El mito de las sanciones económicas, por Óscar Vidarte

Hace unos días, Elliott Abrams, delegado especial de EE.UU. para Venezuela, amenazó al país caribeño con un nuevo paquete de sanciones económicas.

Más allá de servir como un mecanismo de presión, las sanciones económicas suelen ser una opción menos costosa que otras que podrían, incluso, tener un mayor impacto (por ejemplo, una intervención militar). De ahí que sea importante preguntarnos, ¿qué tan efectivas son realmente las sanciones económicas en escenarios como el venezolano?

De acuerdo a un estudio desarrollado por un grupo de investigadores del Peterson Institute for International Economics, las sanciones económicas no son tan exitosas para cambiar el comportamiento de un país como podríamos creer. Esto no significa que no funcionen, pero suelen no funcionar. De un análisis de todas las sanciones económicas implementadas a nivel internacional entre los años 1914 y 2000, solo pueden considerarse como exitosas el 34%.

Si el objetivo de las sanciones es promover pequeños cambios políticos, la efectividad se incrementa al 51%, pero si lo que se busca es el cambio de régimen, el éxito se reduce a 31%. Ahora, si analizamos los mismos intentos de cambio de régimen utilizando sanciones económicas a partir de 1989 (y no 1914), con el fin de la Guerra Fría la eficacia de estas medidas solo es del orden del 21%.

En otras palabras, el uso de sanciones económicas para hacer frente a situaciones como las que suceden en Venezuela es frecuente (por no decir que la mayor parte de las sanciones económicas tienen como objetivo el cambio de régimen y la democratización de los países), pero su resultado es más bien incierto.

En el caso venezolano, las sanciones económicas, desde tiempos de George W. Bush, estuvieron inicialmente dirigidas contra individuos vinculados al régimen chavista. Se priorizó el congelamiento de sus bienes y activos, así como la prohibición para realizar transacciones con ellos (además de restricciones para su ingreso a EE.UU.). Durante el gobierno del presidente Barack Obama, se fue bien claro en que los objetivos de las sanciones no buscaban afectar al pueblo venezolano.

No obstante, con la llegada de Nicolás Maduro al poder –que ha implicado el fin de la débil democracia venezolana–, y también de Donald Trump a la Casa Blanca, se han dado importantes cambios. El Gobierno Estadounidense ha tomado medidas financieras y en materia comercial que afectan directamente a Venezuela.

Primero, el gobierno de Trump buscó impedir que Venezuela adquiera nueva deuda o pueda renegociar su deuda ya contraída. En una situación de grave crisis, no poder acceder con facilidad a recursos o tener que utilizar los pocos recursos que se tienen para pagar deuda afecta aun más la economía del país.

Y, hace algunas semanas, la administración Trump ha congelado los activos de la empresa petrolera venezolana PDVSA, transfiriendo sus cuentas al “gobierno” del “presidente interino” Juan Guaidó. Técnicamente, no ha dejado de comprar petróleo a Venezuela. Pero si este dinero no va a quedar en manos del gobierno de Maduro, considerando que Venezuela es un país rentista (sobrevive principalmente de los ingresos del petróleo), es obvio que no tiene sentido para el régimen chavista venderle crudo a EE.UU.

Para Venezuela EE.UU. constituye alrededor de 40% de su mercado de petróleo. En el 2006 la dependencia de Venezuela a EE.UU. en términos energéticos era mayor, siendo del orden del 65%. Mientras que para EE.UU. las importaciones de petróleo venezolano representaban el 9% en el 2006, cayendo este porcentaje en los últimos años al 6%. Es evidente que hoy es menos costoso para EE.UU. cerrar el flujo de crudo proveniente de Venezuela que hace 15 o 20 años.

Más allá de la corrupción existente en Venezuela (que impide que los recursos beneficien al pueblo), las sanciones económicas van a afectar directamente a la población más vulnerable (la mayoría), que depende de la ayuda del Estado, profundizando la crisis y probablemente también otros procesos, como la migración de venezolanos al exterior. Por ello, si se cree que el empobrecimiento de la población, y todo lo que ello implica, va a tener como consecuencia la caída del régimen, no solo las evidencias dicen lo contrario, sino que resulta altamente inmoral.