Las pistas ilegales que exponen al pueblo kakataibo a la violencia del narcotráfico

El público se desborda en gritos y aplausos. El maestro de ceremonias acaba de anunciar a las cuatro finalistas del concurso de belleza “Miss Juan Chávez Muquinuy”, y ellas suben al escenario para su último recorrido por la pasarela. Quienes se disputan la corona son estudiantes de la escuela, niñas entre 13 y 15 años que desfilan en tops, shorts y tacones de plataforma.

Son las 8 de la noche y, aunque en el pueblo no hay energía eléctrica, el local donde se celebra la ceremonia está iluminado con paneles solares y la música retumba en dos enormes parlantes. “Hasta hace tres años la ganadora se decidía por el número de rifas que vendía cada salón. Ahora celebramos a lo grande”, nos dice la madre de una de las concursantes.

Casi todo el pueblo está ahí, reunido para presenciar la coronación de una nueva reina en una comunidad indígena de la etnia kakataibo, ubicada en la provincia de Padre Abad, en la selva de la región Ucayali.

Los kakataibo son un pueblo guerrero que históricamente ha vivido entre las regiones de Loreto, Ucayali y Huánuco, en un extenso territorio partido en dos por la carretera Federico Basadre. En la zona norte ellos conviven con los indígenas shipibo-conibo, en los pueblos Nuevo Edén, La Cumbre, Muruinia, Santa Rosita de Apua, Santa Rosa, Yamino y Mariscal Cáceres; mientras que en la zona sur se concentran en las comunidades nativas Santa Martha, Puerto Nuevo, Sinchi Roca I, Sinchi Roca II, Unipacuyacu y Puerto Azul.

Estos grupos tienen un rol cultural clave, pues forman un cordón de protección alrededor de la Reserva Indígena Kakataibo Norte y Sur, el bosque donde se refugian pobladores indígenas en aislamiento voluntario y contacto inicial. Sin embargo, en los últimos años, grupos de colonos han invadido sus territorios, trayendo consigo el narcotráfico, los cultivos ilícitos de hoja de coca y la tala ilegal.

El arribo de personas ajenas ha cambiado la dinámica social en algunas de estas comunidades indígenas. La nueva rutina se hace evidente en el ruidoso paso de motocicletas adornadas con luces de neón, en el uso de cemento y ladrillos en viviendas que antes eran de paja, y en los fajos de dinero que portan algunos visitantes.

La transformación de las comunidades preocupa a líderes indígenas como Fernando*, que teme por la pérdida de las costumbres ancestrales y cuyo nombre protegemos por seguridad. “Ahora todo es calamina, cemento. La comunidad ya no es como antes. La misma tecnología implica los cambios, pero tenemos temor de perder nuestra propia cultura y lengua”, dice.

Un equipo periodístico de Mongabay Latam, guiado por los hallazgos de una herramienta que utiliza inteligencia artificial para detectar pistas de aterrizaje clandestinas desarrollada por la organización Earth Genome, llegó a dos de los pueblos kakataibo que se ubican al norte y sur de la reserva, y que no serán nombrados por seguridad. Allí se constató que la mayor transformación es el miedo que infunden los nuevos vecinos, debido a la violencia que propician para mantener sus actividades ilegales y consolidar una ruta para el narcotráfico.

Esta última queda en evidencia con las pistas de aterrizaje clandestinas que se han abierto en medio del bosque de la comunidad y que fueron detectadas en el análisis satelital que encamina esta investigación. El temor no es infundado.

Desde la pandemia han asesinado a 15 líderes indígenas en Ucayali, Huánuco y Pasco, y seis de ellos eran kakataibo, incluido el dirigente Mariano Isacama. Su cuerpo fue encontrado el pasado 14 de julio en el distrito de Padre Abad, en Ucayali, un mes después de que reportaron su desaparición.

A Mariano Isacama lo conocimos en la elaboración de este reportaje. Los comuneros lo llamaban “Perú” por su afición a narrar los encuentros deportivos y era muy querido en esta zona. Por lo menos 40 integrantes de la Guardia Indígena Kakataibo salieron en su búsqueda, pero su cadáver fue hallado con signos de tortura tres semanas después. La Segunda Fiscalía Especializada en Derechos Humanos e Interculturalidad de Ucayali investiga las causas del crimen, pues Isacama había recibido amenazas anónimas tras denunciar la presencia de invasores.

Tres escolares con sobredosis

Un viejo armario de madera exhibe 2557 carpetas de cartulina, organizadas de manera vertical. En estas se guardan la historia clínica de pobladores indígenas y foráneos que se atendieron en los últimos diez años en el puesto de salud de la comunidad kakataibo. Pero lo que ocurrió en 2023 no se había escrito antes. Tres adolescentes de 14 y 16 años de edad llegaron al centro médico con taquicardia, pupilas dilatadas, presión alta y evidentes signos de paranoia.

“Aquí no tenemos un laboratorio para analizar muestras de sangre, pero apenas vimos a los chicos supimos que era pasta”, dijo uno de los técnicos de enfermería, refiriéndose a la pasta básica de cocaína (PBC).

Los adolescentes estudian en el instituto educativo comunal. Dos de ellos son indígenas kakataibo y el tercero migró con su familia desde Huánuco. El personal médico les inyectó cloruro de sodio para evitar la deshidratación y los mantuvo en camillas hasta que los síntomas pasen. Ninguno de los que trabaja aquí ha sido capacitado para atender casos de sobredosis o urgencias toxicológicas asociadas al consumo de estupefacientes en comunidades indígenas, mucho menos en menores de edad.

Los vecinos cuentan que la droga fue traída por un grupo de jóvenes que llegó al pueblo con el pretexto de sembrar plátanos y yuca, y que apenas se enteraron de estos hechos los expulsaron, pero saben que dos de ellos se dedican al transporte de droga.

Son varios los colonos que se quedaron a vivir en esta comunidad colindante a la Reserva Indígena Kakataibo Sur, tras alquilar o invadir parcelas para supuestamente dedicarse a la agricultura, pero los vecinos saben que sus sembríos son de hoja de coca.

En esta reserva viven grupos de pueblos en aislamiento. “Los kakataibo consideran a los pueblos en aislamiento como hermanos; quieren protegerlos, pero sus territorios prácticamente han sido tomado por invasores (…) Algunos siembran hoja de coca porque les genera ingresos económicos. Es una situación complicada, por eso tratamos de trabajar en procesos que mejoren su calidad de vida”, explica Miguel Macedo, antropólogo del Instituto del Bien Común (IBC), una organización ambiental que trabaja en zonas rurales.

El abandono del Estado también se evidencia en la imposibilidad de los comuneros de cubrir sus necesidades básicas. Las familias no tienen agua potable ni Internet, y solo algunas casas cuentan con energía a través de baterías y paneles solares. La posta médica que atendió a los adolescentes con sobredosis tuvo que clausurar dos de sus ambientes porque el techo se caía a pedazos, y en el colegio prevalecen las carpetas en mal estado, pero sí cuenta con enormes parlantes y un equipo de sonido.

En esta zona, un cuarto de hectárea puede producir 25 arrobas de hoja de coca cada tres meses, cuando la temporada ha sido buena; pero si los agricultores lidian con plagas y fumigaciones, solo cosecharán 15 arrobas. En el mejor de los casos, esta cantidad equivale a 287 kilos de hoja seca que se vende a USD 446 dólares. El monto es mayor a lo que consiguen con cultivos tradicionales, pero, al dividirlo por mes, estos 148 dólares de ganancia no cubren ni la mitad de un sueldo mínimo.

El verdadero negocio está en los otros eslabones de la cadena del narcotráfico. De una tonelada de hoja seca se obtienen 2,14 kilos de pasta básica de cocaína (PBC), valorizados en 4712 soles o 1273 dólares al cambio actual, pero cuando esta droga se convierte en clorhidrato de cocaína, los narcotraficantes pagan casi el doble, por lo que 2,14 kilos llegan a costar 7802 soles o 2108 dólares en las zonas de producción.

La ganancia final se obtiene en la venta al consumidor: 1 solo gramo de cocaína se comercializa por 286 dólares en Arabia Saudita y 30 dólares en Estados Unidos, según datos de las Naciones Unidas. Es decir, con 1 tonelada de hoja de coca procesada, convertida en clorhidrato de cocaína y distribuida en las calles, el crimen organizado factura entre 61,2 millones y 6,4 millones de dólares, solo en dichos países.

Los vuelos del narco

De todas las comunidades kakataibo ubicadas al sur de la Reserva Indígena, una es la que cuenta con mayores vías de conexión para el narcotráfico. La ruta habitual para llegar a este pueblo empieza en la capital de Ucayali, Pucallpa, y continúa hacia la ciudad de Aguaytía para luego hacer un transbordo en camioneta o en balsa. Sin embargo, existen trochas que conectan a esta comunidad con la vecina región de Huánuco, específicamente con el distrito Codo del Pozuzo y la provincia de Puerto Inca, considerada por la Policía Antidrogas como zona de “sembrío, elaboración, acopio, trasteo y embarque de droga”.

Esta ubicación estratégica ha sido aprovechada por los grupos criminales para extender su cadena productiva. “La Guardia Indígena Kakataibo hace controles, destruye pozas de maceración y quema cultivos, pero son muchos”, cuenta una fuente local que pide no ser nombrada por seguridad.

El monitoreo de cultivos ilícitos de coca que realizó la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (Devida), en 2023, confirma que estas plantaciones están presentes en 1082 hectáreas del territorio kakataibo, y 682 de estas hectáreas están dentro de comunidades nativas. Sin embargo, Fernando asegura que los operativos de erradicación que realizó el Estado hasta ese entonces, y la labor de sus comités de vigilancia, han servido para detener la expansión de estos sembríos.

Según fuentes de la Dirección Antidrogas de la Policía (Dirandro), la hoja de coca que sale de este territorio es procesada en pozas de maceración y convertida en Pasta Básica de Cocaína (PBC) para luego ser enviada principalmente a Codo del Pozuzo, en la provincia de Puerto Inca, región de Huánuco. Desde allí los grupos criminales mandan los cargamentos en avionetas que tienen como destino inmediato Bolivia.

El equipo periodístico de Mongabay Latam identificó seis pistas de aterrizaje clandestinas dentro y alrededor de tres reservas indígenas —dos dentro y cuatro alrededor— a través de una herramienta de búsqueda que utiliza inteligencia artificial (IA) que desarrollamos junto con Earth Genome y que detecta esta infraestructura escondida en los bosques. Cada una de ellas fue corroborada con fuentes oficiales y locales que confirmaron el uso de las pistas para sacar droga.

La plataforma de monitoreo satelital Global Forest Watch muestra que una de las pistas fue abierta en 2015, una en 2017, otra en 2018 y una más en 2019 y la última en 2021. La extensión de cada una va desde los 350 a 940 metros, y cuatro de ellas están a menos de medio kilómetro de los ríos Santa Ana, Huacapistea y Dorado, una ubicación estratégica para agilizar el cargamento de las aeronaves, como mencionaron algunas de las fuentes entrevistadas.

La superposición de la capa de cultivos ilegales con la de las pistas clandestinas confirman que muchas de estas se han instalado en medio de sembríos de coca, y en al menos dos kilómetros a la redonda se puede identificar entre 10 y 26 hectáreas de estas plantaciones. En total, 37 hectáreas de coca rodean dos de estos aeródromos ilegales.

Las fuentes en territorio con las que conversamos, y que pidieron la reserva de sus nombres para evitar represalias, dijeron sentirse acorralados por estas actividades ilícitas, y que ya no sienten que puedan confiar siquiera en las autoridades. “Sabemos dónde están las pistas, no están muy lejos de donde vivimos, pero no nos acercamos allí por seguridad (…) Tienen personas armadas, todo está controlado. Hasta minas dicen que han puesto alrededor”, nos cuentan.

El jefe de la División dé Maniobras Contra el Tráfico Ilícito de Drogas en Pucallpa, coronel PNP James Tanchiva, dijo que tienen identificadas a siete de estas pistas ilegales; cuatro en la zona norte y tres en la zona sur, y ya están coordinando con las autoridades de las comunidades para destruirlas.

Algunas de estas vías clandestinas, dice el coronel, se han habilitado en zonas casi inaccesibles con la anuencia de comuneros. “Los narcotraficantes, por utilizar esos territorios o por utilizar esas pistas, pagan cierta cantidad de dinero a la población o las autoridades (…) Hay varias pistas a las que solamente se ingresa con helicóptero. Por tierra solamente podemos llegar a dos o tres, nada más, pero para llegar a las otras estamos a la espera del apoyo de una aeronave de la Policía Nacional”, señaló.

Para movilizar el cargamento ilícito hasta dichas zonas, los grupos criminales recorren trochas carrozables, a pie o en moto, hasta llegar al río o carretera más próximo. Estos caminos son facilitados por taladores y mineros ilegales, en una suerte de pacto tácito de colaboración. “Hay muchos taladores ilegales que entran a las comunidades para sacar madera y para eso construyen carreteras. Hay un convenio entre taladores ilegales, narcotraficantes, mineros ilegales, entonces, hacen carreteras y aprovechan para pasar por ahí sus drogas”, explica Tanchiva.

Según el coronel, son varios grupos de acopiadores los que se asocian para embarcar la mercadería hasta Bolivia y, desde allí, enviarlos a Colombia o Estados Unidos, y para ello despliegan a personal armado. “Cuando van a hacer un vuelo para sacar droga, uno o dos días antes hacen un reconocimiento previo, mandan gente o a la misma población de la zona para verificar que no haya nada extraño. Toman todas sus medidas. El mismo día llegan y trasladan la droga con su gente de seguridad y ese personal está armado”, añadió.

Las fotografías aéreas tomadas por la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep) y la Federación Nativa de Comunidades Kakataibo (Fenacoka), en marzo pasado, confirman la presencia de dos de las pistas ilegales detectadas por la herramienta de búsqueda con inteligencia artificial. Estas se ubican en un área que una de las comunidades indígenas kakataibo reclama como suya desde 1991.

Dicho pueblo vive en más de 3800 hectáreas, una extensión muy pequeña comparada con otras comunidades nativas, sin embargo, las Direcciones Regionales de Agricultura de Ucayali y de Huánuco no aprueban el pedido de ampliación territorial. Por el contrario, el Estado entregó concesiones madereras sobre el área solicitada.

Los que han aprovechado esta disputa son los invasores que arrasan con los bosques para sembrar pastizales ganaderos y, nuevamente, el narcotráfico. El mapa de Devida confirma que los cultivos ilícitos se han apoderado del área de ampliación solicitada por una de estas comunidades indígenas kakataibo, sobre todo, en el sector que corresponde a Huánuco y que limita con la Reserva Indígena Kakataibo Sur.

Para los líderes de la comunidad, estas hectáreas ya están perdidas. “Ya no reclamaremos esas tierras porque están invadidas por personas que han deforestado para tener ganado y hoja de coca. Lo que seguiremos exigiendo es la ampliación de las tierras en Ucayali, donde existen concesiones forestales”, añade Fernando.

Luchar o convivir con el enemigo

En los alrededores de la Reserva Indígena Kakataibo Norte, cruzando la carretera Federico Basadre, se encuentra otra comunidad nativa de Ucayali que está siendo amenazada por el narcotráfico y la deforestación. Mongabay Latam llegó hasta allí, tras recorrer trochas donde los bosques han sido arrasados y reemplazados por palma aceitera y pastizales para ganado.

En esta zona, ubicada en el distrito de Padre Abad, los pueblos kakataibo comparten problemas similares: los sembríos ilícitos que se infiltran en sus territorios. No es difícil encontrar las cosechas de coca secando al sol. La diferencia es que carecen de caminos accesibles a la carretera, lo que impide que los integrantes de la cadena del narco se asienten en esos territorios.

Además, en algunas comunidades del norte la Guardia Indígena Kakataibo recorre sus bosques para identificar nuevos puntos de deforestación, controlar la expansión de las actividades ilícitas y la delincuencia. Se trata de grupos de unos 25 hombres que ingresan a la selva, cada 15 días, con machetes y comida suficiente para dormir en la intemperie. Durante sus recorridos, ellos marcan las coordenadas donde identifican nuevas áreas taladas o con sembríos ilícitos, y coordinan con la policía para su erradicación. Incluso queman las pozas de maceración que encuentran a su paso.

El presidente de una de las Guardias Indígenas asegura que cada vez son menos las personas que alquilan las tierras kakataibo norte, debido al trabajo de concientización que realizan y porque quienes se suman a este equipo obtienen un pago mensual que les permite costear su alimentación básica.

“El mayor problema ahora se encuentra en la frontera entre dos comunidades indígenas pues allí han identificado grandes extensiones de cultivos de coca. También en otro caserío donde hay plantaciones y pozas”, añade uno de los integrantes de la Guardia Indígena. Según los comuneros, la droga que se produce en este último caserío es trasladada hasta una comunidad nativa ubicada en Kakataibo Norte y donde la herramienta de búsqueda detectó una pista de aterrizaje ilegal.

El líder de una de las comunidades Kakataibo Norte coincide en que la amenaza actual son los laboratorios clandestinos de droga. “Hay laboratorios en los caseríos. [Quienes los manejan] no pasan por aquí para llevar sus productos porque se van por río y carreteras colindantes donde no hay vigilancia”, dice. “Ya no se está abriendo más bosque primario para chacras – espacios para sembríos-, ahora solo se cultiva en bosques secundarios existentes, y por eso la deforestación también está bajando”, añade el apu.

Ante estas amenazas, Puerto Azul, Mariscal Cáceres y el resto de comunidades kakataibo han asumido el rol de defensa y conservación de sus territorios, y eso les está costando la vida a sus dirigentes indígenas.

“Los cultivos ilegales están muy avanzados en ambas comunidades y el gobierno no está haciendo nada. Así vamos a seguir muriendo. Necesitamos combatir estos grupos peligrosos que están convirtiendo estos territorios en tierra de nadie. Vamos a tener que aplicar la justicia indígena para protegernos, no nos queda de otra”, dice Herlin Odicio, líder kakataibo y vicepresidente de la Organización Regional Aidesep Ucayali (Orau).

Imagen destacada: Las comunidades indígenas que viven alrededor de la Reserva han asumido la defensa de sus bosques y de los PIACI, pero están amenazados por los invasores. Foto: Mongabay Latam.

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*Los nombres de algunas personas que fueron entrevistadas y que participaron en la realización del reportaje fueron cambiados u omitidos por su seguridad.

El artículo original fue publicado por Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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