Consulta popular del Yasuní: crece preocupación por posibles incumplimientos del gobierno de Lasso

“No es posible aplicar el Sí y vamos a sostener esta posición el mayor tiempo posible […] No queremos que termine la producción petrolera en el Yasuní, por el momento no vamos a suspender nada”. Estas son algunas de las declaraciones que hizo el presidente Guillermo Lasso en un video que se filtró recientemente, con relación a los resultados de la consulta popular realizada el 20 de agosto, en la que los ecuatorianos decidieron dejar permanentemente en el subsuelo el crudo del bloque petrolero ITT, ubicado dentro del Parque Nacional Yasuní.

El 5 de septiembre, el mandatario ecuatoriano sostuvo una reunión en el Palacio de Carondelet con comunidades indígenas de las provincias de Orellana y Sucumbíos que se oponen al retiro de la industria petrolera. Fue ahí cuando uno de los asistentes grabó el video y lo filtró a grupos ambientalistas y algunos medios de comunicación.

De inmediato, las declaraciones de Lasso generaron una fuerte tormenta política, pues no acatar la decisión popular va contra la voluntad democrática y el poder judicial. Cuando la Corte Constitucional aprobó la consulta, ordenó que, en caso de ganar el Sí —como efectivamente ocurrió— el gobierno ecuatoriano debería retirar todas las operaciones petroleras en el bloque ITT en un plazo máximo de un año.

Los resultados de las votaciones fueron contundentes: el 59 % de los electores a nivel nacional votaron a favor de parar la extracción de petróleo en el Parque Nacional Yasuní, una de las zonas más biodiversas del planeta y que forma parte de la Amazonía ecuatoriana. Sin embargo, el No ganó en las dos provincias donde se ubica el bloque petrolero, y esto ha sido utilizado por los sectores que apoyan a la industria de los hidrocarburos para argumentar que la consulta no debe cumplirse, pues las zonas directamente afectadas están de acuerdo con la actividad.

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Polémicas declaraciones

Durante la reunión de Lasso con varios dirigentes indígenas, el presidente no dejó dudas en cuanto a su desacuerdo con los resultados de la consulta popular y calificó la decisión como “suicida”. En el encuentro dijo que le preocupaban los empleos que se perderán con el retiro de la industria petrolera y que no se midió el impacto de dar paso a una consulta popular con efectos tan grandes.

“Tenemos que ver la manera legal, política, de poder darle la vuelta a este punto de adversidad, donde ustedes [los indígenas que trabajan con la industria] son los principales afectados”, dijo Lasso. El asunto fue más allá, pues admitió que su gobierno dilatará el cumplimiento de la decisión hasta donde sea posible: “No queremos que termine la producción del bloque 43 [ITT] y no vamos a apurar ningún trámite, por ahora no” y agregó que “no es la solución cumplir con un fallo que sea justo en lo legal y es injusto en lo humanitario”.

El presidente también criticó a los colectivos sociales y ambientalistas que promovieron y apoyaron la consulta, en especial al Colectivo Yasunidos, al indicar que sus integrantes viven en Quito, Guayaquil y Cuenca, y no saben lo que es vivir en las comunidades dependientes de la producción petrolera. “Vienen unos jóvenes a quitarles a ustedes todo, porque ellos creen que así debe ser el Ecuador, sin importar el impacto humano que tiene esta medida”, comentó el presidente.

Otra polémica afirmación de Lasso fue que “esto no tiene sentido, es una decisión suicida y por más que haya una ley que le diga a uno suicídate, nadie va a obedecer una ley imposible de aplicar o injusta”.

Pedro Bermeo, vocero de Yasunidos y uno de los primeros en publicar fragmentos del video de Lasso, le dice a Mongabay Latam que estas declaraciones ponen en riesgo el Estado de Derecho, la democracia y la institucionalidad del país. “Es como un presidente que no acepta las elecciones y se declara implícitamente como dictador”.

Bermeo sostiene que la consulta popular por el Yasuní fue un proceso arduo de 10 años, donde tuvieron que recoger más de 700 000 firmas, emprender un camino judicial pues demostraron ante la justicia que les habían anulado arbitrariamente cerca del 60 % de esas firmas, y luego luchar en una campaña donde muchas élites económicas se opusieron férreamente a la idea de dejar de explotar petróleo en el Yasuní. “Sabíamos que se venía una cuarta etapa, la de defender la voluntad popular. Sabíamos que sería una etapa muy difícil”, asegura.

El vocero de Yasunidos recuerda que esta no es la primera vez que, desde el Ejecutivo, se hacen comentarios que muestran la intención de no cumplir con la consulta o, por lo menos, dilatar su cumplimiento. En una entrevista del 24 de agosto con el medio Ecuavisa, el ministro de Energía y Minas, Fernando Santos, dijo que “mientras no esté terminado el proceso de desmantelamiento parcial o total, seguiremos explotando el crudo del ITT. Además, le recuerdo al país que hay un año para el cese de la actividad en el ITT y que hay un nuevo gobierno en los próximos cuatro meses, que tiene sus ideas, y no queremos adelantarnos, haciendo lo que ellos tienen que hacer. Así es que lo único que vamos a iniciar son los análisis y estudios de este plan [de desmantelamiento de operaciones]”.

Por su parte, seis días después, en una entrevista con la emisora Radio City, el ministro de Ambiente, Agua y Transición Ecológica, José Antonio Dávalos, aseguró que será todo un reto dejar diseñado y listo en los próximos tres meses el plan de cierre y abandono, pero que “evidentemente, será el próximo gobierno el que tendrá que implementarlo. Tenemos la responsabilidad de dejar un documento que sea serio científica y técnicamente, para que pueda ser implementado”.

Por ahora, no ha habido un pronunciamiento oficial del presidente Lasso respecto a toda la polémica causada con el video. Sin embargo, días después de la filtración, el ministro de Gobierno, Henry Cucalón, le dijo a Diario Expreso que el Ejecutivo respeta los resultados de la consulta popular y que lo expresado por el mandatario y demás autoridades de Estado sólo son “reflexiones” sobre el tema.

Una de las acciones que actualmente está planteando el Colectivo Yasunidos es pedirle a la Corte Constitucional que disponga una veeduría ciudadana que no solamente se ocupe de revisar el cese de la explotación petrolera, sino que verifique el proceso de retiro del bloque ITT.

“Las acciones que pueda tomar el gobierno para el abandono del ITT generan dudas, por lo tanto se propone una veeduría para este tema y luego para el cumplimiento de las acciones de reparación de los pueblos en aislamiento voluntario [Tagaeri y Taromenane] y de las reparaciones a la naturaleza”, afirma Johana Romero, abogada asesora de Yasunidos.

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Dudas y conflictos

A toda la controversia con las declaraciones de Lasso se suma que el pasado 20 de septiembre Cristóbal Kasent, indígena de nacionalidad shuar y coordinador regional de seis provincias amazónicas, dijo que prepara una acción judicial para revertir los resultados de la consulta popular. Aseguró que los resultados mostraron que gran parte de los pobladores de Orellana y Sucumbíos están de acuerdo con continuar con la explotación petrolera.

En una entrevista en el programa Vis a Vis dijo: “Nosotros somos los afectados, las nacionalidades shuar, kichwa y waorani, de eso vivimos, dependemos de proyectos de desarrollo” y aseguró que dejar el crudo en el subsuelo los dejará sin fuentes de empleo y sin recursos para programas de salud. También comentó que los trabajos de mitigación ambiental en la zona venían funcionando.

Pedro Bermeo dice que quienes hablaron con el presidente Lasso no son necesariamente los legítimos representantes de los pueblos y nacionalidades indígenas que habitan en la zona de influencia del bloque ITT.

“Es obvio que algunas personas de las comunidades trabajan en las petroleras y van a estar a favor de la explotación porque es justamente su sustento. Nosotros entendemos esta situación y la respetamos. Sin embargo, eso no representa necesariamente la posición, por ejemplo, de la nacionalidad waorani. La organización nacional waorani, al igual que las tres organizaciones provinciales, se pronunciaron a favor de la consulta e hicieron campaña a favor del Sí”, comenta.

Bermeo también considera que se debe hablar de los pueblos aislados que “evidentemente no son las comunidades que estuvieron con el presidente y que están a favor de la explotación, sino que, más bien, han sido el actor que siempre ha estado excluido de este debate y que, por obvias razones, no votó en la consulta”. El vocero de Yasunidos asegura que los derechos de estos pueblos aislados han sido sistemáticamente vulnerados y que, en su caso, al no poderles realizar una consulta previa, esta debía entenderse como negativa “y por lo tanto nunca debió existir explotación petrolera en ese territorio”.

La abogada Johana Romero menciona que, además de lo anterior, cuando la Corte Constitucional tomó la decisión de dar un año para el retiro de la industria petrolera del bloque ITT, lo hizo porque los contratos vigentes de Petroecuador terminaban en 2024, pero el ente judicial también advirtió que la empresa no entregó la información completa. Por eso, le preocupa que luego aparezcan contratos con una vigencia posterior y que el gobierno pretenda incumplir, por razones legales, con el plazo que dio la Corte. Si eso ocurriera, dice, “deberían terminarse esos contratos pero Ecuador tendría que asumir las indemnizaciones que surjan debido al incumplimiento”, lo cual sería grave y consecuencia de una falta de transparencia en la información.

Mientras tanto, Yasunidos decidió emprender acciones legales contra el presidente Lasso y pidió la actuación de la Corte Constitucional para que revise las declaraciones del mandatario. “Y si es necesario, que haya una destitución del presidente y de todos los funcionarios públicos que están incumpliendo con la voluntad popular”, dice Bermeo.

*Imagen principal: En un encuentro por el Yasuní en la ciudad de Cuenca, Ecuador, en julio de 2023. Foto: Helena Gualinga.

El artículo original fue publicado por Antonio José Paz Cardona en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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