente 150 casos de esterilizaciones sin consentimiento. Entonces, ¿de dónde salen esas 300.000 “esterilizaciones forzadas” que denuncian? 

En enero, la fiscalía encontró responsabilidad penal en los médicos que practicaron las esterilizaciones sin consentimiento. Además, ordenó investigar a los jueces y fiscales que impidieron el acceso a la justicia de las víctimas. Pero no encontró responsabilidad en Fujimori ni en sus ministros. El fiscal Guzmán explicó que “la única manera de responsabilizar a Fujimori es con la autoría mediata y, según el Tribunal Constitucional, no concurren los requisitos de esta, dado que no hay estructura rígida vertical, pues no es posible obligar a un médico a operar contra su voluntad”. ¿Qué evidencia entonces hay que el PSRPF fue una política de esterilización masiva?

La izquierda ha impulsado una campaña politizada para golpear a quienes implementaron el PSRPF. Por desgracia, a ella se auparon periodistas y opinólogos desinformados y sin conocimiento de políticas públicas. ¿Qué están buscando? ¿Encontrar la verdad y hacer justicia o estas poco importan cuando se quiere que Fujimori y sus ministros sean culpables? Cuando se quiere encontrar responsabilidad penal aunque esta no exista, tenemos una persecución política.