Desde hace 40 años el ejido Viborillas-Ojo de Agua, ubicado en la sierra norte de Huayacocotla, Veracruz, aprovecha de forma sostenible su bosque. Y así lo avalan los reconocimientos que la comunidad ha obtenido: el Premio Nacional al Mérito Forestal, en 2016, y un certificado de cumplimiento de su Programa de Manejo Forestal, en 2019. Esos logros no han sido suficientes para combatir la lentitud de la burocracia. Desde hace siete meses, esta comunidad espera que las autoridades ambientales les renueven su programa de manejo forestal.
Juan Venancio Hernán, comisario del ejido, explica que desde noviembre de 2021 presentaron los documentos para obtener la renovación de su quinto ciclo de corta para 600 hectáreas de uso forestal. En enero de 2022, funcionarios de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) les dieron un número de bitácora para dar seguimiento a su solicitud. Han pasado seis meses y la única respuesta que tienen es que su trámite está en evaluación.
“Nos preocupa, porque tenemos 200 jefes de familia y más de mil personas del ejido que dependen de la economía que genera el bosque y la única respuesta que recibimos es que esperemos. No podemos. No hay de dónde comer, porque nuestra entrada (económica) es nuestro bosque”, explica el comisario ejidal.
Miguel Hernández, presidente de la Asociación de Silvicultores de Huayacocotla, asegura que el 80 % del municipio ubicado al norte de Veracruz tiene vocación forestal; en la región se aprovechan más de 35 mil hectáreas de bosque. En los últimos meses, en esa zona han quedado en espera al menos 15 permisos.
Estos retrasos en la aprobación de trámites forestales que vive el ejido de Viborillas y otros ubicados en el municipio de Huayacocotla, en Veracruz, también se padecen en varias regiones de México.
Desde 2020, año en que la pandemia de Covid-19 interrumpió muchas actividades y la atención en las dependencias, lograr una autorización para aprovechar en forma sostenible un bosque puede convertirse en un viacrucis de trámites que, de acuerdo con testimonios de ejidatarios y comuneros y respuestas a solicitudes de información, puede durar de seis meses a un año.
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De la ley a la realidad
El artículo 50 del Reglamento de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable establece que la Semarnat resolverá en un plazo de 30 días hábiles, desde la fecha de presentación de una solicitud, los trámites relacionados con la autorización de aprovechamiento de recursos forestales maderables o la modificación del programa de manejo forestal o su renovación.
Cuando la autoridad requiere alguna documentación extraordinaria, el tiempo corre de forma diferente y se elimina el plazo de 30 días hábiles. El trámite, en ese caso, puede durar más tiempo.
“Nunca nos había pasado esto, que nos tienen detenidos (los trámites). Todos los requisitos los estamos cumpliendo; así como tumbamos (talar en forma legal), también reforestamos. Nosotros no estamos fallando. No sabemos porque retrasan los permisos y no se dan cuenta que el monte (bosque) es nuestra fuente de ingresos”, dice Miguel Hernández.
Los trabajos de aprovechamiento y mantenimiento del bosque —detalla Hernández— generan empleos para la población, ya sea en viveros, en actividades de reforestación, vigilancia, aprovechamiento, en el aserradero o bien en la producción de carbón vegetal.
En el ejido Viborillas-Ojo de Agua, por ejemplo, además de la producción sostenible de madera, tienen una empresa comunitaria para producir y comercializar carbón vegetal, actividad que beneficia a 141 ejidatarios, principalmente a las mujeres que lideran el proyecto.
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Retrasos de hasta un año
Para este texto se solicitó a la Semarnat, vía transparencia, los datos de todas las autorizaciones de programas forestales entre 2020 y 2021. Al analizar la información que entregó la dependencia es posible conocer que en estados como Aguascalientes, Colima, Zacatecas y Durango, los tiempos de respuesta van de los dos a los tres meses. Mientras que en entidades como Veracruz, Jalisco, Oaxaca y Michoacán —estados con una actividad forestal importante—, los trámites han tardado entre seis meses y hasta un año.
Entre 2020 y 2021, 24 estados del país recibieron casi dos mil solicitudes de 267 ejidos, comunidades y cientos de particulares relacionadas con autorizaciones de programas de manejo forestal para el uso sustentable de productos maderables; hasta junio de 2022, más de 100 de esas solicitudes siguen pendientes de resolución, mientras que 85 fueron negadas.
Salvador Anta Fonseca, biólogo experto en temas forestales e integrante del Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible (CCMSS), considera que es grave el retraso en los trámites que se tiene en varias delegaciones estatales de Semarnat. Uno de los factores que abona a esta problemática, señala, es la falta de personal, así como la inexistencia de un sistema electrónico para agilizar la recepción de documentación y otorgar autorizaciones.
“Cada delegación en el país tiene sistemas y procesos propios que hacen que los trámites sean discrecionales, opacos y generen problemas a los ejidatarios que deben entregar varias veces la misma documentación y gastar en regresar a las oficinas centrales para dar seguimiento a sus permisos”, explica Anta Fonseca.
En noviembre de 2021, las investigadoras Lucía Madrid y Karol Hernández, del CCMSS, analizaron las autorizaciones de aprovechamiento forestal que entregaron las delegaciones estatales de la Semarnat entre 2015 y 2021; la información mostró que la dependencia tarda, en promedio, cuatro meses en autorizar un aprovechamiento forestal maderable.
En el estudio que las investigadoras publicaron a partir de su análisis, titulado “5 propuestas para una tramitología forestal más eficiente que facilite el manejo sustentable de los bosques”, se resalta que los retrasos en los trámites tienen que ver con la falta de personal. Hay delegaciones de la Semarnat —aseguran— en donde un solo funcionario tiene que atender más de 150 trámites al año.
A esto se suma que de los más de 50 trámites existentes para el sector forestal, solo dos —que no son forestales— pueden hacerse de forma electrónica; el resto son vía atención en ventanilla; es decir, el representante del ejido, comunidad o el particular tiene que presentarse a las oficinas.
El estudio también plantea que la Semarnat no cuenta con una herramienta que le permita analizar la calidad o veracidad de los análisis estadísticos que presenta. Además, no existe un formato único para la presentación de los datos de los inventarios forestales.
La Semarnat tampoco tiene un repositorio electrónico de documentos legales de los predios. Por lo tanto, es muy difícil encontrar dichos documentos, lo que provoca que ejidos y comunidades forestales se vean obligados a presentarlos en repetidas veces.Bosques y comunidades que sufren las consecuencias
En el ejido Tonalaco en Xico-Veracruz, localizado en los límites con el Parque Nacional Cofre de Perote, realizan manejo forestal desde hace más de tres décadas. Cada ocho años, esta comunidad ha renovado su programa de manejo ambiental en casi 200 hectáreas, pero desde hace un año esperan que las autoridades ambientales liberen su trámite. La única respuesta oficial que tienen es que sigue en evaluación.
En esta comunidad, el aprovechamiento maderable es uno de los principales ingresos económicos para poco más de 116 ejidatarios, sin él, las únicas opciones son la siembra —cada vez más escasa— o la migración.
Mario Gálvez, comisario ejidal de Tonalaco, cuenta que el trámite lo empezaron en abril del 2021 ante la Semarnat. Desde entonces, han tenido que presentarse en las oficinas localizadas en la ciudad de Xalapa, a casi dos horas de camino de su comunidad, para complementar la documentación que les solicitan.
“Siento que entró gente nueva a Semarnat que desconoce la necesidad de un ejido, piensan que la idea de tumbar el bosque es gusto y desconoce que llevamos años cortando, pero también reforestando y no tocamos el bosque sino lo autorizan”, explica Mario Gálvez.La excesiva tramitología para obtener un permiso de aprovechamiento forestal, advierte Anta Fonseca, incentiva acciones como la tala ilegal: “Mucha gente prefiere saltarse los trámites, sobre todo los predios pequeños, y es un desincentivo para el manejo forestal. Es un problema grave porque las comunidades que viven del aprovechamiento dependen de los permisos, tienen compradores que están requiriendo la madera y no pueden cumplir con los plazos y eso genera perdida de dinero”.
En su informe de noticias del sector forestal 2021, la Comisión Nacional Forestal (Conafor) detalla que los ejidos y comunidades del país son poseedores de casi el 70 % de los bosques y selvas del país, y que generan el 75 % de la producción de madera.
Pese a la importancia del sector forestal en México, una comunidad o un particular puede tardar más de 365 días en obtener los permisos necesarios para realizar un aprovechamiento sustentable.
Miguel Ángel López Badillo, del ejido la Selva en Huayacocotla, dice que los trámites se retrasaron a partir de la pandemia del Covid-19, pero la situación no se ha regularizado: “Trabajan solo dos días a la semana, solo una o dos personas y a eso se suma el recorte de personal”.
El retraso en trámites —advierte— no solo es en permisos de aprovechamiento, también en la entrega de remisiones forestales para la comercialización de madera. “Las remisiones no deben tardar más de 15 días y a veces tardan hasta dos meses”.
En enero del 2022, consultores forestales de la Unidad de Manejo Forestal del Valle y Cofre de Perote enviaron una carta a la entonces titular de la delegación de Semarnat en Veracruz, Laura Medina, para pedirle una explicación por la lentitud en la aprobación de programas forestales. Incluso, advirtieron que realizarían bloqueos de algunas vías para que los escucharan.
En abril, ejidatarios y campesinos de la sierra de Huayacocotla exigieron en el Consejo Estatal Forestal de Veracruz una explicación por el atraso en la atención de los trámites de más de 80 pequeños propietarios. En ese momento, las autoridades se comprometieron a contratar más personal, pero la situación no avanzó.
Para este texto se buscó una entrevista con funcionarios de la Semarnat, pero no se tuvo respuesta.
Caminos para agilizar los trámites
Salvador Anta Fonseca, del CCMSS, considera que atender esta problemática requiere de la voluntad política de los gobiernos estatal y federal. Menciona que en estados como Chihuahua o Durango, ante la lentitud en los procesos de la Sermanat, se han sumado para revisar los programas de manejo y agilizar las aprobaciones. “Esto permite quitar cuellos de botella, porque sabemos que hay personas que tienen que dictaminar hasta 200 permisos cada año. Eso ni siquiera es humanamente posible”.
También está el caso del Estado de México quien en 2018 firmó un convenio para asumir las funciones en materia forestal con la Semarnat; la finalidad fue que el gobierno del Estado de México asumiera las atribuciones relacionadas con las autorizaciones de aprovechamiento forestal.
Una acción urgente, dice, es la digitalización de la documentación y los trámites en línea, sobre todo para ejidos que tienen más de 30 años haciendo uso responsable de su bosque: “Es necesario que tengan un repositorio electrónico y no tengan que pedir una y otra vez documentación a los ejidatarios o dueños del bosque y hacerlos gastar de más en desplazarse desde sus ejidos a las oficinas centrales”.
El documento “5 propuestas para una tramitología forestal más eficiente que facilite el manejo sustentable de los bosques” plantea una serie de acciones para combatir el letargo de la burocracia: de entrada, se propone iniciar con los trámites electrónicos; publicar principios, criterios y procesos de evaluación de trámites forestales; así como contar con un repositorio electrónico de documentos legales de los dueños y dueñas del bosque.
También se plantea armonizar la normatividad de vida silvestre, impacto ambiental y aprovechamiento forestal para unificar procesos y disminuir cargas innecesarias de requisitos.
El estudio plantea que la implementación de estas estrategias lograría la reducción de tiempos de respuesta, los costos para dueños de las zonas forestales, pero también para la Semarnat, así como una mayor transparencia y reglas claras para dar certidumbre a los ejidatarios y comuneros.
* Imagen principal: el ejido de Tonalaco, en Veracruz, es uno de los que ha padecido el retraso en los trámites de aprovechamiento forestal. Foto: Óscar Martínez.
El artículo original fue publicado por Flavia Morales en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.
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