Editorial: Separación de cuerpos

Decía Montesquieu que “no hay libertad si el poder de juzgar no está separado del poder legislativo y el poder ejecutivo”. El padre de la teoría de la separación de poderes anticipaba, así, que uno de los pilares para garantizar un sistema adecuado de justicia es la independencia de los órganos que lo conforman. Un principio expresamente reconocido en la Constitución Política del Perú, cuya relevancia, empero, parece haber sido olvidada a la luz de los últimos incidentes que pusieron en la palestra la posible vacancia de algunos magistrados del Tribunal Constitucional (TC).

A raíz de una reciente sentencia en la que dicho tribunal reconoció el derecho de dos universidades privadas a obtener un crédito fiscal por haber reinvertido su renta en infraestructura educativa, se desencadenaron una serie de hechos desafortunados que empezaron por dañar la imagen del máximo órgano de justicia constitucional y terminaron incluso por poner en riesgo su autonomía.

Como se conoce, el caso en cuestión se resolvió a favor de las universidades demandantes, con el voto en mayoría de los magistrados Miranda Canales, Blume Fortini, Ramos Núñez y Espinosa-Saldaña Barrera, y los votos discordantes de los magistrados Ledesma Narváez y Urviola Hani. Fue el voto singular de la jueza Ledesma, cargado de epítetos e insinuaciones en el sentido de que a los referidos centros educativos “se les está otorgando dicho beneficio tributario por pura voluntad de los jueces del TC”, sin embargo, el que motivó el comprensible malestar de los jueces agraviados.

Lo que, no obstante, debió culminar quizá con una amonestación verbal por dicha actitud –como, en efecto, lo hicieron individualmente por escrito los magistrados aludidos en sendas ratificaciones de sus votos, después de conocer el tenor del de la magistrada Ledesma–, escaló a niveles mayores cuando el magistrado Blume presentó una solicitud de vacancia en contra de Ledesma. Una consecuencia que podría resultar bastante desproporcionada y hubiera marcado un hito por ser la primera vez en que un juez del TC resultara destituido por decisión de sus pares. Antes de que la sangre llegara al río, sin embargo, el propio solicitante decidió retirar el pedido de vacancia.

Las consecuencias del sonado caso no cesaron ahí, y en los siguientes días se conoció que la legisladora de Fuerza Popular Yeni Vilcatoma había presentado una denuncia contra los cuatro vocales del Tribunal Constitucional del voto en mayoría. Una acusación que, si prosperara al interior del Congreso, podría terminar en la vacancia de estos cuatros magistrados. La ex procuradora aseguró además que no retiraría su denuncia pues, a su juicio, los magistrados deberían recibir una sanción. ¿La razón? Que, con su sentencia, los jueces hayan favorecido con beneficios tributarios a universidades privadas, según el criterio de la congresista.

Con prescindencia de la posición que uno pudiera tener respecto del caso que llegó al TC, la posibilidad de que el Congreso destituya a magistrados por estar en desacuerdo con el tenor de sus fallos significaría un flagrante atentado contra la separación de poderes y la autonomía de dicha institución. Una vulneración solo comparable con el ignominioso antecedente de los tres magistrados del TC destituidos a raíz de su oposición a la famosa ley de interpretación auténtica que habilitó la re-reelección de Alberto Fujimori.

Por ello, hicieron bien los voceros del fujimorismo en distanciarse del pedido de la congresista Vilcatoma, más aun considerando el penoso precedente. Pero no deja de ser irónico que precisamente una ex funcionaria que en su momento acusó al Poder Ejecutivo de injerencia política en sus funciones como procuradora, ahora se convierta ella en la protagonista de un intento de intromisión contra el órgano máximo de justicia constitucional en el Perú.