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América Latina y el Caribe es la segunda región del mundo más afectada por los desastres. En solo 23 años se han producido 681 inundaciones, 400 tormentas, 92 terremotos, 78 deslizamientos de tierra, 77 sequías, 49 episodios de temperaturas extremas, 42 eventos volcánicos y 36 incendios forestales. Así lo revela el informe Panorama de los Desastres en América Latina y el Caribe 2000 – 2022, recientemente publicado por la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) y la Oficina de Naciones Unidas para la Reducción de Riesgo de Desastres (UNDRR).
Por lo menos 190 millones de personas resultaron afectadas por 1534 desastres registrados durante los últimos 23 años. Las inundaciones son los desastres más comunes y los países más afectados han sido Brasil, Colombia y Perú. También se destaca que desde el año 2000, 12 de estos eventos causaron cada uno más de 1000 millones de dólares en daños totales.
Los siguientes desastres más frecuentes son las tormentas. Por ejemplo, la temporada de huracanes en el Atlántico durante 2020 fue la más activa registrada con 30 tormentas con nombre, incluidos 14 huracanes y 7 huracanes de gran intensidad. Siguen los terremotos que causaron fuertes afectaciones en los últimos 23 años en la región, pues el 65 % de los que superaron la magnitud 8,0 se registraron en Sudamérica.
Según el informe, otro de los eventos más devastadores es la sequía. Se trata del desastre que ha afectado a más personas (53 millones desde el 2000), provocando el 82 % de todas las pérdidas de producción agrícola entre el 2000 y el 2022.
Sequía en Bolivia. 2021. Foto: Fundación Nativa.
Saskia Carusi, jefe de asuntos externos de la oficina en Latinoamérica de UNDRR, destaca que hay varios factores que aumentan el riesgo ante los desastres, entre ellos el hecho de que la región tiene un desarrollo económico desigual, que los índices de pobreza han aumentado considerablemente a raíz de la pandemia del COVID-19 y que el cambio climático está incrementando el riesgo en las zonas de crecimiento urbano no planificado, al punto que cifras del Banco Mundial indican que, para el 2050, más de 17 millones de personas en la región podrían desplazarse.
“Tenemos amplia experiencia en responder a desastres en nuestra región. Sin embargo, en ciertos casos vemos un ciclo, donde la recuperación de un desastre aún no termina cuando llega otro. La población atendida generalmente presenta vulnerabilidades persistentes y recurrentes”, dice Shelley Cheatham, jefe de OCHA para América Latina y el Caribe.
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El enorme impacto de los desastres
Uno de los principales mensajes del informe es que, además de una elevada exposición física a amenazas como sequías, inundaciones, deslaves y terremotos, América Latina y el Caribe cuenta con un complejo entorno de factores de riesgo, entre los que destacan el cambio climático, la densa población urbana, el lento crecimiento económico, el aumento de la desigualdad y la pobreza, la inestabilidad política, los desplazamientos y las migraciones masivas, así como los altos niveles de violencia. “Estos riesgos entrelazados crean situaciones de vulnerabilidad y tienen un fuerte impacto en la capacidad de la población para prepararse, responder y recuperarse de un desastre”, se lee en el documento.
Tanto los factores de riesgo, como los desastres, vienen en aumento. Entre 2019 y 2022 las tormentas se han incrementado en un 38 %, las inundaciones casi en un 20 %, las actividades volcánicas en cerca de un 17 % y los terremotos un 7 %.
Uno de los muros de contención en Putumayo (Colombia), para evitar deslizamientos, tiene grietas y huecos que han permitido que la naturaleza vuelva a aparecer. Foto: María Fernanda Lizcano.
“Si bien América Latina y el Caribe es la segunda región del mundo con más desastres (después de Asia y el Pacífico), somos la primera en términos de impactos y costos económicos de los desastres. El año pasado, el 70 % del costo económico de los desastres lo sufrimos en esta región”, comenta Nahuel Arenas, jefe de UNDRR para América Latina y el Caribe.
Se calcula que, desde el año 2000, la región ha perdido una media del 1,7 % del PIB anual debido a desastres relacionados con el clima. Si solo se mira el Caribe, donde la exposición a fenómenos meteorológicos intensos es mucho mayor, esta cifra aumenta hasta el 3 %.
Las tormentas tropicales y los huracanes son los eventos que más se incrementaron en los últimos cuatro años. En más de dos décadas de análisis de UNDRR y OCHA en la región, se contabilizaron 47 millones de personas afectadas, 910 000 quedaron sin hogar y 9500 murieron.
Los desastres causados por tormentas y huracanes imponen grandes retos porque hay muy poco tiempo de recuperación entre un evento y otro. Por ejemplo, Dominica aún no se recuperaba del impacto de la tormenta tropical Erika en 2015, cuando en 2017 quedó completamente devastada por el huracán María, el cual cobró 64 vidas y afectó a toda la población estimada que vivía en la isla (71 293 personas).
Afectación de huracán Iota en Providencia. Foto: Cortesía Teleislas.
Otro ejemplo de la severidad de las tormentas y huracanes se dio en el 2020, año que batió récords en la cantidad registrada de estos eventos, cuando los huracanes Eta e Iota azotaron Centroamérica y la isla colombiana de Providencia con menos de dos semanas de diferencia. “Estos devastadores huracanes de categoría 4 resultaron en más de 400 muertes y afectaron a casi 9 millones de personas en Centroamérica, dejando un total de 1400 millones de dólares en daños en tan solo unos días”, menciona el informe.
Las inundaciones son el desastre más común en la región. Sólo entre 2019 y 2022 se registraron 133 (20 %) de las 681 documentadas desde el año 2000. El reporte de OCHA y UNDRR destaca que a pesar del número relativamente bajo de muertes directamente asociadas con las inundaciones, han causado unos daños totales de casi 28 billones de dólares. Muchas de estas inundaciones son repentinas, lo que combinado con una gran velocidad y poca previsibilidad, producen consecuencias devastadoras para las comunidades afectadas.
En 23 años de análisis, Colombia fue el país más afectado por este tipo de eventos, lo que afectó a 10,5 millones de personas, seguido por Brasil con 9,2 millones y Perú con 4,5.
Los deslizamientos de tierra también generan desastres. “Desde el año 2000, América Latina y el Caribe se ha visto afectada por 78 deslizamientos de tierra que han causado casi 3000 muertes. Un tercio de las muertes por deslizamientos se han producido en Colombia”. Solo la tragedia de Mocoa, Putumayo, en 2017, dejó 349 muertos en el país sudamericano.
Las sequías, por su parte, causaron daños por 19,6 billones de dólares entre el 2000 y el 2022. Uno de los grandes retos es que su aparición es lenta, sin un principio ni un final claros, ya que pueden extenderse por varios meses o incluso años. Desde el 2000, la mayoría de las personas se han visto afectadas por la sequía en Brasil (más de 33 millones), seguido de Guatemala (más de 5,6 millones), Haití (más de 4,6 millones), México (2,5 millones) y Paraguay (más de 1,7 millones).
El evento de El Niño, que ya empezó a desarrollarse y del que se espera tenga sus mayores impactos a finales de 2023 y comienzos del 2024, es un factor que recrudecerá las sequías en América Latina y el Caribe. “El fenómeno de El Niño contribuye a la sequía en Sudamérica, incluidas las zonas andinas de Ecuador, Perú y Bolivia, así como el noreste de Brasil […] Es un evento que excede las capacidades de una sola organización o gobierno y, por lo tanto, requiere alianzas estratégicas como parte de un esfuerzo concertado de la comunidad internacional para asistir a los más afectados por la sequía”, indica el informe.
Saskia Carusi, de la UNDRR, dice que El Niño representa irregularidades en las lluvias en toda la región, lo que trae consecuencias en la agricultura y el acceso humano al agua. “No solo afecta la disponibilidad de agua para la agricultura o para el consumo humano, sino también, por ejemplo, la disponibilidad de agua para el Canal de Panamá, lo que pone en riesgo el comercio. El Niño también puede afectar el turismo y el suministro de energía eléctrica cuando hay dependencia de recursos hídricos. Se tienen impactos en cascada en diferentes sectores”, comenta.
(Archivo) La Selva de Yungas cerca de Orán, al norte de Salta (Argentina), está cubierta de humo, fuego y cenizas, devorada por el avance de las llamas que, favorecidas por la sequía, se vuelven incontrolables. Foto: Greenpeace Argentina.
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Financiamiento para planes humanitarios y de prevención de desastres
Carusi considera que América Latina y el Caribe han mejorado en su capacidad de salvar vidas en los desastres, gracias a la tecnología, las alertas tempranas y la preparación comunitaria. También resalta que, si se compara la situación actual con la de 20 años atrás, ahora hay más países con planes nacionales y locales de gestión de riesgo. Sin embargo, considera que hay mucho para mejorar en el aspecto económico, pues estos planes necesitan financiación para implementarse y muchos de ellos no la tienen.
Shelley Cheatham asegura que los planes de atención y respuesta humanitaria también son un gran reto en cuanto a financiación y afirma que en 2023 solo seis países cuentan con uno: El Salvador, Guatemala, Colombia, Honduras, Venezuela y Haití. En 2018 solo un país lo tenía.
“Los seis planes están muy desfinanciados. De los fondos que requieren para atender a las personas en necesidad, solo tienen financiado el 17 %. En Haití, donde vemos tanta pobreza, violencia, tormentas tropicales y sismos, el plan está financiado en un 26 %”, dice Cheatham y agrega que “hay tantas crisis que es imposible atender desastres solo con fondos humanitarios”, por lo que es necesario trabajar en paralelo para superar las vulnerabilidades de las poblaciones.
“Necesitamos fondos para los planes humanitarios que permitan atender emergencias inmediatas, pero necesitamos invertir en reducción de riesgo y en mejorar servicios básicos”, afirma Cheatham.
Nahuel Arenas insiste en que si no existe un compromiso financiero, al final habrá problemas graves con todos los planes que generen los países. “Una de las claves es cambiar la narrativa y entender la inversión en prevención no como un gasto, sino como una inversión para blindar nuestras inversiones ante el riesgo”, dice. Para él, esa falta de financiación en la prevención se refleja en que, entre 2010 y 2019, la inversión en este rubro fue sólo del 0,5 % de la inversión total en desarrollo a nivel mundial.
Arenas también comenta que hay que seguir fortaleciendo los sistemas de alertas tempranas, pues con una alerta de 24 horas se pueden reducir los daños económicos hasta en un 30 %.
Otro aspecto importante para los expertos es el fortalecimiento del tejido social para aumentar la resiliencia frente a nuevos eventos naturales que, por falta de gestión, puedan conducir a desastres. Para Cheatham, se debe fortalecer la respuesta humanitaria para cuando sea necesaria, pero hay que trabajar en la resiliencia para lograr la reducción del riesgo y así, cuando ocurra el próximo evento, todos estén más preparados y fuertes.
La jefe de OCHA para América Latina y el Caribe también resalta la urgencia de que las acciones a nivel político se tomen a largo plazo y vayan más allá del tiempo de gobierno de las autoridades de turno.
“Tengo esperanza de que utilicemos más la ciencia para el pronóstico y las alertas tempranas”, dice Cheatham y Arenas agrega que “el desafío es que el aporte de la ciencia se transforme en decisiones que impacten las políticas y las estrategias a todo nivel. Si asumimos que los desastres no son naturales y que son nuestra construcción social, eso nos llevará a un enfoque de más responsabilidad y, por ende, muchísimo más preventivo”.
*Imagen principal: Las inundaciones ocurridas principalmente en las regiones de la costa norte del Perú, debido al ciclón Yaku en marzo de 2023, dejaron alrededor de 21 mil casas afectadas. Foto: Ministerio de Defensa del Perú.
El artículo original fue publicado por Antonio José Paz Cardona en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.
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