Cada día la política peruana parece más una pelea de pulpos entre el y el Ejecutivo en la que todo se enreda. Por supuesto que algo de eso hay, pero es también una imagen que han logrado construir los tinterillos en el poder. Aquellos abogados que están acostumbrados a ganar o, al menos, alargar indefinidamente los procesos con todo tipo de triquiñuelas.

Con ello, están logrando desviar la atención de un suceso político impactante, vergonzoso e inédito; a saber, el hecho de que un presidente con poco más de un año de ejercicio haya sido denunciado por la fiscal de la Nación por los delitos que se le imputan en seis carpetas fiscales y que, en casi todas ellas, sea investigado como cabeza de una organización criminal.

Los abogados de , incapaces de responder sobre el fondo de las acusaciones, han llenado de recursos tinterillescos de todo tipo al Poder Judicial y al Tribunal Constitucional (TC) para evitar que las investigaciones avancen. A ese nivel vienen fracasando. La más reciente, la tutela de derechos para evitar que el pedido fiscal se vea en el Congreso. El juez supremo Juan Carlos Checkley ha dictaminado que lo que hace la fiscal está dentro de sus atribuciones y, en las del Congreso, la de discutir la acusación.

Siendo así, ¿por qué el Congreso no está abocado a esta tarea?

La explicación es que el Gobierno ha sido muy hábil en construir escenarios políticos que alejen la atención y el debate de ese tema medular.

Primero, convirtiendo un tema de investigación penal del delito al más alto nivel del poder en uno de falta de diálogo entre el Congreso y el Ejecutivo y, peor aún, en un ‘golpe de Estado’. Esto último linda con lo grotesco, pero la OEA, influenciada por muy bien contactados embajadores retirados, pero amigos del régimen para seguir ocupando codiciadas plazas diplomáticas en el exterior, han conseguido venderles a sus colegas en la OEA que, en el Perú, un prístino hombre del campo es impedido por los ricos de atender a los más pobres.

Ya tenemos un mes en este asunto. Parece que vendrán la próxima semana por 48 horas y algún día nos harán llegar sus conclusiones.

Si hay un mínimo de coherencia con la Carta Democrática Interamericana, deberían decir con claridad que ningún acuerdo político puede excluir la autonomía de los poderes del Estado en el ejercicio de sus atribuciones constitucionales. Que nadie, por más poderoso que sea, tiene derecho a estar por encima de la justicia y, mucho menos, obstruir su labor.

Como es obvio, nada de lo anterior interesaría, ni menos aún convendría, a Pedro Castillo. Nada bueno para el país y para el fortalecimiento de la democracia saldrá de todo esto, pero los tinterillos han ganado tiempo.

La misma lógica está detrás de la por la supuesta inconstitucionalidad de la norma que regula la cuestión de confianza, la que ya ha sido declarada constitucional por el propio TC.

Ni siquiera abogados tan mediocres como los que desde el Ejecutivo promueven y defienden esta barbaridad pueden no saber que ello no procede. Pero no es ese el objetivo, sino el de crear otro escenario de distracción política, uno en el que el Congreso pueda meter la pata en algún formalismo, lo que les permitiría nuevas argumentaciones y contra argumentaciones.

Y así se nos va el año. Tiempo perdido en un desgobierno que cada vez es más dañino para el país y oneroso para los que menos tienen.

La respuesta tiene que ser regresar a lo esencial. No caer ante los cantos de sirena de los que promueven falsos debates.

No debemos olvidar que hay una contundente acusación fiscal en manos del Congreso, una que no solo pueden, sino deben, debatir. Entre tanto, hay, además, un mecanismo constitucional que establece taxativamente que se puede suspender temporalmente a un presidente en ejercicio. Y qué mayor razón habría para ello que la de hacerlo para que no siga obstruyendo las investigaciones y agrediendo a los operadores de la justicia, como manifiestamente hacen Castillo y varios de sus ministros.

Sorprendentemente, el Congreso está empeñado en el camino más tortuoso y discutible: una acusación constitucional . Ello, por unas declaraciones periodísticas totalmente irresponsables y contra los intereses nacionales en el tema de la salida al mar de Bolivia, motivadas en sus simpatías ideológicas antes que en el respeto a nuestra historia, una que desprecia sin conocerla.

Ya que están en eso, que se apruebe en la Comisión Permanente para dejar un testimonio del rechazo al despropósito. Pero llevarlo al pleno sería el mayor favor que se le puede hacer a un individuo que, más bien y con bases sólidas, debe ser sancionado por corrupto y solo despreciado por incompetente y mendaz.

Coda: La plural y apartidista “Coalición Ciudadana” y sus siete valiosas propuestas de reforma constitucional introducen aire fresco para salir de la crisis política en el mediano plazo. Pero solo fructificarán si hay un apoyo activo de los peruanos de buena fe que, creo, somos la gran mayoría.

Carlos Basombrío Iglesias es analista político y experto en temas de seguridad

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