Pleno del Congreso de Perú debatirá polémica ley que permitiría el uso de dragas y la minería en ríos

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El viernes 9 de julio, con una votación de 53 a favor, 22 en contra y 23 abstenciones, el Pleno del Congreso de Perú aprobó que el polémico proyecto de ley que promueve la minería y el uso de dragas en ríos regrese a la Comisión de Energía y Minas. Además, expertos que han seguido el tema recomiendan que sea revisado por la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología.

Una peligrosa carrera contra el tiempo se vive en el Congreso de la República de Perú. A poco menos de un mes de que termine su periodo, los parlamentarios buscan debatir y aprobar proyectos de ley polémicos, entre ellos una ley que busca regular las actividades de la pequeña minería y la minería artesanal.

Este Proyecto de Ley, que está programado parea ser debatido esta semana, reúne nueve iniciativas presentadas, entre los años 2017 y 2020, que entre las propuestas más cuestionadas incluye el abrirle las puertas a la minería aluvial y al uso de «equipos de fabricación artesanal», es decir, los conocidas dragas en sus diferentes formas. Actualmente, la minería aluvial está prohibida en Perú, así como el uso de dragas y cualquier otro artefacto similar.

Esta no es la primera vez que se intenta aprobar desde el Congreso una normativa que promueva la minería aluvial. En noviembre de 2020, en medio de la crisis política que vivió Perú tras la vacancia del entonces presidente Martín Vizcarra, un congresista presentó una propuesta que fue retirada unos días después frente a la presión de organizaciones ambientales, expertos, otros parlamentarios y la sociedad civil. En esa oportunidad se buscaba lo mismo que hoy: autorizar la extracción de minerales en ríos, lagos y otras fuentes de agua.

Como autores de la propuesta que se debatirá en los próximos días figuran la presidenta de la Comisión de Energía y Minas, Yessica Apaza Quispe, de Unión por el Perú; así como Raúl Machaca Mamani y Julia Ayquipa Torres, ambos del Frepap; junto a Jorge Vásquez Becerra, de Acción Popular.

El documento también fue aprobado por otros cinco integrantes de dicha comisión: Angélica Palomino Saavedra, del Partido Morado; Luis Simeón Hurtado, de Acción Popular; Mariano Yupanqui Miñano, de Descentralización Democrática; Lenin Checco Chauca, del Frente Amplio; y María Bartolo Romero, de Nueva Constitución.

El Ministro del Ambiente, Gabriel Quijandría, ha cuestionado la aprobación de esta norma. «Minería en ríos y otros cuerpos de agua está prohibida en Perú pero algunos congresistas quieren favorecer esa destrucción aprobando un dictamen nefasto para el futuro del país. Llamamos, nuevamente, a la sensatez y a evitar facilitarle las cosas a la economía ilegal», dijo Quijandría en un mensaje en sus redes sociales.

La ley que el Congreso pretende aprobar arrastra otros cuestionamientos, por ejemplo, el no haber sido debatida en la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología del Congreso, pese a que la actividad en debate tiene impactos directos en el medio ambiente y afectaría a pueblos y comunidades nativas, como se ha reportado en más de una oportunidad en Mongabay Latam.

La presentación de este proyecto de ley ocurre en medio de una nueva crisis política en Perú, que se mantiene en un vaivén permanente tras un proceso electoral que no termina de proclamar al futuro presidente del país.

¿Cuáles son los puntos más preocupantes que se incluyen en el dictamen que será debatido en el Pleno del Congreso?

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Los peligros de la ley de minería artesanal

«Este proyecto no es viable ni por la forma ni por el fondo del mismo», señala Mariano Castro, Viceministro de Gestión Ambiental del Ministerio del Ambiente a Mongabay Latam.

Castro considera preocupante que el proyecto haya sido exonerado del debate en la Comisión de Pueblos. «Es un asunto grave. Esta ley tiene que ver con temas ambientales, de pueblos indígenas y de Amazonía. Hay una omisión relevante porque que no se esta recibiendo opiniones de las instituciones especializadas».

La propuesta ha sido debatida solamente en la Comisión de Energía y Minas y fue aprobada por unanimidad en dicha comisión.

El Viceministro señala, además, que la norma es inconstitucional porque atenta contra un ambiente sano —que esta amparado por la Constitución— al querer eliminar un conjunto de requisitos básicos que debe cumplir la actividad minera.

«La norma no solo es inviable, sino que afecta derechos fundamentales y afecta la salud, el ambiente y ampara actividades ilegales», reafirma Castro sobre todas las condiciones incluidas en la nueva norma que se pretende aprobar. «Rompe todo el equilibrio y distorsiona la minería artesanal».

Pero lo «más grave», para el Viceministro de Gestión Ambiental, es la inclusión de la minería aluvial, «que no está permitida porque se ha demostrado los daños a la salud que ocasiona y los desastres que ocurren por esta razón».

El artículo 63 del Proyecto de Ley, que se refiere a la minería aluvial, indica que el Ministerio de Energía y Minas y las direcciones regionales serán las llamadas a identificar «las zonas fluviales o aluviales del territorio nacional donde puedan realizarse actividades mineras de aprovechamiento de sustancias metálicas».

La norma también precisa que para realizar esta actividad los mineros pueden utilizar «equipos de fabricación artesanal como balsa gringo, balsa traca, carrancheras y cascajeras, así como equipos similares», instrumentos completamente prohibidos por el Decreto Legislativo 1100 publicado en el año 2012, que regula la interdicción de la minería ilegal en el Perú.

Para el Procurador Público del Ministerio del Ambiente, Julio Guzmán, «lo que se estaría haciendo es una derogación tácita de la Ley de interdicción. Hacerlo de esta manera, tan apresurada sin contar con opiniones e información técnica es una barbaridad».

Guzmán explica que las prohibiciones del decreto 1100 tienen como objetivo proteger los cuerpos hídricos. «Una de las formas de alimentación de las comunidades en la selva es la pesca. Permitir que se realice esta minería es contribuir con altos niveles de contaminación, ocasionando la pérdida de recursos hidrobiológicos. De continuar así, en 10 años no tendremos recursos», agrega el Procurador.

Según la Autoridad Nacional del Agua, los ríos de Madre De Dios, la región amazónica más golpeada por la minería ilegal, presentan niveles de mercurio 300 % por encima de los límites permitidos para asegurar una calidad ambiental del agua.

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Propuesta sin opiniones favorables

Para Ashley Mamani, abogada especializada en temas mineros de la organización Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR), esta propuesta no ha sido analizada debidamente. Prueba de ello es que incluye normas que ya existen y, por otro lado, suma nuevos términos que no figuran en la legislación actual.

La especialista de DAR se refiere, por ejemplo, al cambio que se propone para la denominación de la minería informal, que de aprobarse esta norma pasaría a llamarse «de emprendimiento», así como el concepto de «minería ancestral» que se ha introducido en la presente propuesta.

Mamani también menciona que este proyecto de ley no cuenta con la opinión favorable de las instituciones que ven el tema. De las nueve normas que forman parte de este proyecto ley, «solo cuatro cuentan con opinión de las entidades correspondientes, pero todas dicen es inviable, redundante e inconstitucionales», señala la especialista de DAR. «Los congresistas no han tomado en cuenta ello y dicen que por el COVID-19 hay que reactivar la economía».

En el Proyecto de Ley se puede leer también que en tres de las iniciativas que forman parte de la propuesta figuran como pendiente de respuesta las consultas hechas a los ministerios del Ambiente, Cultura, Interior y Energía y Minas; así como de otras instituciones que deben pronunciarse sobre el tema.

Otros temas incluidos en el proyecto de ley van desde la creación de un Registro de Pequeña Minería y Minería Artesanal (REPMMA) hasta la posibilidad de que el propio minero artesanal se haga cargo de la reforestación del área afectada.

El abogado César Ipenza, experto en temas ambientales, señala que con esta norma también se busca evadir las fiscalizaciones ambientales del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (Oefa), pues propone cambiar el límite de capacidad de producción del pequeño minero. «Con esto, muchas empresas de mediana minería pasarían a ser de pequeña minería», explica, lo que terminaría beneficiándolas considerando que la Oefa no supervisa a la pequeña minería. Es decir, para Ipenza, «esta norma facilita el desarrollo de esta actividad a pequeña escala y de la minería ilegal».

Según un reporte del Proyecto de Monitoreo de la Amazonía Andina (MAAP) —que analiza el periodo entre enero de 2017 y noviembre de 2020— antes de la Operación Mercurio en La Pampa, en la zona de amortiguamiento de la Reserva Nacional Tambopata, se registraba la pérdida de 4450 hectáreas de bosque. “En La Pampa, la deforestación minera era de 165 hectáreas por mes antes de la Operación Mercurio”, señala el análisis comparativo realizado por MAAP.

Esta presión de la actividad minera en la Pampa y en Alto Malinowski se ha trasladado hoy hacia a otras zonas de Madre de Dios, principalmente a Pariamanu y Apaylon. Pariamanu es el sector donde ahora está creciendo la actividad ilegal. Las zonas aledañas al río del mismo nombre y al río Las Piedras se han convertido en el nuevo foco de minería ilegal en la región.

En el río Pariamanu es una constante la presencia de dragas para la extracción ilegal de oro. Este problema de ilegalidad que está afectando a las comunidades de la zona ha traído amenazas contra los líderes indígenas que se oponen a esta actividad ilícita.

Otra región afectada actualmente por la minería aluvial ilegal es Loreto. En esta región los ríos Napo y Nanay son las cuencas con mayor presencia de las denominadas ‘pequedragas’, embarcaciones artesanales adaptadas para la extracción de oro ilegal.

Los expertos consultados sobre los riesgos de este proyecto de ley esperan que la norma no sea aprobada por el Congreso. Asimismo, las 17 instituciones integrantes del Observatorio de Minería Ilegal y Actividades Vinculadas en Áreas Claves de Biodiversidad en Perú —entre ellas DAR, Proética, la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental y la Sociedad Zoológica de Frankfurt, entre otras— esperan que en el peor escenario, el ejecutivo observe la norma.

El artículo original fue publicado por Yvette Sierra Praeli en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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