¡Golpe, golpe!, por Alfredo Torres*

Aunque a ambos les disguste la comparación, ya es posible hacer un paralelo entre Alberto Fujimori y Martín Vizcarra. Ambos llegaron al poder de manera sorpresiva, ambos tuvieron que enfrentar una mayoría opositora en el Congreso y ambos encontraron un eje para edificar su apoyo popular. Para Fujimori fue el terrorismo; para Vizcarra, la corrupción. En cuanto construyó su popularidad, Fujimori cerró el Congreso, convocó una Asamblea Constituyente y cambió las reglas de juego para poder reelegirse. Con ese recuerdo en la memoria, varios congresistas de Fuerza Popular y analistas políticos cercanos a esa corriente sostienen ahora que Vizcarra va hacia la misma dirección; a hacer un golpe de Estado y buscar su reelección.

Más allá de lo paradójico que resulta ver a parlamentarios de un partido que reivindica el autogolpe de 1992 alertando a la comunidad internacional de que “se viene un golpe de Estado”, como dijo Luis Galarreta, la situación es muy diferente. En primer lugar, Fujimori pudo embarcar a las Fuerzas Armadas en el golpe gracias a que su asesor era Vladimiro Montesinos y a que su enemigo era el terrorismo. En segundo lugar, porque ya todo el Perú vio esa película y sabe que no tiene final feliz. Pero lo más importante es que no hay ningún elemento para pensar que Vizcarra tiene inclinaciones autoritarias. Su trayectoria política –primero como gobernador de Moquegua, luego como vicepresidente y ahora en la presidencia– ha sido siempre democrática. Incluso se lo criticaba al comienzo de su gestión por ser muy conciliador. De hecho, intentó entenderse con Keiko Fujimori y tuvo un par de reuniones reservadas con ese propósito, lo que evidentemente no funcionó.

Uno de los hitos que llevaron a abortar la vía de la conciliación fue la aprobación de la ‘ley mordaza’ en junio, que impedía al gobierno contratar publicidad en los medios privados. Como se sabe, esa ley, que fue iniciativa del congresista Mauricio Mulder y aprobada con los votos de Fuerza Popular, acaba de ser declarada inconstitucional por seis votos a uno en el Tribunal Constitucional (TC). En el camino, sin embargo, esa ley agudizó el rechazo de los periodistas y de una serie de funcionarios públicos hacia la mayoría parlamentaria.

Significativamente, el nuevo conflicto que se ha generado entre el presidente y el Congreso tiene que ver también con otra iniciativa de Mulder. En marzo, el experimentado congresista propuso y logró que se incluyera en el reglamento del Congreso que la “cuestión de confianza”, que permite al presidente disolver el Congreso luego de dos censuras a su Gabinete, requería necesariamente que ningún ministro saliente pudiese ser designado en el siguiente Gabinete. La medida no solo era perjudicial para el país, porque obligaba a despedir a ministros que podían estar haciendo muy bien su trabajo, sino porque tenía visos de inconstitucionalidad y fue por ello denunciada ante el TC, donde está por verse próximamente.

En previsión de su declaratoria de inconstitucionalidad, el avispado Mulder logró introducir en la propuesta de referéndum sobre la bicameralidad una restricción aun mayor al voto de confianza, estableciendo que: 1) el presidente solo puede cerrar el Congreso si este le niega el respaldo al Gabinete en el voto de investidura (no en otro momento) y 2) que si ello ocurre, todos los ministros deben renunciar y no pueden ser elegidos en el plazo de un año. Con ello, volvía prácticamente imposible que cualquier presidente ejerza este derecho necesario para tener un balance de poder ante un Congreso con mayoría opositora.

Como se sabe, la reacción de Vizcarra ante dicha disposición ha sido anunciar que su voto será en contra de la bicameralidad porque su propuesta fue desnaturalizada. Aparentemente, el cambio de opinión ha sido percibido como sincero y justificado por la opinión pública, ya que su aprobación ha subido de 45% a 61%, un incremento de 16 puntos porcentuales en un solo mes. Con este resultado, Vizcarra logra la mejor evaluación en lo que va de su gobierno y, lo que es más sorprendente, cuando se cruza esta pregunta con el voto en la segunda vuelta del 2016, se encuentra que lo aprueba el 70% de los que votaron por Pedro Pablo Kuczynski, pero también el 50% de los que votaron por Keiko Fujimori.

Está claro que Vizcarra no va a hacer un golpe de Estado y que Mulder seguirá pugnando por ser el líder de la oposición parlamentaria. Lo que no sabemos aún es si los congresistas de Fuerza Popular y del Apra continuarán siguiendo a Mulder en sus esfuerzos por someter al Ejecutivo, o si luego de dos derrotas –la sentencia del TC y la pérdida del apoyo popular a la bicameralidad– entenderán que la opinión pública espera que el Congreso apoye al presidente, no que obstruya su trabajo. Y, sobre todo, que su único futuro político individual –no necesariamente en sus actuales agrupaciones– es que se desmarquen de consignas partidarias cuando se trata de luchar contra la corrupción, la mayor fuente de indignación ciudadana.

*El autor es presidente ejecutivo de Ipsos Perú.