La preocupante falta de diálogo social en el Perú

Según el documento “Diálogo social tripartito de ámbito nacional: Una guía de la OIT para una mejor gobernanza” del 2017, el diálogo social incluye todo tipo de negociación, consulta o intercambio de información entre los representantes de los gobiernos, las organizaciones de empleadores y los trabajadores o entre empleadores y trabajadores sobre temas de interés común relacionados con la política económica y social.

Tal como lo reconoce la OIT en el mencionado documento, el diálogo social y el tripartismo son valores fundamentales de esta organización centenaria del sistema de Naciones Unidas y casi todos sus Convenios y Recomendaciones promueven el diálogo social tripartito como un mecanismo para abordar una amplia variedad de cuestiones.

Con relación al tripartismo, el Convenio 144 sobre la Consulta Tripartita asegura que las opiniones de los interesados, es decir, de las organizaciones de trabajadores y de empleadores más representativas, sean tenidas en cuenta por el gobierno antes de tomar decisiones. En ese sentido, en muchos países este instrumento es el motor del diálogo sobre una gran variedad de temas que afecta el mundo del trabajo y la realidad nacional y demuestra su potencial para fortalecer el diálogo social a nivel nacional.

Teniendo presentes dichas definiciones, llama la atención que en lo que va del Gobierno del presidente Pedro Castillo, en lugar de tomar medidas que consoliden el diálogo social de buena fe como una forma de legitimar las reglas en el ámbito laboral, se impongan disposiciones de manera unilateral poniendo en riesgo la generación de empleo productivo y trabajo decente y el tránsito hacia la formalidad.

Las más graves incluyen la promulgación del Decreto Supremo N° 001-2022-TR (23/2/2022), mediante el cual se restringe la tercerización en las empresas y publicado al margen del Consejo Nacional de Trabajo y Promoción del Empleo (CNTPE); la prepublicación del Anteproyecto de Código de Trabajo (13/4/2022), evitando una discusión tripartita reflexiva y técnica que genere una propuesta que cautele derechos, pero que también asegure la sostenibilidad de las empresas incluidas las medianas, pequeñas y micro empresas; y, finalmente la publicación del Decreto Supremo N° 014-2022-TR (24/8/22) que reglamenta la Ley de Relaciones Colectivas, sustrayendo gran parte de los temas incluidos en la agenda consensuada para el abordaje del Anteproyecto del Código de Trabajo.

Con estas medidas es evidente que el Gobierno Peruano ha incumplido el Convenio 144 OIT sobre consulta tripartita, regulando unilateralmente materias como las contenidas en los Convenios de la OIT números 87 (libertad sindical) y 98 (negociación colectiva) ratificados voluntariamente por el Perú, que por su carácter fundamental exigen un diálogo abierto para su regulación.

Las organizaciones empresariales de América Latina se reunieron el 26 de agosto, a raíz de la situación del Perú y otros países como Nicaragua, Bolivia y El Salvador, y emitieron un comunicado a través de la Organización Internacional de Empleadores (OIE), la red del sector privado más amplia del mundo, mediante el que expresaron la gran preocupación por las dificultades que atraviesa el diálogo social hoy en día los mencionados países, manifestando que emplearán todos los mecanismos previstos por la propia OIT para que sea restablecido.