Editorial: Capacidad de instalación ociosa
Editorial: Capacidad de instalación ociosa

En su edición de ayer, este Diario informó sobre de distintas bancadas que cobraron al iniciar este período parlamentario el denominado bono de instalación a pesar de ser representantes elegidos por Lima o el Callao (es decir, que no necesitaban instalarse en la capital) o legisladores reelegidos (es decir, que ya estaban instalados en Lima cuando empezaron este nuevo mandato).

Dentro de la primera categoría, están comprendidos , y Estelita Bustos de ; así como de y del . Y dentro de la segunda, y Esther Saavedra (FP), (PAP) y del .

Cabe aclarar que los congresistas que deciden cobrar el referido bono –que asciende a S/15.600– no están obligados a rendir cuentas sobre el uso que le dan, de manera que no existe en el hecho reportado irregularidad alguna. Pero como los miembros de la representación nacional hace rato deberían saber, no solo las faltas a lo estipulado en las normas que regulan su función pueden .

No por gusto a partir del período 2006-2011, diversas bancadas resolvieron que el monto en cuestión no fuera cobrado por aquellos de sus integrantes que caían dentro de las categorías ya mencionadas. Y luego, al iniciarse el período 2011-2016, se adoptaron acuerdos en el mismo sentido.

Ciertos congresistas que respondían al perfil señalado optaron, por supuesto, por embolsarse el dinero de todas formas, pero fueron expuestos por la prensa y, en la medida en que las razones argüidas para hacerlo sonaron artificiosas, debieron enfrentar un costo político que en algún caso motivó incluso que terminasen devolviéndolo.

Como entonces, ahora los legisladores en cuestión han desplegado sustentaciones de distinto calibre para justificar este uso de lo que podríamos considerar una ‘capacidad de instalación ociosa’. Y así, tenemos desde el escueto desparpajo del “¿Es ilegal?” de Jorge del Castillo hasta el enigmático “acto de solidaridad” con su pueblo que desliza Edwin Donayre como destino del bono cobrado por él. “Para mi mudanza no lo he utilizado, pero puede averiguar las cosas que he dado allá [en Ayacucho]”, ha añadido en tono de adivinanza.

No es su caso, además, el único en el que la razón alegada para la recaudación del financiamiento de la supuesta instalación en Lima es algún tipo de beneficio a terceros. El congresista Elías Rodríguez, por ejemplo, asegura haber utilizado el dinero en “apoyo social”. Y la parlamentaria fujimorista Karla Schaefer, a contramano de lo acordado por su bancada el 12 de julio pasado e incluso de lo declarado por ella misma por esos días, ha comunicado a través de un asesor que terminó recogiendo el bono porque ya se “había comprometido para construir dos aulas en Piura, no en zonas urbanas, sino rurales”... Una explicación que no mejora su situación en nada porque, como es evidente, el propósito del monto de dinero que nos ocupa no es que los parlamentarios, al no necesitarlo, se congracien con sus potenciales electores gastándolo en dádivas. Eso prácticamente equivaldría a solventar campañas con dinero público y de una forma expresamente prohibida por la ley.

No son mejores, por otra parte, los motivos esgrimidos por los legisladores Bustos, Saavedra, Petrozzi (los tres igualmente omisos al acuerdo de Fuerza Popular al que hemos aludido) o Apaza para haber echado mano del bono. Y si bien resulta improbable que la iniciativa del congresista para que sean investigados por la prospere, es de imaginar que pronto habrán de recibir presiones de sus compañeros de bancada para devolver lo percibido. Porque, por un indeseable efecto de contagio, la imagen que acaba lastimada con estos cobros no es solo la de ellos, sino la de la organización política a la que representan y, en última instancia, la de todo el Legislativo.

El prestigio, sin embargo, no es tan fácil de devolver como el dinero. 

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