“Un pueblo flotando”: la minería ilegal crece en el río Puré y afecta a los pueblos aislados

*Esta investigación es parte de una alianza periodística entre Rutas del Conflicto y Mongabay Latam.

En lo que va del 2022, en Colombia se han identificado 40 dragas del lado colombiano del río Puré y 200 del brasileño, que cambia su nombre a río Pururé. Este cuerpo de agua atraviesa la frontera y con él todo tipo de actividad ilegal. La primera vez que el país puso los ojos sobre este territorio en la selva amazónica fue para escuchar quiénes habitaban esas tierras a través de la historia ‘Perdidos en el Amazonas’ de Germán Castro Caycedo. Este libro narra la desaparición y los intentos de rescate de Julián Gil, un comerciante de pieles, que decidió adentrarse en la selva entre Caquetá y Putumayo.

Desde esa publicación no se tenían datos fidedignos sobre la existencia de estos pueblos indígenas hasta que Roberto Franco García, antropólogo y ambientalista, emprendió una investigación en el río Puré en 2010. Ahora se sabe que existen más de 200 personas de la etnia yuri y passé, que han caminado la selva amazónica entre los ríos Caquetá, Putumayo y Puré. No se tiene una cifra exacta de cuántos son porque no se ha realizado el Censo Nacional de Población respetando su derecho a permanecer en condición de aislamiento. Además que esa decisión nace para preservar su vida, sus costumbres y protegerse de la evangelización, la explotación y la presencia de grupos armados.

De los aislados se sabe lo que pudo investigar Franco García antes de su muerte en un accidente aéreo en 2014, sobrevolando el Amazonas. Su conocimiento sobre estas comunidades quedó plasmado en su gran obra ‘Cariba Malo’, que demostró que hacia finales del siglo XIX, los pobladores indígenas migraron a la selva huyendo de los caucheros para alejarse definitivamente del mundo occidental. Sin embargo, están en riesgo por el crecimiento, tras la pandemia, de las actividades de minería ilegal y los caminos que se están abriendo en el territorio para el narcotráfico, volviendo a quedar a merced de la violencia.

Como lo explicó Juan Felipe Guhl, coordinador del Programa de Investigación Dinámicas Sostenibles del Instituto Sinchi, “las comunidades no están en aislamiento voluntario por el hecho de estar aisladas, sino por las dinámicas de violencia contra estas comunidades”. Es decir, que se vieron obligados para poder preservar su vida y su cultura.

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La protección está en vilo

“Por instrucciones del Presidente Duque y después de un Consejo de Seguridad, se determinó que había amenaza contra el Parque Nacional Natural (PNN) Puré por la explotación de minería ilegal en Colombia con dragas que viene subiendo desde Brasil por el río y amenazando con la contaminación de este afluente”, afirmó el entonces ministro de defensa Diego Molano, en marzo del 2022. El operativo formaba parte de la estrategia militar conocida como ‘Operación Artemisa’ que buscaba frenar la deforestación y las actividades ilícitas en el Amazonas.

Una segunda operación en octubre de 2022 dio como resultado la quema de siete dragas sobre el río Puré y el río Cotuhé, además de la destrucción de tres motobombas y siete motores. Como lo explicó el coronel coronel William Castaño, director de carabineros y protección ambiental de la Policía Nacional, “[lo que] logramos recolectar en el marco de esta operación es que estarían vertiendo alrededor de entre cinco y siete gramos de mercurio por cada gramo de oro que estarían extrayendo de los afluentes”.

Como se conoció desde el inicio de la ‘Operación Artemisa’, organizaciones de la sociedad civil, investigadores y ambientalistas han criticado que los operativos militares no son la única y exclusiva forma de proteger la Amazonía de las economías ilegales. En palabras de un investigador, que trabaja en la  zona y que por razones de seguridad prefiere no decir su nombre, afirma que “la Operación Artemisa no soluciona nada. Hace unos meses que sobrevolamos la zona vimos una (draga) quemada y al lado de esa ya habían dos nuevas recuperando el esquema. Entonces los operativos no son efectivos”.

A ello se suma una de las advertencias propuesta por la Fundación Ideas para la Paz, en su informe Fuerzas Militares y la protección del ambiente, en la que se afirma  que  las operaciones desplegadas han generado críticas relacionadas con el uso desproporcionado de la fuerza contra los civiles. “Así como con su concentración en los eslabones más débiles de las cadenas criminales”, se lee en la publicación.

Para una fuente que prefiere mantenerse en reserva, los problemas en el río Puré son un tema transnacional que por los retos y obstáculos debe ser tratado de tal manera que exista una articulación entre los distintos gobiernos de la región amazónica como de las organizaciones que están en territorio. “Empezar con exigir que se persigan a los dueños de la minería porque siempre que hacen estos operativos cae la señora que hace la comida o los trabajadores que, en muchos casos, también son indígenas, pero nunca se capturan a los responsables”, dijo el experto.

Se destinaron 999 000 hectáreas, ubicadas en la zona interfluvial de los ríos Putumayo y Caquetá en la frontera con la República Federativa de Brasil, para la constitución del PNN Puré. Una de las principales razones de la creación del parque fue la protección de los Yuri-Passe, bajo la Resolución 0764 de 2002. La otra, era controlar la minería ilegal y contaminación de los cuerpos de agua.

El PNN Puré se divide en dos: 529 000 hectáreas que corresponde a las tierras para los pueblos indígenas en aislamiento y donde no se permite ninguna actividad, y que es denominada la zona intangible. La segunda con 470 000 hectáreas, es la zona primitiva en la cual se desarrollan actividades de investigación y monitoreo de biodiversidad. Por ejemplo, como se contó en una nota anterior de Mongabay, solo se conoce hasta el momento el 0,6 % de la fauna del Parque Nacional Río Puré. En 2019, unas 30 especies fueron captadas por cámaras trampa, en el sector de Puerto Franco, donde estaba la cabaña de guardaparques y que lleva el nombre del antropólogo Roberto Franco.

Parques Nacionales Naturales de Colombia construyó la cabaña en 2016 en un lugar estratégico para controlar el acceso a las cuencas del río Bernardo-Hilo y del río Puré y evitar el contacto con los pueblos en aislamiento. Gracias al trabajo de PNN se contuvieron los caminos del narcotráfico a la zona intangible y la presencia de grupos armados, especialmente del Frente Carolina Ramírez de las disidencias de las Farc. Sin embargo, en 2020 la maloca en la que vivía el guardaparques Luis Rivas, un sabedor tradicional del pueblo cubé, fue incinerada. Los actores armados amenazaron a los 15 guardaparques de la Amazonía y tuvieron que ser desplazados de los territorios. En marzo de 2022, tras el operativo en el río se judicializaron a dueños de varias balsas y quienes estarían invadiendo el área protegida, según información suministrada por la Fiscalía. Dos años y medio después de declarada la pandemia, ninguna autoridad de PNN ha podido regresar.

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“Parece un pueblo flotando en el río Puré”

La cuenca del río Puré ha sido históricamente usada para la extracción de minería, tanto del lado colombiano como el brasileño. Esta actividad ha causado grandes daños en los pueblos indígenas que  habitan estas tierras, no solo por los peligros a los que están expuestos por ser comunidades en aislamiento sino por la contaminación de mercurio, la degradación del medio ambiente y  la deforestación.

Para la Alianza Regional Amazónica para la Reducción de los Impactos de la Minería de Oro —conformada por varias organizaciones sociales tales como Amazon Conservation Team, Fundación de Conservación y Desarrollo Sostenible (FCDS), la Fundación Gaia, la WWF y Frankfurt Zoological Society—, que investiga los impactos y los efectos de la contaminación por mercurio en la zona, la minería que venía en aumento desde el 2019 se disparó tras la salida de los guardaparques en 2020 y la quema de la cabaña en 2021, eventos que coincidieron con el incremento de la presencia de dragas en el río. “Antes uno veía unas 10 y 15 balsas. En 2020 ya habían 40 dragas.  Ahora es como un pueblo flotando”, afirmó una de las fuentes que trabaja en el área.

Como lo mostró la Alianza entre enero de 2019 a septiembre de 2022 se han afectado 620 hectáreas de bosques de la ribera del río Pururé en Brasil, según imágenes satelitales. Uno de los mayores impactos que causa la minería es la alteración de cauces y la dinámica fluvial. Esto se produce por la extracción misma del oro en el río trayendo como efectos la pérdida del cauce, desbordes e inundaciones, pérdida de hábitats acuáticos e interrupciones de procesos ecológicos, dado que se manipula el cuerpo de agua con químicos y máquinas.

Una de las organizaciones pertenecientes a la Alianza ha monitoreado cómo han cambiado las riberas del río Puré. En las imágenes satelitales se ven grandes parches de tierra cerca del agua. Se podría pensar que son playones naturales pero nacieron cuando tumbaron los árboles y erosionaron la tierra. Las mangueras de las dragas absorben la tierra y la devuelven al río destruida en montículos.  Los mineros con guadañas van tumbando y tumbando los árboles al borde del río para prevenir accidentes de sus embarcaciones.

Algunos trabajadores pisan tierra para continuar deforestando y hacer pequeños asentamientos en los que funcionan también varios prostíbulos. En un sobrevuelo en septiembre de este año, el experto que trabaja en la zona desde hace varios años y que por seguridad no puede dar su nombre, pudo ver en una de las zonas del río Puré algo más de una hectárea y media deforestada, donde se presume que dentro de poco será un asentamiento donde lleguen las balsas a abastecerse.

Según esta misma fuente, en lo que va del 2022 se han deforestado 200 hectáreas de ribera del río Puré en el lado brasileño. “El río Puré del lado de Brasil tiene 370 kilómetros, tenemos imágenes de 137 kilómetros donde en este momento hay, por lo menos, unas 130 dragas. En los 200 kilómetros no tenemos imágenes recientes pero calculamos aproximadamente algo menos de 200 dragas. Eso nos da a casi mil personas sobre el río”, explicó el experto. Eso se traduce en un peligro para el ecosistema del lado de Colombia, considerando que la minería que se hace dentro del PNN Puré, lo que implica que se está cometiendo un delito ambiental. A ello se suma el riesgo para los pueblos en aislamiento, en la medida que los mineros ilegales pueden entrar en contacto con ellos, lo cual vulnera su derecho a permanecer en aislamiento.

Según la jurisprudencia colombiana se crea el Decreto 1232 de 2018 para la prevención y protección de los derechos de los pueblos indígenas en aislamiento. En este se establecen los cordones de protección sanitaria, con el fin de evitar y detener la propagación de enfermedades entre las comunidades  que viven cerca y los aislados. Como lo explicó el Instituto Sinchi, “los yuri-passé no tienen el mismo sistema inmunológico que nosotros. Quienes se encontrarán con los aislados no son precisamente personas que tengan un interés con ellos, hacia las comunidades en sí, ni al mantenimiento del medio ambiente. Un hombre de la sociedad mayoritaria podría llevarles un bulto de virus y poner en riesgo a toda la comunidad hasta la muerte”.

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“No va a poder crecer nada en el río”

Para el río Puré la presencia de minería se traduce en la generación de sedimentos, que ocurre en dos momentos: el primero cuando se remueve el material del suelo y es arrastrado por la corriente. El segundo, cuando el material extraído es lavado en tolvas, un contenedor parecido a un embudo, y el conjunto de partículas que quedaron en el fondo del recipiente se vierte sobre el agua. Como lo explicó la Alianza, esto trae consigo varias consecuencias como lo es el incremento de la turbidez, lo que impide el paso del sol a las algas, plantas y microorganismos. Vuelve al río estéril y en el que no es posible que puedan sustentar formas de vida.

Cada año, desde 2018, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC por sus siglas en inglés), con apoyo de la Embajada de Estados Unidos en Colombia y el Ministerio de Minas y Energía, publica el informe ‘Explotación de oro de aluvión. Evidencias a partir de la percepción remota’. Este año el informe arrojó que el río Caquetá y el río Puré presentan unas de las mayores explotaciones de oro en aluvión. (ver historia). Además, el Puré está en la lista de los ríos con mayor número de alertas de minería ilegal en la Amazonía colombiana.

Sumado a la carga de sedimentos está el mercurio, utilizado para separar el oro, contaminando el ambiente y la salud de las personas. Como lo explicó uno de los investigadores de la Alianza, que omite su nombre por razones de seguridad, “los impactos ambientales descritos afectan de manera directa al derecho a la vida y autodeterminación de los pueblos indígenas siendo especialmente lesivos para pueblos indígenas en situación de aislamiento, dada su absoluta dependencia de los recursos de la naturaleza para su supervivencia”.

Según un estudio realizado sobre los impactos generados por la minería, hecho por la Secretaría de Salud del departamento colombiano del Amazonas, Corpoamazonía, la autoridad ambiental encargada de esa zona del país, y PNN, encontraron que las comunidades indígenas del río Caquetá —el río Puré es uno de sus afluentes— tienen concentraciones mucho más altas que el promedio en mercurio. Según el Instituto Nacional de Salud (INS), una persona expuesta al mercurio no debería tener más de 15 microgramos por litro del metal en la sangre. El problema es que, por lo menos en la cuenca media del río Caquetá, ya se comprobó que se superan los límites.

La Organización Mundial de la Salud, OMS, ha determinado que el consumo de este metal puede ser tóxico y que provoca grandes trastornos neurológicos como también causa alteraciones en fetos y en los niños. Este panorama se complejiza por dos razones, como explica Sergio Vásquez, asesor de incidencia y comunicaciones estratégicas de Gaia. La primera, para las comunidades indígenas no existe ni siquiera una palabra en su lengua que traduzca lo que está pasando por el consumo de alimentos contaminados. Lo segundo, no se tienen cifras e impactos claros sobre la población que está en aislamiento. Como lo enunciaron las distintas organizaciones de la Alianza, la contaminación puede ser mucho mayor dado que el río Puré a diferencia del Caquetá es mucho más angosto y tiene más balsas ilegales, lo que se traduce en una mayor concentración de mercurio.

“Están en constante riesgo”

El mercurio está afectando la vida de las comunidades indígenas en el Amazonas. Gaia ha determinado impactos a las comunidades por las actividades de mercurio y unas consecuencias especiales a las mujeres, a los ancianos y a los niños indígenas. El investigador divide los impactos en varias categorías, empezando con las consecuencias de la minería en los derechos culturales y organizativos. Sin embargo, los impactos negativos en sujetos que cumplen una doble protección constitucional —como ser mujer e indígena, por ejemplo— se incrementan. En voz de Sergio Vásquez desde Gaia, la contaminación por mercurio y los cambios en el ecosistema tienen un impacto diferencial en la mujer.

Otros de los impactos que genera la minería, como lo explicó una de las organizaciones de la Alianza es que los actores ilegales y sus dinámicas están arrinconando a los aislados y haciendo cada vez más pequeño el área intangible. Un segundo factor que está afectando la vida de los indígenas en el río Puré y en la zona protegida es la presencia del narcotráfico. Como también lo narró una fuente que trabaja en terreno, los caminos que se están abriendo para pasar mercancía ilegal en el PNN río Puré al lado de Brasil, están atravesando el territorio de los indígenas. Estos grupos armados pasan por el el río Caquetá y según investigaciones de InSight Crime provienen de las bandas de Brasil (Familia del Norte UN, Comando Rojo o Comando Vermelho – CV, Primer Comando Capital o Primeiro Comando da Capital – PCC) quienes controlan el comercio en su país y las rutas de tráfico hacia Europa. Esto trae consigo la violación al derecho de los yurí-passé a no ser contactados.

Por otro lado, las miles de personas que trabajan en las balsas y las dragas compiten por alimentos con los indígenas en la selva amazónica. Los mineros también cazan y pescan, lo que se traduce en menor recursos para los yuri-passe, además como lo explica uno de los investigadores en terreno, “ni siquiera sabemos si los mineros están consumiendo también pescado y agua contaminada de mercurio. Seguramente sí”.

A la fecha no existe un ejercicio de prevención y control minero ambiental eficiente por parte del Estado colombiano. La entidad encargada del área, Parques Nacionales Naturales, no puede tener una presencia constante en el territorio por las amenazas y hostigamientos a sus guardaparques. De hecho, en respuesta a un derecho de petición, reconoció las constantes amenazas de grupos armados ilegales en el PNN. Dos de las organizaciones de la Alianza concuerdan que esta actividad aumentó drásticamente en 2019 y que tras la quema de la cabaña de Puerto Franco, todo empeoró.

Las actividades ilícitas transitan el río Puré sin ningún control pasando al lado de Brasil. No existe una frontera que cambié las dinámicas del río. Según un estudio de la Universidad Federal de Minas Gerais, las 112 toneladas de oro producidas en Brasil en 2021, al menos 7 % eran de origen ilegal y 25 % de origen potencialmente ilícito. Las comunidades continúan en riesgo de ser contactadas por los grupos armados o los mineros, además de las amenazas a la estabilidad de los ecosistemas amazónicos y su biodiversidad. No se sabe qué estarán pensando y analizando los pueblos Yuri-Passé sobre las consecuencias por la contaminación de mercurio cuando en su lengua no existen palabras para ese “veneno”.

*Imagen principal: En 2022 se llevan registradas, por lo menos, 40 dragas sobre el río puré en el área protegida. Crédito: Alianza Regional Amazónica para la Reducción de los Impactos de la Minería de Oro.

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*Nota del editor: Esta cobertura periodística forma parte del proyecto «Derechos de la Amazonía en la mira: protección de los pueblos y los bosques», una serie de artículos de investigación sobre la situación de la deforestación y de los delitos ambientales en Colombia financiada por la Iniciativa Internacional de Clima y Bosque de Noruega. Las decisiones editoriales se toman de manera independiente y no sobre la base del apoyo de los donantes.

El artículo original fue publicado por Pilar Puentes en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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