Perú: proyecto de ley pone en peligro a pueblos indígenas en aislamiento al negar su existencia

Un proyecto de ley ampliamente criticado por marcar un retroceso en el reconocimiento de los pueblos indígenas en aislamiento y contacto inicial se debate en el Congreso de la República de Perú. La controvertida propuesta, que apunta a modificar la actual Ley para la Protección de Pueblos Indígenas u Originarios en Situación de Aislamiento y en Situación de Contacto Inicial (PIACI),  podría llegar incluso a anular la creación de algunas reservas indígenas que tomaron años en ser declaradas.

En resumen, el controvertido proyecto plantea, por ejemplo,que la creación de las reservas indígenas deje de ser una atribución del Estado —a través del Ministerio de Cultura— y pase a manos de los gobiernos regionales. Asimismo, de aprobarse el proyecto, todas las reservas indígenas reconocidas hasta este momento, serían inmediatamente evaluadas con el fin de determinar su continuidad, revocatoria o extinción de las mismas. Por último, se plantea que mientras se apruebe el reglamento de esta nueva ley, se suspenda toda acción relacionada con el reconocimiento de la existencia de los PIACI, así como la declaración de nuevas reservas indígenas.

“De aprobarse, atentaría contra la supervivencia de los pueblos indígenas en aislamiento y contacto inicial, y contra los derechos de pueblos que no tienen posibilidad de defensa”, dice María Amelia Trigoso, de la Dirección de los Pueblos en Situación de Aislamiento y Contacto Inicial del Ministerio de Cultura. “Son 7500 personas de pueblos indígenas en aislamiento y contacto inicial. Estamos hablando de vidas humanas de pueblos altamente vulnerables y, por otro lado, hablamos de la pérdida de bosques importantísimos”, agrega Trigoso.

La propuesta ha sido presentada por el grupo parlamentario Fuerza Popular, a iniciativa del congresista Jorge Morante Figari, representante de la región Loreto. Y es en Loreto donde el Ministerio de Cultura otorgó el último reconocimiento de la existencia de pueblos en aislamiento como parte del proceso de solicitud de creación de la Reserva Indígena Napo, Tigre y Afluentes.

El decreto supremo que reconoce y “protege los derechos de los pueblos Aewa, Taushiro, Tagaeri, Taromenane y Záparo, que viven o transitan entre las cuencas de los ríos Napo y sus afluentes, Arabela y Curaray” fue publicado en El Peruano el 1 de septiembre de 2022. Dos meses después, el 11 de septiembre de 2022, se presentó este proyecto de ley que fue derivado a dos comisiones: la Descentralización, Regionalización, Gobiernos Locales y Modernización de la Gestión del Estado y la de Cultura, en las que actualmente se debate.

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La negación de la existencia de los pueblos en aislamiento

Quienes proponen la ley, además, aseguran que no existe evidencia científica de la existencia de los pueblos indígenas en aislamiento, premisa incluida como fundamento de la propuesta que cuestiona los informes de reconocimiento de los PIACI. Este sustento agrega que con la creación de las reservas se limita innecesariamente el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales en dichos territorios y se impide la ejecución de proyectos de inversión pública o privada para impulsar el desarrollo de la Amazonía.

“El proyecto de ley ha sido presentado por un congresista de Loreto que es cercano a la Coordinadora por el Desarrollo de Loreto, organización que tiene un discurso de que los PIACI no existen y de que la creación del mecanismo de protección para los pueblos en aislamiento afectan el desarrollo de Loreto”, señala Hugo Che Piu, presidente de Derecho Ambiente y Recursos Naturales (DAR).

Che Piu señala que se está buscando que ese discurso tenga un respaldo normativo a través de esta ley y agrega que de aprobarse la norma, el primer impacto que tendrá es que “todos los procesos de [declaratoria de nuevas] reservas indígenas que actualmente existen, algunos de ellos en Loreto, quedarán suspendidos”. Otro efecto grave —señala el presidente de DAR— sería  la instalación de  comisiones de revisión de las reservas indígenas existentes y que, además, serían creadas y presididas por los gobiernos regionales. Che Piu explica que se trata de la implementación de una norma de carácter nacional y, por eso, el gobierno nacional debe estar a cargo de esta decisión. Además, menciona que en este caso, el gobierno regional de Loreto tiene interés en promover actividades económicas en esa zona, por tanto, “tiene una posición parcializada”, en cambio, el Ministerio de Cultura es la institución especializada en estos temas.

“Estaríamos dejando la conducción de este proceso completamente en manos del gobierno regional y se estaría introduciendo, además, un elemento adicional que tiene que ver con la evaluación económica de la toma de decisión de la creación de las reservas, es un concepto pernicioso porque estaríamos contraponiendo la protección y salvaguardar la vida de las personas con el impacto económico que eso traería”, comenta Che Piu, en alusión al  argumento de que con la creación de las reservas se limita el desarrollo económico de la Amazonía.

Silvana Baldovino, directora del Programa de Biodiversidad y Pueblos Indígenas de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA) explica que para otorgar competencias a los gobiernos regionales se tiene que modificar la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y  que esto no se puede hacer con en este proyecto de ley. “Legalmente tiene múltiples defectos”, señala.

Lo que están intentando con este proyecto de ley es debilitar y, prácticamente, desaparecer la institucionalidad para los PIACI —continúa Baldovino—, por lo tanto, se estaría retrocediendo en lo avanzado para los pueblos en aislamiento poniéndolos en una situación de mucha mayor vulnerabilidad.

Es un camino por el cual no debería ir la discusión —agrega Trigoso, funcionaria del Ministerio de Cultura— sobre este mismo punto, pues plantea que se estaría poniendo el desarrollo económico por encima y relegando la defensa de los derechos de pueblos indígenas en situación de aislamiento y contacto inicial. “Iniciar la discusión con esa dicotomía no nos lleva a ningún lado”.

La antropóloga Beatriz Huertas, experta en pueblos indígenas, menciona que “ha sido el Gobierno Regional de Loreto el que ha negado la existencia de los pueblos indígenas aislados”. Huertas agrega que ha sido también en esta región donde se ha insistido en que la creación de las reservas limita el desarrollo económico. “Entonces, por encima de los derechos fundamentales, de los derechos humanos, está el interés económico”.

En el despacho del congresista Morante, se reafirman en el sustento de la ley. Su asesor, Manuel Noriega, dice enfáticamente, anulando en una frase toda la evidencia reunida durante años por expertos y funcionarios del Ministerio de Cultura: “Nosotros creemos por evidencia empírica que en Loreto [los indígenas en aislamiento] no existen. Podemos hablar de eso porque somos amazónicos loretanos, conocemos nuestro territorio y todos esos ríos, esas quebradas chiquititas han sido navegadas”.

Miles de personas en nuestra selva —continúa Noriega— la recorren buscando suministros y si existiesen los PIACI ya los habrían visto, “pero lo que sí se encuentra en plena selva, y muchos tienen temor de decirlo, es el narcotráfico,  en lo más profundo, ahí está”, agrega Noriega.

Durante la entrevista, Noriega también cuestionó las solicitudes de las nuevas reservas indígenas que se han presentado ante el Ministerio de Cultura. “Nosotros decimos que se evidencie científicamente, que nos demuestren que existen, ahora hay tecnologías mucho más avanzadas”.

En respuesta, la antropóloga Huertas explica que se realizan estudios antropológicos, ambientales, históricos, etnobiológicos para confirmar la presencia de los pueblos en aislamiento, además, agrega que se ha incorporado tecnología satelital para ubicar las malocas —viviendas— de los PIACI. “La metodología antropológica se basa en información indirecta, es decir, en testimonios de personas que han encontrado los rastros o que han visto a los aislados. Esa metodología se ha ido perfeccionando y se le ha agregado nuevas herramientas tecnológicas. Los estudios son muy rigurosos y son realizados por personas muy experimentadas con varios años de experiencia”.

Entre las acciones que se realizan para confirmar la presencia de los pueblos en aislamiento —explica Huertas—, están los ingresos a zonas adyacentes a las áreas habitadas por aislados, tanto en época de lluvias como en la época de estiaje, con el fin de recoger testimonios de pueblos indígenas ya establecidos en estos lugares. “Las evidencias son los testimonios de comuneros que durante sus desplazamientos de caza, pesca y recolección encuentran las malocas, los rastros, las huellas, trochas abiertas por los aislados que son muy diferentes a las trochas que ellos abren. Hay una serie de rastros. Lo que hacemos es recoger esas evidencias y analizarlas. Y los testimonios son analizados cuidadosamente, tomando en cuenta la información histórica sobre los pueblos que han habitado la zona”.

También se hace un análisis etnobiológico —agrega la antropóloga Huertas— de los materiales que se encuentran de tal forma que se constata, por ejemplo, qué tipo de alimento consume la población en aislamiento. También se hacen sobrevuelos para ubicar las malocas. “Hay una rigurosidad muy alta en los estudios, pero sabemos que las motivaciones a través del proyecto de ley son económicas. Es un proyecto de ley nefasto, que pone en grave riesgo de extinción a los pueblos en aislamiento al pretender abrir sus territorios a la explotación de los recursos con todo lo que eso puede significar para la vida, la salud y la integridad de estos pueblos”.

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La historia de la reserva Napo Tigre

En el proyecto de ley también se cuestiona el proceso de creación de la Reserva Napo Tigre y  Afluentes —un territorio solicitado hace casi 20 años—, así como las investigaciones y estudios que hasta ahora se han hecho para la declaración de esta reserva. En septiembre de 2022, el Estado peruano avanzó en el proceso al emitir el decreto que reconoce la presencia de pueblos indígenas de aislamiento en el territorio solicitado.

“Días antes de que se presentara el proyecto de ley salió una sentencia que ordenaba al gobierno regional no entregar ni reactivar concesiones forestales en áreas solicitadas para reservas indígenas creadas y propuestas”, recuerda Adam Bauer, especialista del Programa de Pueblos Indígenas en Aislamiento y Contacto Inicial de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva peruana (Aidesep).

Bauer señala que el Gobierno Regional de Loreto ha impulsado, públicamente, la derogación o debilitamiento de la actual ley sobre pueblos indígenas en aislamiento y que para ello lanzó una campaña pública denominada Loreto no a la ley PIACI. “Hicieron una conferencia de prensa conjuntamente con la Coordinadora para el Desarrollo de Loreto y, como culminación de todo, se presentó ese proyecto de ley”, asegura.

En agosto de 2022, Elisbán Ochoa, la autoridad regional de ese momento en Loreto, presentó una carta al Ministerio de Cultura en la que solicita la “nulidad de todo proceso Piaci”, argumentando de que no se han dado los parámetro científicos, técnicos y metodológicos para confirmar la presencia de pueblos indígenas en aislamiento en Loreto y que de seguir el proceso, se generaría un conflicto social.

Días antes, el 25 de julio, el Comité Multisectorial responsable de los procesos de reconocimiento para pueblos en aislamiento había aprobado el estudio de reconocimiento para la Reserva Indígena Napo, Tigre y Afluentes, que luego sería oficializado en un decreto supremo y publicado en septiembre de 2022. El actual gobernador regional de Loreto, René Chávez, quien asumió el cargo el 1 de enero de 2023, aún no se ha manifestado oficialmente sobre el tema.

Por otro lado, desde agosto de 2022, la Coordinadora por el Desarrollo Sostenible de Loreto (CDL) —integrada por empresarios y autoridades regionales— también ha publicado comunicados en el mismo sentido del gobierno regional. En sus comunicados, la CDL señala que la creación de reservas indígenas pretende “frustrar la actividad económica productiva, bajo el pretexto de señalar, sin estudios científicos validados, que hay pueblos no contactados en Loreto”. Además, hacen llamados a las organizaciones de Loreto “para emprender una cruzada en defensa del territorio vulnerado”, por lo tanto, exigen la derogatoria de la Ley Piaci y de los decretos supremos que surgieron en torno a esa Ley.

Noriega, el asesor del congresista Morante, confirmó a Mongabay Latam que recibieron en el despacho parlamentarioa representantes de la CDL, pero asegura que llegaron para abogar por las comunidades indígenas que están en contra de las reservas Piaci. “Algunos representantes de las comunidades indígenas arabelas nos alcanzaron documentos y videos en los que protestaban porque la creación de reservas les va impedir usufructuar, como siempre lo han venido haciendo, de los recursos del bosque”, comenta Noriega.

En sus redes sociales la Coordinadora por el Desarrollo Sostenible  de Loreto ha informado sobre sus reuniones con diferentes congresistas en las que han expuesto su rechazo a la creación de reservas indígenas y su apoyo al controvertido proyecto de ley. Mongabay Latam buscó una entrevista con los representantes de la CDL pero al cierre de esta edición no obtuvo respuesta.

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Actividades dentro de las reservas

Miguel Manihuari, representante de la Organización Regional de Pueblos Indígenas del Oriente (Orpio), habla del riesgo que significa la aprobación de este proyecto de ley, puesto que “estaría chocando contra la existencia de nuestros hermanos no contactados, desconociendo su existencia”.

La creación de las reservas indígenas —continúa Manihuari— es un aporte más para custodiar nuestros territorios, porque los hermanos en aislamiento voluntario necesitan un espacio para que puedan desarrollar sus actividades.

Orpio también ha interpuesto una demanda de amparo contra este  proyecto de ley porque constituye una amenaza deviolación al derecho a la vida y subsistencia de los pueblos en aislamiento. Además, ha elaborado un informe jurídico que fundamenta la inconstitucionalidad de la propuesta.

Maritza Quispe, abogada del Instituto de Defensa Legal (IDL), que se encargó del análisis del proyecto señala que, desde hace varios años, el Gobierno Regional de Loreto ha sido el actor principal que ha iniciado una serie de amenazas contra los pueblos en situación de aislamiento. “El gobierno regional ha entregado una serie de concesiones forestales en territorio de pueblos en situación de aislamiento pese a que la Ley Forestal lo prohíbe expresamente, por tanto, el gobierno regional ha estado otorgando concesiones de manera ilegal, entonces ¿cómo puedes dar facultades a un gobierno regional que en lugar de proteger a los pueblos en situación de aislamiento ha entregado concesiones para que terceros realicen actividades en estas zonas. Esa es una gran amenaza”.

Por otro lado —menciona Quispe— la Ley Orgánica de Gobierno Regionales no dispone que sean estos los encargados de crear o proteger a los pueblos en aislamiento. “Es una obligación que le compete netamente al ente rector que en este caso sería el Ministerio de Cultura”, agrega la abogada sobre la propuesta de que sea ahora el gobierno regional el que se encargue de esta decisión”, precisa Quispe al referirse a la propuesta de que los gobiernos regionales sean los que decidan la creación de reservas.

“Hay intereses privados de empresas de gran envergadura como, por ejemplo, el caso de los lotes petroleros de la empresa Perenco, que presentó una demanda de amparo, solicitando la nulidad del reconocimiento de pueblos en situación de aislamiento. Luego, desistieron de esa demanda. Pero la amenaza es latente”, manifiesta Quispe.

La empresa petrolera Perenco Perú tiene en concesión el lote 67 dentro del territorio solicitado para la Reserva Indígena Napo Tigre y Afluentes. En junio de 2022 presentó la acción de amparo contra el Ministerio de Cultura para que se anule la calificación favorable  para la creación de la reserva indígena, sin embargo, el 3 de noviembre desistió de continuar con el proceso. Una semana después se presentó el proyecto de ley que ahora está en debate.

Mediante una comunicación escrita, Perenco Perú dijo que “toma muy en serio sus responsabilidades con respecto a los derechos humanos y las leyes ambientales y se adhiere a las regulaciones estrictamente controladas y monitoreadas para las actividades de hidrocarburos en sus áreas de contrato”. La empresa explicó que presentó una denuncia para “tratar de hacer valer su derecho de participar en el proceso para determinar si hay presencia de PIACI en la zona”, pero aclaró que luego de que el Ministerio de Cultura reconoció la presencia de pueblos en aislamiento, la compañía retiró su reclamo. Asimismo, Perenco aseguró que recibió una carta del Ministerio de Cultura mediante la cual le indica que puede continuar con sus operaciones en la zona.

“Este es un Congreso que sirve mucho a intereses particulares más que a colectivos, no hay ese esquema de partido y de bancada, sino que son iniciativas individuales”, dice Baldovino, de la SPDA. “De aprobarse este proyecto de ley, se retrocedería en el esquema de protección de los pueblos en aislamiento, cuando, por el contrario, lo que se debe hacer es fortalecer esa protección”, agrega.

Baldovino también menciona que la campaña para que se apruebe el proyecto de ley está impulsado por la CDL, liderada por un grupo de empresarios madereros en Loreto, pero además ha sido apoyada por el gobierno regional y por empresas de hidrocarburos.

Otro tema que se debe tomar en cuenta —señala María Amelia Trigoso, del Ministerio de Cultura— es la posible desaparición de bosques que actualmente ocupan las siete reservas que ya han sido creadas. “Estaríamos hablando de más de cuatro millones de hectáreas de bosques que albergan estas siete reservas indígenas que son el territorio de estos pueblos, además de un poco más de tres millones de hectáreas que contemplan las cinco solicitudes de reservas indígenas que han sido presentadas”.

Actualmente son cinco las solicitudes de reservas indígenas para pueblos en aislamiento que han sido presentadas y están en proceso ante el Ministerio de Cultura: Sierra del Divisor Occidental; Yavarí Mirim; Napo Tigre y Afluentes; Atacuari y Pupuña. Cuatro de ellas están ubicadas en la región Loreto, mientras que una, Sierra del Divisor Occidental, comparte territorio entre las regiones Loreto y Ucayali.

Imagen principal: Maloca o vivienda multifamiliar de aislados de São Jose, Peetsaa, en la Tierra Indígena Vale do Javari, Brasil. Foto: Acervo CTI.

El artículo original fue publicado por Yvette Sierra Praeli en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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