Editorial: Disparos de silencio

Nevith Condés Jaramillo era el director del portal de noticias El Observatorio del Sur que en los pasados meses de noviembre y junio había recibido amenazas por su labor periodística. El último fin de semana su cuerpo fue hallado sin vida y con cuatro heridas producto de un arma punzocortante en un municipio del Estado de México. Según ha trascendido, en un inicio el periodista había solicitado medidas de protección al Gobierno, pero desistió finalmente de estas por los trámites burocráticos que implicaban.

Pero Nevith es, además, una cifra estremecedora. Según la Comisión Nacional de Derechos Humanos de México (CNDH), con él ya son 12 los periodistas que han sido asesinados en lo que va del año en el país norteamericano. Solo en el último mes, han sido victimados otros tres: Rogelio Barragán, director del portal de noticias Guerrero al Instante, cuyo cuerpo fue encontrado en el maletero de un coche el 30 de julio; Édgar Nava, editor de “La verdad de Zihuatanejo”, tiroteado en una playa el 2 de agosto; y Jorge Ruiz, corresponsal de “El gráfico de Xalapa”, abaleado el mismo día que Nava.

Como ha ocurrido ahora con Nevith, Jorge Ruiz también había recibido amenazas –su casa llegó a ser atacada hasta en tres oportunidades– antes de que lo acribillaran. Su muerte llamó la atención porque la propia Fiscalía de Veracruz informó tras el crimen que las medidas de protección que Ruiz había solicitado (como la vigilancia) se suspendieron unos días antes del atentado.

A pesar de ser impactantes, los crímenes descritos no constituyen una anomalía, sino más bien el síntoma de un patrón preocupante de violencia contra los trabajadores de prensa mexicanos. Según la ONG Article 19, desde el año 2000 han sido asesinados 131 periodistas en México. La CNDH, por su parte, es menos conservadora en los cálculos y eleva la cifra para el mismo período hasta los 153.

Pero no basta con restringirse a los casos que acaban en fatalidades para graficar el riesgo con el que conviven los periodistas mexicanos. Hay también medios que han padecido atentados, como el diario “El Monitor de Parral”, cuya sede fue atacada con bombas molotov el pasado 31 de julio. O robos como el que sufrió hace poco la periodista Lydia Cacho, cuya casa fue desvalijada y de la que los ladrones sustrajeron aparatos electrónicos y discos duros relacionados con información de sus investigaciones sobre pederastia. Todo ello, vale mencionar, en un país en el que el propio presidente –Andrés Manuel López Obrador– suele fustigar a la prensa crítica, y que ha llegado a hablar de la existencia del “hampa del periodismo”.

No obstante lo anterior, no es solo el ensañamiento contra la prensa lo alarmante en el país del norte. Sino también las altas tasas de impunidad que vienen enlazadas a esta. Según ha denunciado el diario “El País” de España, por ejemplo, “de las 1.400 investigaciones relacionadas con la libertad de prensa que se han emprendido en México entre el 2010 y el 2018 a nivel federal, solo un 0,83% han terminado en una sentencia condenatoria”.

Lo preocupante de este panorama es que, como sabemos por la experiencia en la región, la libertad de expresión no solo se encuentra en peligro cuando la mano de un tirano utiliza el aparato estatal para cerrar medios, perseguir a periodistas o acallar cualquier crítica, como ha ocurrido y viene ocurriendo en lugares como Venezuela y Cuba. También está en riesgo cuando el crimen organizado carga contra ellos y vuelve casi una ‘normalidad’ el asesinato o el acoso a los periodistas para silenciarlos. Y si bien sería un exabrupto sostener que en México no funciona un régimen democrático, sí valdría preguntarse cuánta democracia puede aguantar un país en el que los periodistas son atacados con impunidad sin que el principio de libertad de expresión termine por quebrarse producto del miedo o de la autocensura.

Ninguna persona debería morir por ejercer el periodismo. Y ningún Estado democrático debería dejar que ello ocurra.
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