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Cerca de las 2 de la mañana del 16 de febrero, la imponente carga de un bote que surcaba el río Santiago, en Amazonas, alertó a la guardia wampís. En el lento paso de la embarcación parecían desbordarse motores, rollos de mangueras, bidones con gasolina, y despuntaban unos enormes tubos que los pobladores indígenas de la cuenca del Santiago conocían muy bien. Pese a la cerrada oscuridad que envolvía a la comunidad de Villa Gonzalo, la guardia wampís —unos 15 hombres provistos de armas para la caza— cruzaron el río a canoa y bloquearon el tránsito del bote. Aunque en mayor cantidad, lo que encontraron era lo mismo que decomisaron en días previos durante intervenciones similares: materiales e insumos para la minería ilegal. Los siete mineros que iban en la embarcación quedaron retenidos por cuatro días.
La acción corresponde a los acuerdos tomados en dos cumbres que el Gobierno Territorial Autónomo de la Nación Wampís (GTNW) —que agrupa a 22 comunidades tituladas de aquella etnia de la Amazonía peruana— realizó entre octubre y noviembre de 2023, frente al incremento constante de dragas mineras a lo largo del río Santiago. En la primera asamblea, el 17 de octubre del año pasado, la decisión fue conformar una guardia indígena que controle el ingreso y la instalación de presuntos mineros ilegales en las comunidades asentadas en la cuenca del Santiago. Fue el nacimiento del denominado Ejército Verde. La segunda reunión, a fines de noviembre de 2023, concluyó con la determinación de que el Ejército Verde incaute embarcaciones, herramientas, motores y todo tipo de maquinaria para el desarrollo de la minería y tala ilegal.
Para las fechas en que fueron celebradas ambas cumbres, la situación en el río Santiago ya era insostenible.
La comunidad de Onanga, en el alto Santiago, es una de las que hace tres semanas vive bajo el asedio de los mineros ilegales. (Foto: GTANW)
Galois Flores, vicepresidente de la Nación Wampís, cuenta a Mongabay Latam que los focos de minería ilegal en el río que nace en la frontera con el Ecuador aparecieron hacia el 2018 y empezaron a aumentar entre el 2021 y 2022. Sin embargo, remarca el dirigente, la extracción de oro en el Santiago tomó mayor fuerza con la llegada de diversas cuadrillas de mineros procedentes del río Cenepa, principalmente, en octubre del año pasado.
El río Cenepa está situado al oeste del Santiago, pero en la misma provincia: Condorcanqui (Amazonas). En septiembre de 2023, Mongabay Latam recorrió 38 kilómetros del Cenepa y registró 70 enclaves de minería ilegal que habían sitiado a las comunidades awajún de la zona. Desde entonces, la policía y el Ejército peruanos han realizado al menos cinco interdicciones allí.
“Cuando comenzaron las intervenciones de las autoridades en el Cenepa, los mineros se escaparon y entraron por el bajo Santiago”, detalla Galois Flores. “Ahora hay un total de 30 dragas distribuidas en el bajo, medio y alto Santiago”, agrega. En 10 comunidades wampís de la cuenca del Santiago están concentrados los focos de extracción aluvial aurífera.
Como gobierno autónomo, una figura que los wampís adoptaron para decidir sobre su territorio, las comunidades están enfrentando a la minería ilegal a través de su Ejército Verde. Galois Flores dice que actúan al amparo del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Pero hasta ahora sus esfuerzos son insuficientes y no tienen respaldo.
El presidente de la Nación Wampís, Teófilo Kukush asegura que han puesto en conocimiento del Estado peruano la gravedad de la situación de las comunidades aledañas al Santiago; sin embargo, ninguna de las instituciones a cargo de la seguridad y conservación medioambiental ha llegado en este periodo de convulsión. “Por eso, de tanto esperar hemos buscado la manera cómo intervenir nosotros mismos”, afirma Kukush.
Lucha indígena ante la devastación
La incautación que la guardia wampís efectuó el pasado 16 de febrero no fue la primera. Alfonso Flores, director de Naturaleza y Medioambiente del gobierno territorial wampís, señala que el Ejército Verde comenzó a interceptar a los ilegales tres días antes (13 de febrero) y que a la fecha ha detenido siete embarcaciones que transportaban instrumental y maquinaria para la minería ilegal. En las primeras intervenciones la guardia indígena solo procedió con los decomisos y dejó ir a los mineros ilegales con un documento firmado en que se comprometían a no ingresar más al Santiago. Así que lo del 16 de febrero fue otro intento de un grupo de ilegales por llegar a los puntos de explotación aurífera del río. Dos chalupas pequeñas, que los siete mineros retenidos iban a utilizar como balsas para sostener las dragas, también fueron confiscadas aquella madrugada.
“Cada uno tenía tres o cuatro documentos de identidad diferentes, por lo tanto, no se sabe quiénes son en realidad. Algunos dijeron que son de Pucallpa, otros que son de Iquitos”, apunta Galois Flores. Los nombres que finalmente consignó la dirigencia wampís en sus actas son: Larry Padilla Rivadeneyra, Jesús Panaifo Rivera, Calep Pincahuando Díaz, Dievis Moreno Panduro, Jacquelin Panaifo Tangoa, Ronald Reátegui Herrera y Ducner Chistama Masedo.
Hasta el 20 de febrero, la dirigencia del Gobierno Territorial Autónomo de la Nación Wampís esperó la llegada de la policía y la fiscalía a la comunidad Villa Gonzalo para entregar a los retenidos. Para ese día también se había programado una asamblea de emergencia entre los líderes de las comunidades de la cuenca fronteriza a fin de tomar nuevas acciones contra el incremento de la minería ilegal.
Mangueras, motores y combustible que iban a las zonas de explotación aluvial fueron decomisadas por la guardia wampís, el 16 de febrero. (Foto: GTANW)
“Nadie, ni la policía ni la fiscalía, llegó, a pesar de que los habíamos convocado a la reunión. Tuvimos que dejar ir a estos mineros también con la exhortación de no regresar”, comenta el director de Naturaleza y Medioambiente de la Nación Wampís, Alfonso Flores. Para los comuneros de esta parte de la selva peruana resulta muy costoso llevar a los delincuentes que atrapan hasta alguna comisaría, pues la más cercana está ubicada a un día de recorrido en bote, en Santa María de Nieva.
Una de las informaciones que dieron los mineros retenidos es que se dirigían a la comunidad de Onanga, en el alto Santiago, uno de los sectores donde actualmente el río está siendo copado por las dragas. Unas 10 balsas mineras operan día y noche en el tramo del Santiago que bordea Onanga, de acuerdo con lo registrado por los dirigentes wampís. Además, en la comunidad de Quim han identificado dos balsas mineras, lo mismo que en Dos de Mayo, Ayambis (anexo de Alianza Progreso) y Papayacu. Todos estos pueblos están situados en el llamado alto Santiago, es decir, en el trecho del río que está más cerca de la frontera con el Ecuador. Alfonso Flores detalla a Mongabay Latam que hace tres semanas los ilegales empezaron a instalarse allí, eso fue el detonante para que las comunidades se levanten en defensa de su territorio.
“En el bajo Santiago viven wampís y también algunas familias awajún. Pero el alto Santiago es un territorio habitado únicamente por wampís. No queremos minería, aunque algunos apus que la hayan aceptado”, indica Galois Flores.
La expansión de las dragas es una corrosión que avanza por cada zona del río Santiago, desde la Amazonía peruana hacia el límite con el Ecuador. Teófilo Kukush sostiene que la búsqueda de oro en la cuenca fronteriza se inició en comunidades como San Juan, Belén, Fortaleza, Guayabal y Yutupis, ubicadas en el bajo Santiago, donde la policía realizó interdicciones que poco y nada coadyuvaron a la extinción de la minería ilegal. Luego, anota Kukush, los puntos de extracción fueron expandiéndose al medio Santiago, básicamente, a la comunidad de Villa Gonzalo y sus anexos. Los líderes wampís afirman que, si bien hay balsas mineras que recientemente se han trasladado hacia el alto Santiago, aún existen al menos cinco operando en cada una de las referidas comunidades del bajo y medio Santiago.
De ahí las estimaciones de los dirigentes que encabezan el gobierno territorial wampís: 30 dragas de mineros ilegales perforan el cauce del río Santiago en unas 10 comunidades de la etnia wampís.
El secretario técnico del Gobierno Territorial Autónomo de la Nación Wampís, Shapiom Noningo, calcula que la deforestación por la actividad minera en la cuenca del Santiago ya sobrepasa las 40 hectáreas.
Escenarios de violencia
Con el aumento de los enclaves de minería ilegal en el curso del río Santiago, la violencia contra las comunidades wampís también ha crecido. Galois Flores acusa que los pueblos donde operan los ilegales sufren hostigamientos y amenazas cuando se muestran en contra de la actividad minera o si reclaman por la incesante contaminación del río. Además, denuncia Flores, las comunidades se han convertido en escenario de peleas diarias y disturbios que surgen en bares instalados por los propios mineros. También hay casos recurrentes de abusos sexuales contra mujeres wampís, incluso, menores de edad. “En el bajo Santiago, por ejemplo, hemos visto esta problemática: mujeres abandonadas, hijos abandonados, jovencitas en edad escolar embarazadas, abusos de todo tipo. La población no puede estar tranquila”, explica.
Este es el panorama actual del río Santiago, en la región Amazonas. Las balsas mineras han tomado 10 comunidades de la etnia wampís. (Foto: GTANW)
El sombrío panorama que se cierne sobre las comunidades wampís empieza a asemejarse al de los pueblos awajún enclavados en la cuenca del río Cenepa. Un contexto de extrema crudeza marcado por la minería ilegal y sus delitos conexos (amenazas, extorsión y explotación de menores), que Mongabay Latam describió en un reportaje publicado el 23 de octubre de 2023.
“Si aquí no hacemos vigilancia y control ni recibimos apoyo del Estado, esto también se va a llenar de dragas”, enfatiza Alfonso Flores. Él y los demás dirigentes del Gobierno Territorial Autónomo de la Nación Wampís creen que uno de los aspectos que ha atraído a los mineros ilegales al Santiago es la cantidad de oro que consiguen extraer durante cada jornada de operaciones. Galois Flores aproxima que son, por lo menos, 150 gramos del metal los que las dragas absorben a diario, entre rocas y sedimentos, desde el fondo del cauce del Santiago.
El precio por gramo de oro que se maneja en Amazonas es de 180 soles (46.9 dólares), suma que permitiría a cada balsa apostada en el río Santiago obtener una ganancia de 27 000 soles (7,031 dólares) por día. La alta rentabilidad de esta actividad devastadora, precisa el vicepresidente Flores, ha generado que, junto con los ilegales procedentes de diversas regiones del Perú, lleguen a la cuenca fronteriza también ciudadanos venezolanos, colombianos y ecuatorianos a fin de operar en las balsas mineras. “Todos los que están contaminando nuestro río no tienen compasión de nada —alega Flores— Y no queremos condenar a nuestros hijos a esta desgracia”.
La preocupación de ver que, con el paso de los días, su territorio continúa siendo tomado por las bandas de mineros ilegales propició que los líderes del Gobierno Territorial Autónomo de la Nación Wampís acuerden nuevas medidas, durante la reunión del 20 de febrero. Teófilo Kukush cuenta a Mongabay Latam que una de las principales decisiones fue la de notificar a los mineros ilegales para que abandonen la cuenca del Santiago en forma pacífica, como máximo, una semana después de haber recibido la comunicación. La dirigencia del gobierno territorial wampís iniciará en paralelo nuevas gestiones para que la policía y el Ejército peruanos concreten una interdicción contra los mineros que no se hayan retirado. Mientras tanto, las comunidades wampís están activando puestos de control para apoyar las labores de vigilancia que el Ejército Verde realiza en Villa Gonzalo. Una de ellas es Chinganaza.
La profunda desatención del Estado
El ex viceministro de Gestión Ambiental del Ministerio del Ambiente, Mariano Castro, dijo a Mongabay Latam que lo grande y creciente de la minería ilegal en la región Amazonas revela que el Estado peruano no está actuando conforme a los problemas en una zona de frontera. Las políticas públicas para aquellos sectores del país, subrayó Castro, son ausentes, deficientes y con desempeño bajo. Castro detalló que el promedio anual de pérdida de bosques en Amazonas ha sido alrededor de 5 200 hectáreas. Y que el último registro publicado por el Programa Nacional de Conservación de Bosques, en 2020, fue de 11 500 hectáreas, esto es, más del doble del promedio que había por año. “La principal causa es la actividad agropecuaria, pero aparecen fuertemente también el narcotráfico y la minería ilegal”, explicó.
En ese sentido, el ex viceministro consideró que la tendencia al aumento de la minería ilegal y, en consecuencia, la deforestación, en Amazonas, ponen de manifiesto que existe un “incumplimiento ostensible” del Estado en sus roles de garantizar la seguridad frente al crimen organizado y de atender las necesidades sociales básicas de las poblaciones.
El secretario técnico del Gobierno Territorial Autónomo de la Nación Wampís, Shapiom Noningo, sostiene que la pobreza en la cuenca del Santiago es una constante y lo ejemplifica dando cuenta de que ninguna de las 22 comunidades tituladas ni sus anexos tiene servicios de luz, agua potable y alcantarillado.
Según las estadísticas del Programa Unidos por los Bosques de la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible, en donde Mariano Castro es director, hay 57 comunidades nativas con presencia de minería ilegal en toda la Amazonía del Perú. El 37 % de estas se encuentran en Amazonas, o sea, 21. Este consolidado sigue otro preocupante camino ascendente, en el cual hoy en día se ven afectadas las comunidades wampís del río Santiago. La situación ha alarmado también al Vicariato Apostólico San Francisco Javier, de Jaén, que en pronunciamiento público rechazó la incursión de mineros ilegales a los ríos Santiago, Marañón y Cenepa, así como sus operaciones extractivas contaminantes.
Estos botes pequeños son los que los mineros ilegales usan para mantener a flote sus balsas y, en estas, las dragas de extracción. (Foto: GTANW)
“Todo esto sucede sin que haya una autoridad que detenga este tipo de actividades (…) La minería ilegal entra ahora de manera impune y atrevida porque no hay quien vele por la imperiosa necesidad de un desarrollo sostenible de esos pueblos de la selva amazónica”, dice el comunicado emitido el 18 de febrero.
Otra grave falencia que Mariano Castro resaltó en cuanto a la postura del Estado frente a la minería ilegal es la falta de información. El experto en gestión ambiental indicó que en los dos últimos años no se ha generado un estudio acerca de deforestación en el Perú, lo cual tiene a la minería ilegal como un factor determinante. “Con un informe actualizado contaríamos con una referencia de nuevas zonas de la actividad ilegal o donde avanzó más esto”, señaló. Tampoco, remarcó el ex viceministro, hay reportes sobre los presupuestos para atender la lucha contra la minería ilegal. “Solo se escucha a cada rato que la policía y los militares no tienen recursos para trasladar personal a un operativo ni para asistencias técnicas”, indicó Castro.
Mongabay Latam intentó obtener las apreciaciones de la Policía de Medio Ambiente sobre la situación en la cuenca del Santiago, pero no tuvimos respuesta.
Para el abogado especialista en materia ambiental César Ipenza, el Estado peruano no tiene un convencimiento real de lo que significa el combate frente a la minería ilegal, y ello se traduce en un “tremendo problema de claridad” de sus políticas. Aquellos lugares distantes, de acuerdo con Ipenza, no resultan prioritarios para el Estado y tampoco le generan ningún interés si lo que se debe es atender allí problemas como el incremento de la minería ilegal. “Entonces, menos aún va a asignar recursos económicos o personal capacitado para frenar la actividad ilegal”, refirió.
El abogado puntualizó que, mientras tanto, las mafias dedicadas a la explotación aurífera en ríos ven una oportunidad en la desatención y la necesidad de las comunidades nativas para ofrecer lo que el Estado difícilmente va a cumplir. Es así como, en muchos casos, consiguen ingresar y asentarse en los ríos que bordean los pueblos indígenas.
Sin estrategias sólidas ni una posición firme del gobierno peruano ante el caos que la minería ilegal está produciendo en la Amazonía, la cuenca del Santiago va camino a ser otro infierno de devastación, violencia y contaminación. Un escenario más en que la explotación del oro avanza, al parecer, de manera irreprimible.
* Imagen principal: Hasta septiembre de 2023, 70 dragas devastaban el río Cenepa. Con las interdicciones en esa cuenca, los mineros han llegado a la cuenca del Santiago. Foto: Enrique Vera
El artículo original fue publicado por Enrique Vera en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.
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