Editorial El Comercio

La decisión del Tribunal Constitucional () acerca del hábeas corpus presentado por el presidente contra el acuerdo de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso respecto de que pesaba sobre él era previsible. El pleno de la referida institución ordenó, por unanimidad, que el proceso que se sigue contra el mandatario en el Legislativo sea anulado “por vulnerar el derecho a la debida motivación en sede parlamentaria”.

La denuncia que dio pie al proceso, como se sabe, fue presentada por un grupo de ciudadanos a raíz de unas declaraciones del gobernante a la cadena de noticias CNN en las que él mencionó la posibilidad de otorgar a través del territorio peruano tras una consulta popular. Luego, algunos parlamentarios la hicieron suya y la materia inició en el Congreso el trámite que ahora ha sido dejado sin efecto por el TC, suscitando quizás en algunos la sensación de que el jefe del Estado, abrumado por las derrotas judiciales que ha encajado en los últimos meses, ha conseguido ahora una victoria. Esa idea, sin embargo, merece matizarse.

En primer lugar, si bien las declaraciones del presidente fueron de una enorme torpeza política y revelaron una ignorancia igualmente grande sobre las posibilidades legales de llevar adelante una iniciativa como la que sugería, intentar tipificarlas como “traición a la patria” fue desde el principio un esfuerzo descaminado. Y muchas voces no precisamente favorables a la actual administración así lo hicieron notar en su debido momento. No obstante, un sector de la oposición insistió en impulsarla y los resultados son los que hoy conocemos.

Así las cosas, lo que ha caído es el más endeble de los argumentos de los que resisten a este gobierno por su entraña incapaz y corrupta… Y eso no es una mala noticia, porque lo que ha quedado en pie son todas las otras acusaciones derivadas de las investigaciones preliminares que la fiscalía ha llevado a cabo con relación al mandatario y que, justamente, tiene que ver con los innumerables y flagrantes signos de descomposición que lo cercan. La circunstancia de que este pronunciamiento del TC se haya producido mientras la misión de la OEA se encontraba en el país, además, es ideal, porque demuestra que los mecanismos del Estado de derecho y el equilibrio de poderes están plenamente vigentes y que no existe la conspiración golpista que el Ejecutivo esgrimió como pretexto para solicitar la visita del organismo internacional.

Después de lo observado por sus representantes durante estos días, mal podría la OEA, en efecto, suscribir el discurso de victimización modulado permanentemente por el presidente para evitar dar explicaciones sobre los problemas que tiene con la justicia.

Cabe anotar, por otro lado, que el TC falló ese mismo día acerca de otros dos hábeas corpus que tienen relación con esto último, y que no lo hizo en un sentido favorable al jefe del Estado. En el primero de ellos, vinculado a la intervención a Palacio de Gobierno que condujo la fiscal Norah Córdoba en el contexto del Caso Petro-Perú, estableció que la diligencia no había limitado ni amenazado el derecho a la libertad personal de Castillo. Y en el segundo, que pretendía encontrar actos lesivos contra el presidente en los procesos de vacancia que en los últimos meses se pusieron en marcha en el Congreso, determinó que tales iniciativas fueron emprendidas por congresistas en el ejercicio de sus funciones y no atropellaban derecho alguno del gobernante.

Aunque no han recibido la cobertura mediática que la que comentamos inicialmente, estas otras dos sentencias de la máxima institución en materia constitucional no resultan menos importantes, pues ponen en evidencia la inconsistencia del discurso de victimización al que antes aludíamos.

La sensación general que deja todo este episodio, en consecuencia, es la de que el Ejecutivo no está realmente ante una victoria, pues el hecho de que se haya anulado el proceso con los fundamentos más endebles en su contra solo hará que aquellos otros en los que estos son más robustos resalten.

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