No convence, por Enrique Bernales Ballesteros

Las elecciones generales solían ser una fiesta, no por el canto y el baile, sino por las expectativas de mejoras y por la competencia partidaria para ofrecer propuestas inteligentes sobre los problemas del país, acompañados de programas de gobierno atrayentes.

Quizá un panorama como el descrito continúe en países donde la democracia funciona y los partidos son referentes que movilizan las simpatías ciudadanas.

Pese a que suelo ser optimista, me invade la tristeza al constatar la pobreza intelectual, que caracteriza al actual proceso electoral. 

Aunque hay personas inteligentes, estas no cuentan por el momento con la adhesión que su experiencia y buen manejo de la gobernabilidad merecen: Alan García, Alfredo Barnechea, Ántero Flores-Aráoz. 

Dirán que los mítines y movilizaciones de los candidatos, los debates que organizan algunas instituciones civiles y los datos de las encuestas prueban que los electores están interesándose en el desarrollo de la actual campaña. 

Cuidado. Esta equivocada percepción, que toma por buena la superficialidad, puede conducirnos a unas elecciones en que surjan un gobierno y un Parlamento peores que los que se van. 

¿Qué motiva la preocupación de estas líneas? En primer lugar, el marco legal e institucional. 

El Congreso no hizo bien la reforma electoral. Cuando quiso mejorarla, lo hizo tarde e incorporando disposiciones ambiguas, destinadas a crear confusión en la aplicación de la ley. 

A su vez, los órganos electorales no reaccionaron con la claridad de sus atribuciones, sino que sembraron dudas al solicitar al Congreso una legislatura extraordinaria que interpretase cuál era la ley que debía aplicar. Esto pese a que ninguna ley tiene efectos retroactivos y que la única a aplicar es la norma vigente con la que se inició el proceso electoral en noviembre pasado. 

No entendemos esta dubitación ni por qué el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) no aplica sanciones a los candidatos que falsean su hoja de vida o sus antecedentes penales. También a quienes violan expresas disposiciones constitucionales con los agravios, insultos y acusaciones, que es la principal característica de esta campaña. 

Pululan las calificaciones malévolas, los señalamientos que afectan la honorabilidad de otros candidatos. Se hace mofa de la presunción de inocencia, etc. Lo que importa es bajarse al otro, aunque sea con prácticas prohibidas y canallescas. 

Si todo esto se puede hacer aprovechando las invitaciones a programas o entrevistas televisadas, mejor. ¿Para qué sirven entonces el pacto ético y el derecho al honor y al buen nombre que la Constitución prescribe? 

En cuanto a las listas al Congreso, ahí está la conducta de los nacionalistas y de Daniel Urresti, pretendiendo desconocer los plazos para la elaboración de las listas y que las modificaciones a lo decidido por la asamblea de delegados están sujetas a requisitos y situaciones.

¿Cómo se ha elegido la lista de candidatos de Peruanos por el Kambio, si cada vez que se le pregunta a Pedro Pablo Kuczynski este responde que se sigue revisando la lista? ¿No había un plazo y un mecanismo democrático para esto? 

Asimismo tenemos el asunto de los presuntos plagios que ponen en duda la legalidad de los métodos empleados para la obtención de varios de los títulos universitarios que posee César Acuña. 

Esto no solo afecta su candidatura y su imagen, sino también a las universidades por él creadas, pues si la credibilidad académica de estas instituciones es puesta en cuestión, puede provocar masivas deserciones de matrícula. 

Hay un proceso en España para esclarecer este asunto, pero el escándalo de la apropiación de una obra cuya autoría única y no compartida es del educador Otoniel Alvarado debiera llevar a Acuña a pensar en el retiro de su candidatura presidencial.