Editorial: Matices que matan

En una entrevista publicada hace dos días en este Diario, la líder de Nuevo Perú (NP), Verónika Mendoza, acabó por admitir lo que por tanto tiempo había tratado de negar: que el régimen que encabeza Nicolás Maduro en Venezuela es una dictadura. Como se recuerda, en el pasado ella ensayó defensas de la satrapía chavista del tipo “no es una dictadura porque no hubo golpe de Estado” o “en Venezuela se han dado procesos electorales democráticos avalados por entidades internacionales” (olvidando que elecciones –o, mejor dicho, una macabra parodia de ellas– se celebran también en Cuba o Corea del Norte, sin que a nadie se le ocurra que ese detalle las convierte en democracias).

La acumulación de groseros atropellos a la institucionalidad democrática y los derechos humanos en el país llanero, sin embargo, ha llegado ya a un grado tal que esta vez, ante la pregunta reiterada y tras intentar primero definirla con una fórmula menos tajante (“dramática deriva autoritaria”) y hablar de “falsas disyuntivas”, Mendoza se rindió. “Sí, puedo decir que Venezuela es una dictadura”, declaró… Pero para inmediatamente restarle contundencia a la afirmación con el añadido: “Aunque reconozco que en NP hay diferentes matices”.

Una observación que sintomáticamente coincide con lo señalado sobre el particular por el congresista de esa misma organización Alberto Quintanilla en los últimos días. “En NP hay distintos matices y los respetamos […]. No vamos a volver la realidad de otro país en una cuestión de división política”, dijo.

Con ello, Mendoza y Quintanilla estaban aludiendo probablemente a posturas como las del también parlamentario Manuel Dammert, quien, en agosto pasado, con ocasión de las ‘elecciones’ para la Asamblea Constituyente (con la que Maduro desactivó por la fuerza la Asamblea Nacional de mayoría opositora), decretó que aquello había sido “una jornada en la epopeya democrática de un pueblo por su libertad”. Y mereció de sus compañeros de bancada solo tímidas tomas de distancia, como la de Marisa Glave, que escribió en su cuenta de Twitter: “Sobre Venezuela no tenemos consenso”.

El problema, no obstante, es que la calificación del régimen chavista como democracia o dictadura no es una ‘falsa disyuntiva’ ni un asunto de matices, sino una definición fundamental en cualquier organización política que se pretenda principista. ¿Estarían acaso dispuestos en NP a admitir matices con respecto a cómo interpretan sus representantes la disyunción entre honestidad y corrupción? Seguramente, no.

Y si eso es así, ¿por qué debería ser aceptable que tales márgenes de interpretación existan a propósito de lo que constituye o no un régimen democrático o un Estado de derecho? ¿Se trata quizás de un asunto menor en la estructura de valores que suscriben?

La pretensión, por otra parte, de que por tratarse de una circunstancia relacionada con otro país no debería producir deslindes dramáticos en el nuestro es falaz, porque el juicio sobre la naturaleza de lo que ocurre en Venezuela habla, en última instancia, de los estándares democráticos que se manejan dentro de una organización política que aspira a ser gobierno.

En otras palabras, si la satrapía chavista les parece a algunos o a todos en NP una democracia, ¿qué les impediría tratar de implantarla en el Perú en la eventualidad de que llegasen al poder?

La insistencia en forzar esa definición en Verónika Mendoza y sus partidarios no obedece, pues, a una especie de prurito fetichista, sino a una necesidad de saber a qué se estarían ateniendo quienes pudieran votar por ella en las siguientes elecciones. Y, en esa medida, los matices que hoy parecen resultarle marginales podrían devenir mortales para su organización. Porque si no zanjan con la ambigüedad, la próxima vez que el congresista Manuel Dammert esté en campaña y ofrezca a nombre de NP un gobierno democrático, todos estaremos en nuestro legítimo derecho de asumir que nos está ofreciendo una pesadilla totalitaria como la que existe en Venezuela