Editorial El Comercio

Hace poco más de una semana escribimos que la representación nacional debía de censurar “de inmediato” al ministro del Interior, . La medida estaba, a nuestro entender, bastante justificada. Por eso, hoy, cuando el finalmente debata un pedido presentado por un grupo de congresistas en ese sentido, esperamos que los parlamentarios tomen conciencia de todo lo que significaría dejar que dicho funcionario permanezca en un puesto al que ha deshonrado, ya sea por lo que ha hecho como por lo que ha dejado que otros hagan.

Para ser honestos, desde que llegó al Gabinete, el pasado 19 de julio, la labor del ministro Huerta no ha estado enfocada en la inseguridad ciudadana. Su tarea principal ha sido la de servir a los intereses del presidente , que busca, resumidamente, dos cosas. La primera, cuyas señales se pueden rastrear hasta las primeras semanas de este gobierno, es tener el control de la Policía Nacional del Perú (PNP) colocando en puestos claves a gente de confianza del mandatario. La segunda, que ha sido fruto de la coyuntura, es debilitar o neutralizar el trabajo del equipo especial de la policía que viene apoyando las investigaciones del Ministerio Público contra los allegados del jefe del Estado, y en especial de su integrante más visible, el coronel . A estos dos empeños el ministro Huerta ha sido funcional y su hasta ahora breve paso por la administración (lleva apenas dos meses en el cargo) ya ha dejado varias huellas al respecto.

Para comenzar, recordemos que el 27 de agosto aparecieron sendos decretos supremos firmados por él y por el mandatario que ordenaban en la plana mayor del organigrama de la policía. Entre estos, uno llamó poderosamente la atención: el del general Segundo Leoncio Mejía, natural de Chota y amigo del presidente, que fue promovido a inspector general de la PNP.

Este súbito cambio está directamente conectado con los dos planes que tiene el Gobierno para la policía. En primer lugar, porque el general Mejía ya ocupa el puesto tres del escalafón policial (y está a solo dos escalones de dirigir la PNP, como planea el Gobierno, según fuentes policiales consultadas por este Diario). Y, en segundo lugar, porque precisamente en Inspectoría General se vienen tramitando dos denuncias presentadas contra el coronel Colchado –una de ellas directamente por el presidente– con miras a apartarlo de la institución.

Pero, además, el ministro Huerta ha sido cómplice de los intentos del Ejecutivo por neutralizar al equipo especial de la PNP. El 12 de setiembre, por ejemplo, se conoció que el coronel Colchado había dejado de ser de la Digimin, lo que comprometía directamente su labor en las pesquisas contra los allegados del régimen. Aunque el ministro Huerta se mostró sorprendido por la noticia y anunció que dicha orden quedaba sin efecto, es cuando menos cándido creer que él no tenía conocimiento de una decisión que iba a levantar el revuelo que finalmente levantó. Y, por último, si fuese cierto que él no tomó parte en una remoción que era a todas luces ilegal, es cuando menos preocupante tener un ministro en cuyo sector se toman decisiones sensibles de las que él no se entera.

Como si lo anterior no fuera suficiente, según fuentes de este Diario, dentro de la PNP se ha creado liderado por el polémico mayor Manuel Arellanos que tendría como objetivo reunir información con miras a perjudicar a los integrantes del grupo de Colchado.

Uno podría preguntarse si de alguna manera la censura de Huerta cambiaría en algo la situación en la que se halla el Ministerio del Interior y la PNP, toda vez que quien lidera los esfuerzos por socavar la institucionalidad de ambas es nada menos que el presidente. Y la verdad es que no. Pero proyectar el mensaje de que por ello no se debe sancionar –aunque sea políticamente– al titular del sector sería sumamente peligroso. La censura de Willy Huerta, a pesar de todo, es necesaria, y ojalá que la representación nacional así se lo haga saber hoy al Gobierno.

Editorial de El Comercio

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