Causas sociales de la corrupción, por Enrique Bernales

Tiene razón el presidente Pedro Pablo Kuczynski cuando califica la corrupción en el país como “estructural”. El concepto tiene que ver principalmente con los comportamientos e instituciones de la sociedad.

La tesis no es limpiar de responsabilidad al Estado, por la corrupción que afecta a la gestión pública. De lo que se trata es de entender que ella tiene su origen en patrones de comportamiento social, proclives a la permisibilidad con conductas antisociales que son causa de delitos en el seno de la sociedad o de utilización del Estado como botín para el enriquecimiento indebido. Este tipo de problemas no se resuelve apelando a medidas exclusivamente jurídicas.

Con la Revolución Francesa, el monárquico “el Estado soy yo” fue reemplazado por el “nosotros somos el Estado”, que desplaza hacia el pueblo el poder de ser la autoridad soberana de la que nace el Estado democrático, social y constitucional.

Un siglo antes, Thomas Hobbes, partiendo del racionalismo cartesiano, preconizaba la necesidad de una autoridad que permitiese el paso del estado de naturaleza al estado de sociedad civil. En el primero, que según Hobbes es el originario del hombre, prima la confrontación, la guerra por la sobrevivencia: “Cada hombre es un lobo para todo otro hombre”. Como nada puede perpetuarse en esa situación, surge el pacto de creación de una autoridad superior (“Leviatán”) que, concentrando el poder, impone orden, seguridad y paz. En síntesis, el Estado nace del acuerdo social y vendría a ser la sociedad organizada por un poder con capacidad de mando. 

Contemporáneamente, el concepto de “estructura” es usado por conocimientos como la filosofía, la economía, la ingeniería o la sociología, que estudian la forma y patrones de conducta que caracterizan a los grupos sociales que, en su conjunto, conforman una estructura donde se configura un sistema de interrelaciones.

Razonemos ahora sobre la corrupción como un fenómeno que presenta aspectos estructurales. Si esto es así, entonces lo que llamamos “corrupción del Estado” es en realidad “corrupción en el Estado”, que no es un mal congénito de este, sino el asalto a la sociedad y al Estado, por individuos o grupos de crimen organizado que debido a carencias y debilidades sociales internalizan conductas proclives al delito, que violan las reglas de la convivencia social ordenada y pacífica. Esto es, las reglas sociales, morales, jurídicas, religiosas, etc. 

¿Es el Estado guardián de todas estas reglas? De las jurídicas sí, pero las demás son responsabilidad principal de los miembros del cuerpo social y especialmente de la familia. ¿Qué corresponde al Estado en esas reglas de la sociedad? Pues proveer de adecuadas políticas sociales que permitan un desarrollo armónico de cada persona y de la sociedad.

En la educación, el Estado debe cooperar, en primer lugar, con la familia, porque a ella le corresponde la enseñanza básica que se transmite de padres a hijos, brindando los conocimientos que nos hacen humanos, comprensivos, inteligentes, adquirientes del don de la palabra, de la relación amigable. Es en el hogar donde aprendemos a rezar, a usar con rectitud la libertad individual, a internalizar los sentimientos de pertenencia, de amistad y de amor.

En todo esto no entra el Estado, pero sí en las ayudas de infraestructura, de horarios diversificados para que padres y madres que trabajan dispongan de tiempo para estar con sus hijos; atender a la salud, proporcionar ambientes adecuados para la recreación y la cultura, la socialización sana del deporte, y la solidaridad social. Cuando sociedad y Estado cumplen con sus deberes, los riesgos de corrupción en el sector público disminuyen sensiblemente. 

En conclusión, la recuperación de los valores inherentes a la vida familiar y una educación en la que el Estado provea de óptimas condiciones para la formación de niños, adolescentes y jóvenes. Se trata de exigencias fundamentales de la lucha contra la corrupción que afecta a la sociedad en su conjunto y, en consecuencia, al Estado. La receta es: leyes punitivas y reformas institucionales, las que sean necesarias, pero también el desarrollo socioeconómico para una vida digna en una sociedad y un Estado sanos.