Las autoridades cambian, los retos siguen, por Hugo Ñopo

Esta semana se hizo oficial el cambio de autoridad en la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu). Como era de esperarse, surgieron algunas voces a favor y otras en contra. Mas allá de las personas, vale la pena discutir los retos de política pendientes para la mejora del sistema universitario.

La urgencia dentro de nuestro sistema está en priorizar la calidad sobre la cantidad. Hoy, el país cuenta con aproximadamente 700.000 personas formadas en pedagogía, pero hay trabajo para poco menos de 500.000. Las restantes están desempleadas o subempleadas. Algo similar pasa con los abogados, contadores, administradores y varios otros profesionales.

Pablo Lavado, Gustavo Yamada y Joan J. Martínez, de la Universidad del Pacífico, han documentado la situación. Poco más de 40% de los profesionales en el Perú están subempleados. Esto quiere decir que trabajan en ocupaciones de menor calificación que la adquirida en la universidad. Esto es preocupante porque en el 2004 el subempleo alcanzaba menos de 30%. La situación viene escalando aceleradamente.

Que el aumento del subempleo coincida con la proliferación de la oferta universitaria no es casualidad. Es que la explosión en tal oferta ha sido de calidad muy heterogénea. Lavado y sus coautores encuentran en el mismo estudio que la probabilidad de estar subempleado aumentó a partir de la desregulación del mercado y de manera más marcada entre quienes asistieron a universidades de menor calidad.

Con este diagnóstico, hay dos puntos en la agenda política en los que la recomendación es clara. El primero de ellos –y el más urgente– es el de la moratoria. Llevamos muchas semanas esperando la votación en el Congreso. Es importante mantener la prohibición de creación de nuevas universidades. No necesitamos más, necesitamos mejores.

Hay quienes argumentan que esta prohibición atenta contra la libertad que requieren los mercados para su funcionamiento eficiente. Lamentablemente, estas voces ignoran las múltiples limitaciones de los mercados de servicios educativos. Tratándose de mercados que difieren mucho de la situación de un libro de texto, requieren un tratamiento especial. Lo explico con una analogía.

En los mercados financieros existe el consenso de que, si una institución grande está en riesgo de quiebra, esta debe ser rescatada. Ha sucedido en años recientes, en el Perú y en varios mercados desarrollados. Esto se conoce comúnmente en inglés como “Too big to fail” (muy grande para que falle).

De manera análoga, una universidad debería ser “too big to fail” para una sociedad. El costo en términos de esperanzas e ilusiones de jóvenes en la flor de su edad, así como la inversión de sus familias, es enorme. Esto debería justificar que el cierre de una universidad suceda únicamente en casos extremos de pésima calidad o comisión de delitos. Entonces, deberíamos ser muy cautelosos en la aprobación de creación de nuevas universidades.

Esta analogía resulta útil también para presentar el segundo punto de la agenda de políticas que requieren atención: el licenciamiento. La discusión pública de las últimas semanas se ha concentrado en pedir que se acelere el proceso de licenciamiento. Esto, en un gobierno que cree en el destrabe como elemento fundacional de políticas públicas, puede llevarnos al error.

Acelerar el licenciamiento es ignorar el rol formativo y de planeamiento dentro de las universidades. Repensar su visión, revisar el funcionamiento de sus instituciones, reorganizar sus procesos, designar nuevas autoridades, y adecuarse al nuevo modelo de calidad son todas tareas que deberían tomar tiempo dentro de las universidades. En este caso el proceso importa, no solamente el resultado.

Además, siguiendo con la analogía de los mercados financieros, vale la pena recordar que los trámites para obtener las licencias de funcionamiento para un nuevo banco pueden tomar meses y hasta años. Si un agente económico es tan importante como para no dejarlo fallar es importante asegurarnos de que entren al mercado solo los que demuestran cierta solidez.

Acelerar los licenciamientos nos puede llevar a correr el riesgo de desvirtuar su función. Ante la pregunta por los tiempos de licenciamiento, antes de acusar a la Sunedu de lenta o burocrática, valdría la pena preguntarse por la capacidad de las universidades de hacer frente al proceso. Ahí hay refuerzos por hacer.

Antes de cerrar, volvamos al diagnóstico de exceso de profesionales en ciertos saberes. La otra cara de esta misma moneda es la casi inexistente formación de profesionales en saberes básicos, tanto de las ciencias (matemáticos, estadísticos, actuarios) como las humanidades (filósofos, lingüistas, historiadores); y las tecnologías de avanzada (físicos nucleares).

Las universidades que persiguen lucro no ofrecen formación en estas especialidades. En los saberes básicos probablemente esto se deba a la falta de una libre demanda. En las tecnologías de avanzada, el limitante está en los costos extremadamente altos de crear tales especialidades. En todos estos casos, los mercados están fallando en proveer los profesionales que necesitamos para el futuro. La superintendencia debe hacer algo para corregir estas fallas.

Por último, pero no menos importante, es hora de ponerle un candado a los beneficios tributarios de las universidades. Las altas rentabilidades de sus negocios privados no justifican los tratos especiales que, al final de cuentas, pagamos todos los peruanos.