“La destrucción (en el Esequibo) incluso supera la huella de la minería aurífera evidente en el Estado Bolívar, promovida agresivamente por la política del Arco Minero del Orinoco del régimen de Nicolás Maduro”, dicen los expertos de SOS Orinoco, una organización ambiental venezolana que denuncia constantemente los impactos en la biodiversidad del país. El informe reporta que, entre 2000 y 2022, el Esequibo perdió 31 000 hectáreas de bosque debido a actividades mineras.
La minería ilegal no es la única amenaza a este territorio. Ubicado en la frontera entre Venezuela y Guyana, el Esequibo se extiende a través de 159 000 kilómetros cuadrados o más de 15 millones de hectáreas, es decir, tiene un tamaño similar al de Grecia o Nicaragua. Se trata, además, de un área que alberga más de ocho millones de hectáreas de bosque pobladas por especies endémicas, algunas vulnerables y otras en peligro de extinción. Es decir, es un ecosistema con una gran biodiversidad que además enfrenta un largo conflicto territorial en el que no existe claridad sobre qué gobierno debe implementar medidas de control.
Aunque las disputas sobre Esequibo se remontan hasta la década de los 60, fue en 2018 cuando Guyana demandó a Venezuela ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya en los Países Bajos. Dos años más tarde, la Corte se declaró competente para estudiar el caso.
Venezuela ha intentado revocar esta decisión, sin embargo, en abril de este año, la Corte descartó sus objeciones sobre la jurisdicción de ese institución en el proceso. Esto significa que el tribunal internacional procederá a investigar el caso y decidirá a quién le corresponde el territorio. Los expertos que hablaron con Mongabay Latam señalan que las poblaciones del Esequibo viven en condiciones precarias. Al menos 235 849 personas habitan los seis distritos que conforman la región en disputa, según un censo del estado guyanés.
En medio de este escenario, la minería de oro tanto legal como ilegal ocupa un área de más de 109 190 hectáreas, de acuerdo con la investigación de la organización venezolana SOS Orinoco.
La minería afecta el territorio Esequibo
El 85 % del Esequibo está cubierto principalmente por bosques tropicales amazónicos, que según SOS Orinoco, están entre “los menos intervenidos a nivel mundial”. No obstante, entre 2000 y 2020, la superficie se redujo en 135 318 hectáreas, aproximadamente un 1.1 % de su cobertura de bosque. Prácticamente la mitad de esta deforestación se reportó en los últimos cinco años, de acuerdo al informe de la organización venezolana.
Al menos 31 000 hectáreas de bosque fueron destruidas por la actividad minera a partir de la instalación de 1499 polígonos para la explotación de oro tanto legal e ilegal. El informe de SOS Orinoco también señala que las minas en total ocupan 109 190 hectáreas. La mayor parte de la actividad está concentrada en grandes proyectos que cuentan con más de 500 hectáreas por mina y que en suma ocupan 55 072. Los principales focos extractivos son los ríos Mazaruní, Potaro y Cuyuní, cuencas ubicadas en la parte norte del país y que son afluentes del Esequibo. Este río es el que separa a la Guyana de la región en disputa.
El biólogo venezolano Aníbal Invernon —ex director de la región Amazonas de Inparques, la entidad protectora de los parques nacionales venezolanos— señala que fue en el 2003 que se disparó la minería en el Esequibo y su zona marítima. Además, explicó que las actividades mineras se concentran sobre todo en “la explotación de oro, petróleo, bauxita y madera, principalmente”. Se estima que el área total concesionada para la minería en Guyana y la zona en disputa del Esequibo ha alcanzado al menos “13 millones de hectáreas”. Y al menos el 80 % de las licencias hasta el 2013 estaban distribuidas en Potaro, Mazaruni y Cuyuní, al norte del Esequibo.
Lisa Lynn, lideresa del pueblo pemón del lado venezolano y nacida en el Esequibo, considera que los impactos de la explotación minera y de madera son notorios en las regiones Barima Waini, Cuyuni- Alto Mazaruni, Potaro- Sipuruni y Takatu Alto Esequibo, en el costado occidental del Esequibo al oriente de Venezuela y norte de Brasil. También señala que la mayoría de mineros que operan en la zona son brasileños y que el gobierno guyanés ha entregado, además, concesiones para la siembra de arroz con una duración de 99 años.
La producción anual de oro de Guyana, incluido el Esequibo, es de 19 toneladas, para lo cual se usan 29 toneladas de mercurio cada año, según SOS Orinoco. “Se utiliza el mercurio. Están dañando las cuencas de los ríos, así como se están envenenando a los indígenas y los propios mineros”, dice Cristina Burelli, fundadora de SOS Orinoco.
Si bien Guyana es firmante del tratado internacional de Minamata que prohíbe el uso y comercio del metal pesado para la minería, la venta y circulación de este insumo se da con total libertad en el país. Guyana solo restringirá su uso en 2025. La importación aún es legal, por lo que se facilita su uso en el Esequibo y también que el país sea un foco de contrabando de mercurio hacia Venezuela. Cada año, al menos 20 toneladas de mercurio son importadas legalmente por Guyana desde Estados Unidos, Reino Unido, Rusia, entre otros.
“Guyana maneja un doble discurso. Por un lado, procura el reconocimiento internacional adhiriéndose al Convenio de Minamata, mientras por el otro, es completamente legal la tenencia, tránsito y comercio de mercurio en el territorio Esequibo. La situación ha llegado a que el 70, 80 % del mercurio que se utiliza en el estado de Bolívar en Venezuela viene del Esequibo”, dice Invernon. El estudio de SOS Orinoco denuncia que las comunidades de Rupununi, en el centro del Esequibo, presentan niveles de concentración de mercurio en su cuerpo superiores a los recomendados por la Organización Mundial de la Salud.
La riqueza natural del Esequibo
La cuenca del río Esequibo cuenta con más de 300 especies de peces, de las cuales al menos 58 son endémicas. El escudo guayanés —una de las formaciones geológicas más antiguas del mundo y en el cual se encuentra parte del Esequibo— cuenta con más de 900 especies de aves, 10 000 de plantas y 60 de anfibios.
Entre las aves amenazadas por su peligro de extinción, según la Lista Roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), están el cardenalito rojo (Spinus cucullatus), que durante años se creyó extinto en el Esequibo, así como la cotorrita del sol (Aratinga solstitialis), cuya única población vive en Karasabai, cerca de la frontera con Brasil.
La herpetóloga venezolana Celsi Señaris resalta la alta biodiversidad de la zona en disputa. Señaris trabaja en la colección de Herpetología de la Estación Biológica de Doñana (EBD-CSIC) en Sevilla, España, y es investigadora asociada de la organización ambiental venezolana Provita.
“Es una zona altamente diversa con niveles de endemismo notables, especialmente en las tierras medias y altas. Estos ecosistemas deberían ser preservados de manera estricta porque son muy frágiles, cualquier alteración los destruye y tardarían mucho tiempo en restaurarse o incluso puede que nunca vuelvan a su condición original”, explica Señaris. Agrega que el endemismo es alto, es decir, la presencia de especies de flora y faunas que únicamente se hallan en la zona. “En las cimas de las formaciones montañosas conocidas como tepuyes hay un alto grado de endemismo, es decir, que más de la mitad de las especies de plantas y animales son exclusivas de esas áreas”.
Señaris también señala que en las tierras altas y medias del Esequibo hay unos sapos del género Oreophrynella exclusivos de la zona. Agrega que también hay especies endémicas de ranas marsupiales del género Stefania, ranas de lluvia del género Pristimantis y de ranas arboricolas de los géneros Boana y Nesorohyla. Asimismo, resalta que hay otras especies endémicas de oedores y las lagartijas acuáticas de los géneros Neusticurus y Oreosaurus.
“Enumerar las especies endémicas de esta región es un trabajo difícil y debe ser realizado con sumo cuidado. Igualmente, muchas muestras recolectadas en el área actualmente están en estudio, y los resultados preliminares apuntan a ser linajes exclusivos de la Cuenca del río Esequibo, con lo cual el nivel de endémico sigue en aumento”, comenta Señaris.
Guyana ha declarado cinco áreas protegidas —todas en el Esequibo— que miden 1.7 millones de hectáreas. Pese a esto, investigaciones académicas demuestran que en los bordes de estas existen licencias mineras y madereras. Señaris señala que tanto la minería legal como la ilegal son la mayor amenaza ambiental a los ecosistemas de la zona en disputa.
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Los pueblos indígenas del Esequibo en medio de la minería y el olvido estatal
En el área en conflicto viven nueve pueblos indígenas: los warao, arawakos, kariñas, akawayo, pemon arekuna, patamuna, macushi, wapishana y waiwai. De estos, el único que aún conserva un grado de relativo aislamiento son los waiwai, en el sur del Esequibo. “Los waiwai son muy celosos de su territorio, inclusive contra otros pueblos indígenas. Tampoco son tan cerrados como los pueblos estrictamente aislados, porque el gobierno guyanés tiene algún trabajo con ellos como programas sociales”, dice la lideresa pemón Lisa Lynn, quien confirma además que las concesiones que ha dado el gobierno guyanés para la minería, siembra de soya y arroz, así como la explotación de madera están en territorio indígena.
Lynn menciona como ejemplo el caso del área ocupada por el pueblo pemón arekuna en la región 7, la de Cuyuní Mazaruni, que es uno de los muchos que existen. Las minas en el Esequibo se superponen con al menos 7337 hectáreas de territorios indígenas, según el informe de SOS Orinoco, principalmente en Cuyuní y Potaro.
La lideresa indígena pemón, que vive del lado venezolano cerca del Esequibo, señala que en general los pueblos indígenas han sufrido el olvido estatal tanto de Guyana como de Venezuela. Pese a esto, resalta que en la última década, Guyana mejoró su presencia en la zona. “El Gobierno guyanés no se ocupaba mucho de las comunidades, pero después de que descubrieron el petróleo (en el mar del Esequibo), ha dedicado más tiempo, ha ido más a la comunidad en Rupununi, en Mazaruni, que es una parte virgen donde están promoviendo el ecoturismo”, dice. Sobre el estado venezolano y su fuerza pública añade que “siempre hemos sido maltratados por ellos. No pueden decir que el Esequibo es de ellos cuando no quieren a quienes lo habitan”.
Los pobladores indígenas además han quedado en medio de los grupos armados que protegen la operación extractiva. Burelli señala que “los pueblos indígenas están amenazados por los garimpeiros (mineros) brasileños que entran desde el sur por Lethem, y por la proliferación de los grupos armados organizados de Venezuela y la guerrilla colombiana del Ejército de Liberación Nacional (ELN)”.
Comenta que estos grupos proceden del estado de Bolívar, en Venezuela, y compiten por el control de las minas del Esequibo, introduciendo de contrabando contaminantes ambientales como el mercurio y la gasolina. Un informe de la organización de la sociedad civil Fundaredes señala que tanto las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) como el ELN tienen pretensiones de controlar el Esequibo. Burelli agrega que “la actividad minera está violando los derechos territoriales y culturales de los pueblos indígenas”.
En la zona, también hace presencia el Tren de Guyana, un grupo armado de crimen organizado del estado Bolívar venezolano, facción que ha tenido enfrentamientos con las guerrillas colombianas, según el informe de SOS Orinoco. Una fuente conocedora de la zona, que prefiere hablar bajo anonimato por seguridad, dice que las minas en el Esequibo son cuidadas por mafias guyanesas que prestan servicios de seguridad a los grandes mineros y protegen sus maquinarias.
Imagen principal: Foto de minería en el Esequibo en 2014 a la altura de de Cuyuní-Mazaruiní y Potaro-Siparuni. Crédito: Allan Hopkins.
El artículo original fue publicado por David Tarazona en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.
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