Editorial: Tesis sin asidero

Conforme se acerca la fecha en la que el Parlamento deberá elegir una nueva Mesa Directiva, las expectativas de los potenciales candidatos a presidirla crecen, pero la incertidumbre que rodea sus eventuales postulaciones también.

A juzgar por las declaraciones de algunos de sus representantes más caracterizados, Fuerza Popular (FP) aspira a recobrar la conducción del Legislativo que perdió con el alejamiento –primero en la práctica y luego formal– de Daniel Salaverry, pero para lograrlo tendría que salvar un serio inconveniente: ya no cuenta con los 66 votos necesarios para asegurar la victoria. Como se sabe, hoy la bancada fujimorista solo tiene 54 integrantes y no todos parecen dispuestos a acatar sin dudas ni murmuraciones instrucciones sobre este particular. Y si bien es cierto que con eventuales aliados y adhesiones subterráneas FP podría lograr su cometido, el golpe político que encajaría si lanza una fórmula propia que a la postre es derrotada sería demoledor, por lo que la posibilidad de auspiciar una lista que integren sin encabezar no está descartada entre sus filas.

Entretanto, diversos aspirantes al cargo en disputa de otros grupos parlamentarios están tratando de tejer alianzas por su cuenta, con la esperanza de que el plan maximalista de la bancada naranja no cuaje y se abra una oportunidad para ellos. Pero los voceros del sector más duro de FP no se rinden y todo indica que hasta último momento ensayarán argumentaciones para intentar persuadir a los indecisos.

Destaca entre esos voceros, por cierto, la legisladora Rosa Bartra, que en una reciente entrevista televisiva ha desarrollado una imaginativa tesis sobre por qué el fujimorismo debería ocupar nuevamente la presidencia del poder del Estado que nos ocupa.

Según ella, en efecto, esa circunstancia sería deseable “porque se hace necesario, en este momento, garantizar el equilibrio de poderes” a fin de que “el Perú pueda recuperar la senda del crecimiento, podamos enfrentar la pobreza [y] podamos enfrentar la tremenda delincuencia e inseguridad en que vivimos”. En otras palabras, a su manera de ver, solo el contrapeso que ejercería la primera fuerza de oposición desde el Parlamento garantizaría que el Ejecutivo cumpla plenamente con sus responsabilidades.

No obstante, basta una revisión somera de la historia reciente para comprobar que la tesis de la congresista Bartra no tiene asidero. FP ocupó ya la presidencia del Legislativo del 2016 al 2017 (a través de Luz Salgado) y del 2017 al 2018 (a través de Luis Galarreta)… y las virtudes cuyo retorno ella ahora demanda estuvieron más bien ausentes de las dos administraciones.

Las gestiones de Salgado y Galarreta fueron más de obstrucción que de contrapeso, y la suerte que corrieron los dos primeros titulares de Educación de este gobierno puede servir para graficarlo. Con una mayoría absoluta de más de 70 votos, por otro lado, el fujimorismo no impulsó durante todo ese tiempo las leyes y reformas sobre sectores clave –como la economía, la seguridad y el empleo– a las que Keiko Fujimori se había comprometido el 28 de julio del 2016: un comportamiento que ellos mismos han considerado negativo y contraproducente al hacer un balance crítico de su performance política a fines del año pasado.

Es claro, desde luego, que lo que ocurrió en el pasado no tendría que volver a ocurrir bajo una nueva presidencia del Congreso en manos de FP. Las cosas, las personas y los colectivos políticos siempre pueden cambiar. Pero si atendemos a los tonos de confrontación que los mismos voceros del fujimorismo a los que nos hemos referido siguen usando para dirigirse al gobierno (que, verdades sean dichas, responde muchas veces en los mismos términos), no resulta verosímil que ese cambio esté en marcha.

El retorno de FP a la presidencia del Parlamento que la congresista Bartra prescribe como deseable, entonces, no daría la impresión de serlo tanto. Y quizás deberían continuarse ensayando algunas fórmulas distintas para la nueva Mesa Directiva que, sin excluir a la bancada mayoritaria, garanticen el equilibrio de poderes y la ayuda al crecimiento económico que ella reclama.
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