En abril de 2022, la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) informó que había logrado recuperar un cargamento equivalente a 80 camiones con madera ilegal extraída de América Latina y El Caribe, la región que alberga más del 50% de los bosques primarios del mundo. La mercadería estaba valorizada en más de 700 000 dólares y se incautó como parte de la operación Arcadia Lac, que involucró a 12 países, entre ellos Argentina, Colombia, Panamá y Perú, para lo cual movilizó a autoridades policiales, forestales y aduaneras.
Según la Interpol, este negocio ilícito moviliza alrededor de USD 152 000 millones al año y está atrayendo a nuevos grupos criminales con sistemas financieros y logísticos más sofisticados para traficar especies maderables valiosas.
Según la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol), el tráfico de madera mueve alrededor de USD 152 mil millones anuales. Foto: Interpol.
En contraste al progreso rápido y millonario de las mafias ilegales, las medidas aplicadas por los países latinoamericanos para combatir la deforestación avanzan lentamente y con poca eficacia. Mongabay Latam y la sexta generación de la Red LATAM de Jóvenes Periodistas de Distintas Latitudes se propusieron dar una mirada profunda a este problema en nueve países de Latinoamérica, nueve estados que han perdido en veinte años más de 39 millones de hectáreas de bosques primarios o intactos, según las cifras de la plataforma de monitoreo satelital Global Forest Watch.
Para hacerlo solicitamos información pública a los gobiernos de Ecuador, Guatemala, Colombia, Bolivia, Brasil, México, Perú, Argentina y Chile sobre las extensiones y causas probables de pérdida boscosa. El objetivo: reconstruir el avance de la deforestación y las decisiones políticas que lo permitieron.
¿Qué trabas se detectaron en el camino? Vacíos de información, datos incompletos y falta de transparencia en la mayoría de los casos. Además, identificamos que como cada país mide la deforestación con distintas metodologías, no todos establecen causas o amenazas específicas de pérdida de bosque, o lo que es más complejo, pueden incluir o excluir distintos ecosistemas al momento de la medición. “A diferencia de otros países como Ecuador, Colombia o Brasil, en Perú solo tenemos información sobre el bosque amazónico y datos de bosque seco. No tenemos datos para bosques andinos, ni para bosques de neblina, o bosques de valles interandinos porque todavía no se ha desarrollado una metodología adecuada para eso”, señala Sidney Novoa, director SIG y Tecnología para la Conservación en la Asociación para la Conservación de la Cuenca Amazónica (ACCA). Estas omisiones de monitoreo, agrega, dejan de lado el 40 % de los bosques peruanos.
(Lee aquí la segunda entrega del especial Los bosques que perdimos)
¿Cómo se mide la deforestación en Latinoamérica?
El período de análisis elegido fue del 2001 al 2021 y fue de esos años que se solicitó información a los gobiernos de Ecuador, Guatemala, Colombia, Bolivia, Brasil, México, Perú, Argentina y Chile. Sin embargo, debido a los vacíos de información, solo se pudo reconstruir la historia de la deforestación del 2002 al 2016 para todos estos países.
Los datos enviados por las instituciones gubernamentales de la región muestran que algunos países monitorean el avance de su deforestación de forma anual, otros cada cinco años y hay aquellos que solo registran datos hasta el 2016 o 2017. Las autoridades centran sus esfuerzos en identificar el número de hectáreas forestales que desaparecen de sus territorios, y aunque señalan que el motivo común es el cambio de uso de suelo para la agricultura y ganadería, no profundizan en los actores que están detrás de estas actividades económicas ni en el rol de otros impulsores que conllevan a esta pérdida boscosa. A esto se suma que casi ninguno cuantifica la superficie que pierde cada año debido a esos factores.
De los nueve países analizados, los únicos que brindaron datos concretos respecto a los impulsores de la deforestación fueron México y Colombia. Perú, Chile y Guatemala mencionaron las razones probables de la desaparición de sus bosques, pero no pudieron indicar la cantidad de hectáreas arrasadas que le atribuyen anualmente a cada causa de deforestación. En tanto, diagnósticos y estudios, citados en las respuestas oficiales, permiten identificar las posibles causas de la deforestación en Bolivia, Ecuador y Argentina, pero solo de modo enunciativo.
Aunque los gobiernos no realizan un análisis con ese nivel de detalle, son las organizaciones civiles, investigadores y académicos los que cubren este vacío. Matt Finer, director del Proyecto de Monitoreo de la Amazonía Andina (MAAP, por su siglas en inglés), explica que, por ejemplo, la tala selectiva de árboles de alto valor no es monitoreada de forma regular y automatizada por ninguna entidad. Este trabajo, dice, recae en instituciones privadas que cotejan la información con imágenes de alta resolución captadas por satélites.
Si bien el impacto visual de este tipo de tala es menor en comparación con las grandes extensiones de bosque que arrasa la minería ilegal o cultivos agroindustriales como la palma, es importante medir todos los fenómenos para entender cómo se relacionan los factores que degradan los bosques, señala Renzo Piana, director ejecutivo del Instituto del Bien Común (IBC). “En Perú la tala ilegal de especies maderables es el primer paso para justificar la pérdida de valor en un ámbito boscoso”, agrega.
Matt Finer añade que los países de la región no utilizan una metodología estandarizada para identificar las causas de la deforestación, y tampoco se cuenta con buenos sistemas automatizados para hacerlo. Su institución es una de las que producen datos y mapas de la región con el análisis de imágenes satelitales. “Mi principal punto es que la tecnología actual no es perfecta, pero es suficiente para un monitoreo efectivo en tiempo real. La gran debilidad sigue siendo el uso efectivo de esta información por parte de los gobiernos y otros actores claves”, señala.
La comunidad nativa Tres Islas perdió más de 500 hectáreas de bosques en los dos últimos años por causa de la minería ilegal. Foto: FEMA Madre de Dios.
El procurador del Ministerio del Ambiente, Julio César Guzmán, dice que recién desde 2021 el Perú cuenta con una “Estrategia Nacional Multisectorial de Lucha Contra la Tala ilegal” que ya no solo relaciona la tala ilegal con la venta de madera ilícita, sino con las causas y consecuencias de esta extracción. Esto permitirá monitorear la deforestación de manera detallada.
“Si los Estados no entregan la información, es porque no la tienen. En Perú, el monitoreo actual no distingue las hectáreas de desbosque autorizado de aquella extensión que fue arrasada de manera ilegal. Tampoco se mide el impacto y localización de los programas de reforestación. En la Procuraduría recibimos la data de monitoreo satelital cada quince días, y porque lo solicitamos por memorándums (…) Perú ya cuenta con un modelo de medición que permitirá actualizar la data en tiempo real, lo que falta ahora es voluntad política y presupuesto para poner en marcha la nueva metodología”, dice Guzmán.
Julia Urrunaga, directora en Perú de la Agencia de Investigación Ambiental (EIA por sus siglas en inglés), considera que el Estado no tiene interés de entender lo que está pasando con los bosques. “Existe inacción o desidia para recolectar estos datos, pero también hay un componente de no querer entrar en conflicto con la industria para seguir atrayendo inversión, nacional o extranjera, hacia las regiones. Parece más fácil decir que son pequeños agricultores o gente pobre los que talan para abrir una chacra de subsistencia, y que por eso no se les puede impedir”, sostiene.
Campos agrícolas de los menonitas en el ejido Salamanca. Foto: Robin Canul.
En otros países, como es el caso de Ecuador, la información oficial sobre deforestación no se actualiza desde el 2019, según indica María Olga Borja, coordinadora en la Fundación Ecociencia en Ecuador para RAISG y MapBiomas. “Y cuando existe información oficial se da por períodos. Por ejemplo, tenemos un período de ocho años, luego de seis años y otro de dos años, lo que dificulta muchísimo el análisis”, precisa la especialista. Borja añade que este tipo de medición impide entender cuáles fueron los años pico y los lugares más afectados. “Hemos intentado suplir este gran vacío de información nacional y con el mapeo de RAISG (Red Amazónica de Información Georreferenciada)”, dice.
Sobre el mismo tema, Urrunaga de EIA añade que el monitoreo forestal es fundamental para prevenir la deforestación ilegal, plantear políticas públicas de conservación y evaluar su efectividad en el tiempo. En ese sentido, considera grave que los países asuman compromisos de cero deforestación o que expongan logros si persisten en mantener vacíos de información.
Los vacíos detrás de los números
Hay países que han empezado hace muy poco a medir cuánto bosque pierden cada año. Colombia y Argentina forman parte de este grupo. El primero comenzó a monitorear la superficie de sus bosques de forma anual recién desde 2013. Antes de ello, según la información entregada, el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) registraba la deforestación cada cinco años. Sin embargo, sumando las cifras oficiales que van desde 2001 al 2021, tantos las aglomeradas por períodos de cinco años como las anuales, Colombia perdió alrededor de 4,8 millones de hectáreas boscosas. Esto equivale a perder 2288 km2 cada año, una extensión similar a seis veces la ciudad de Medellín.
El Ideam atribuye las causas de su deforestación a la expansión de tierras para la agroindustria y sistemas ganaderos extensivos (praderización), así como al incremento de áreas para la infraestructura, los cultivos ilícitos, la minería ilícita y la tala ilegal. Solo a través de alianzas con organizaciones civiles, Colombia ha podido medir la superficie forestal arrasada por la cadena productiva de palma, la extracción de oro aluvial y por la expansión de sembríos de coca, pero en periodos acotados. Por ejemplo, de acuerdo con la información enviada por la institución, en 2015 la deforestación causada directamente por cultivos de coca alcanzó el 31 % (38 450 hectáreas) del total nacional.
“A la fecha no es posible realizar un cálculo sistemático y periódico de la deforestación atribuible a cada una de sus principales causas directas en Colombia”, respondió el Ideam. La razón, dijeron, es que necesitan cruzar sus datos con información cartográfica que producen otras entidades.
Argentina, como en el caso de Colombia, tiene datos anuales y actualizados desde 2014. Antes de ello, las cifras aparecen por períodos que oscilan entre dos y cinco años. Aquí tampoco se detalla la relación entre la extensión perdida y la causa de la deforestación. Sin embargo, sus informes estatales indican que, al 2021, los principales motivos de reemplazo de sus bosques nativos ocurrieron por el uso agropecuario (36 %), incendios (33 %) y posible uso silvopastoril (23 %). El 8 % restante es atribuido a la infraestructura o causas naturales (1 %) y motivos sin definir (7 %).
En Brasil, el Instituto Brasileño de Investigaciones Espaciales (INPE) respondió por escrito que su Programa de Monitoreo de la Deforestación de la Amazonía y otros Biomas (PAMZ+) no evalúa “la causa, el efecto ni otras razones de la deforestación. Nuestra misión es cuantificar e informar sobre estos datos de forma sistemática”. Para poder acceder a esa información hay que visitar otro portal oficial de esta institución. En Terrabrasilis se muestran estadísticas de cambio de cobertura forestal por pérdida de bosques, degradación, minería, incendio y tala selectiva, tanto en la Amazonía Legal como en la ecorregión tropical Cerrado.
Dentro de la base de datos, hemos identificado otro grupo de países que simplemente no realizan un monitoreo anual de sus bosques. Chile y Guatemala son un buen ejemplo de ello. El primero, según los datos entregados por la Corporación Nacional Forestal (Conaf), solo tiene la cantidad de hectáreas de bosque perdida entre el 2001 a 2019, una cifra que supera las 235 000 hectáreas. Es decir, unos 2358 kilómetros cuadrados, una superficie superior a la provincia de Iquique. La autoridad ambiental solo enumera entre sus problemáticas a los incendios forestales, el uso insostenible de recursos vegetacionales para la producción y ganadería, los efectos del cambio climático, la sobreexplotación del agua y otros, sin atribuirle una predominancia a ninguna. Una precisión importante, para el caso chileno, es que su cobertura arbórea incluye tanto bosques y plantaciones con vegetación nativa o exótica.
Invasores en Laguna del Tigre, en Guatemala, quemaron la selva para hacer espacio para ranchos ganaderos. Foto: Max Radwin/ Mongabay.
Guatemala, en cambio, lo que hace es identificar el promedio de incendios y hectáreas perdidas cada seis o cuatro años, según la información proporcionada por el Consejo Nacional de Áreas Protegidas (Conap) y el Instituto Nacional de Bosques (INAB). Además, sus datos se encuentran actualizados hasta el 2016, pues la información de los años siguientes se encuentra en elaboración. “Las causas de la deforestación en estos periodos no son determinadas puntualmente ya que se hace utilizando sensores remotos [imágenes de satélite Landsat]”, señaló la entidad a través de un escrito.
Este país centroamericano, sin embargo, tiene una particularidad que lo diferencia de las otras naciones: sí reporta la situación de deforestación en sus áreas protegidas. Los datos muestran que en un período de diez años, entre 2007 y 2016, se perdieron 219 468 hectáreas en estas zonas. Las cifras evidencian un patrón, pues cuando se reduce la pérdida de hectáreas alrededor del área protegida, crece la deforestación en estas zonas con mayor valor ecosistémico. En Guatemala, además, la cobertura forestal que es monitoreada sí incluye tanto bosque primario como secundario, donde entran las plantaciones forestales. Lo que no ocurre en otros países como Perú, donde todo bosque perdido es considerado deforestación de forma permanente, sin tomar en cuenta que luego de 20 años ya podría ser bosque de nuevo, como menciona Sidney Novoa de ACCA.
Sarah Carter, investigadora del World Resource Institute y Global Forest Watch, señala que todos los reportes que producen los países son muy valiosos porque se necesita la mayor cantidad de información para atacar la deforestación y entender lo que está pasando. “Cada país tiene su propia independencia en la forma de hacer sus mediciones, pero también deben ser transparentes sobre lo que hacen y lo que reportan”, agrega. Para Carter, la evaluación de los recursos forestales mundiales (FRA por sus siglas en inglés) que realiza la FAO es una buena iniciativa para empezar a armonizar la diversa data que existen en cada país.
Monitoras indígenas en acción de campo en Ecuador. Foto: Amazonía 2.0 / UICN.
¿Se debería avanzar hacia una metodología en común? Carter explica que si bien esto plantea muchos retos, se debe insistir para definir, por ejemplo, qué países necesitan más atención o quiénes lo están haciendo bien. “Sobre todo con metas mundiales como detener la deforestación para el 2030, necesitamos herramientas que nos den una mirada más global”, sostiene. “Aquí es donde los datos de observación terrestre disponibles en Global Forest Watch pueden ser útiles”, comenta.
Novoa añade que si bien sería una buena iniciativa, al estar vinculada a decisiones políticas, presupuestos e incluso a aspectos geográficos, es complicado. “Por eso rescato esfuerzos como el de MapBiomas de RAISG”, indica en referencia a la metodología implementada por organismos no gubernamentales, universidades y empresas de Brasil para construir mapas de cobertura forestal y uso de suelos en los distintos biomas del país. Esta herramienta de medición, promovida desde la sociedad civil, ya lanzó su primera colección en Perú y los siguientes países en la lista son Ecuador y Colombia.
Sin embargo, la falta de información es sólo una de las aristas al abordar el incremento consistente de la deforestación en Latinoamérica. Las otras son más complejas e involucran malas decisiones políticas y contextos socio-económicos difíciles. En la segunda parte de este informe especial: ¿Qué gobiernos están detrás de los picos de deforestación en Latinoamérica?
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*El proyecto Los bosques de perdimos es parte de una alianza periodística entre Mongabay Latam y la sexta generación de la Red LATAM de Jóvenes Periodistas de Distintas Latitudes.
Edición general: Alexa Vélez. Editores: María Isabel Torres. Coordinación: Vanessa Romo. Investigación y análisis de base de datos: Gabriela Quevedo, Vanessa Romo, Mariana Recamier, Diana Cid, Andrea Arias, Bruno Scelza, Bruno Vinicius, Carlos Kestler, Isidora Varela, José Sarmiento, Nicole Vargas y Xilena Pinedo. Análisis geoespacial: Juan Julca. Equipo periodístico: Elizabeth Salazar y Vanessa Romo. Visualización de datos y diseño: Richard Romero y David Adrian García. Audiencias y redes: Dalia Medina y Richard Romero.
*Conoce aquí al equipo completo de la la sexta generación de la Red LATAM de Jóvenes Periodistas de Distintas Latitudes.
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