"Se deberían aprovechar mecanismos de mayor transparencia y predictibilidad, como el Fondo de Inclusión Social Energético (FISE)" (Foto: Presidencia del Perú).
"Se deberían aprovechar mecanismos de mayor transparencia y predictibilidad, como el Fondo de Inclusión Social Energético (FISE)" (Foto: Presidencia del Perú).
Geraldine  Izaguirre López

Asociada Senior de Hernández & Cía. Abogados

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El presidente viene marcando el derrotero del sector hidrocarburos con dos anuncios que prometen beneficiar a las familias peruanas. El primero fue dado durante su mensaje de 28 de julio. Allí afirmó que participaría de toda la cadena de la industria petrolera a fin de evitar que este recurso llegase con precios elevados a los ciudadanos. El segundo acaba de ser comunicado el lunes, cuando el jefe de Estado señaló, vía mensaje a la nación, que el retornará al con el objetivo de contener su alza de precios.

Ahora, si bien se trata de dos medidas bien intencionadas, requieren ser evaluadas a la luz de un diagnóstico actual y real del sector . Este, por supuesto, se ve influenciado por los precios internacionales del petróleo y del GLP, el alza del tipo de cambio y las tragedias globales que vivimos como consecuencia del COVID-19 y la crisis climática.

En cuanto a la primera promesa, a pesar de que las políticas de aislamiento desaceleraron ciertas actividades económicas, lo que redujo el consumo diario de hidrocarburos, la oferta local es todavía insuficiente para atender la demanda interna, por lo que se requiere importar 210 mil barriles de petróleo por día. Esta importación se ve encarecida por el alza del dólar, por lo que, comparado con el 2020, este año se estima un gasto adicional de S/1,9 mil millones, sin contar con el incremento del precio internacional del barril.

Que Petro-Perú participe dentro de toda la cadena de la industria petrolera no representa una medida eficiente para romper con nuestra dependencia de la importación del crudo. Parece obviarse que la empresa petrolera estatal se encuentra todavía dentro de un proceso de aprendizaje como operador. Esto significa que no puede asumir todos los riesgos que supone la actividad de explotación, ya que su capacidad técnica en la gestión de lotes se encuentra limitada a las experiencias que tendrá en los lotes 192 y 64. Además, su capacidad financiera está comprometida por una deuda de aproximadamente US$5.400 millones por la modernización de la refinería de Talara.

En cuanto a la medida anunciada esta semana, el precio del GLP sufre un incremento por la alta demanda de China y el alza del dólar, que impacta en el precio mayorista de importación. Que el GLP retorne al FEPC tampoco es una medida eficiente. Por el contrario, como adelantó el presidente de Osinergmin, Jaime Mendoza, es contraproducente porque no se tiene capacidad estatal para fiscalizar que las empresas se peguen a la banda de precios, apelándose a un subsidio ciego. Según estimaciones del mismo organismo supervisor, el costo de esta medida podría significar hasta S/4 millones diarios pagados a productores e importadores, sin ningún beneficio para las familias peruanas y susceptible de crear un mercado informal sin trazabilidad.

Si bien las intenciones del mandatario pueden ser buenas, sus resultados no necesariamente serán los esperados. Lo que en realidad requerimos de este gobierno, en cambio, es solvencia técnica y sentido orientativo al momento de tomar decisiones para establecer una hoja de ruta para reactivar la producción nacional de hidrocarburos. También se deberían aprovechar mecanismos de mayor transparencia y predictibilidad, como el Fondo de Inclusión Social Energético (FISE), para trasladar a la población peruana la prometida rentabilidad económica y social. Está en manos del Ejecutivo transformar estas iniciativas en verdaderas oportunidades para acceder a energía asequible y sostenible.